Con ese escenario terminó el sexto plenario de comisiones llevado a cabo este miércoles en el Anexo de la Cámara. El oficialismo y los distintos bloques se fueron sin una fecha para dictaminar, con lo cual el tratamiento de la ley "Bases", como la llamó el gobierno, parece estirarse más en el tiempo.

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"Nos volveremos a ver cuando las fuerzas del cielo lo dispongan, cuando la libertad avance", fue la frase que usó un diputado de Unión por la Patria que graficó el estado de situación en el periodo de extraordinarias, según Parlamentario.com. 

Como se mencionó, los que lograron frenar el impulso oficialista y exigir que haya un dictamen ordenado del megaproyecto fueron legisladores de Hacemos Coalición Federal. Ese grupo, formado por legisladores y legisladoras de diversa procedencia política, si algo tiene, es muñeca política y conocimiento de la técnica legislativa producto de la experiencia de algunos de sus popes. Uno de ellos sin duda que es el rionegrino que hasta el 10 de diciembre fue auditor general de la Nación.

Eso ocurrió en medio de una reunión que mantuvieron varios integrantes de "Hacemos..." con el presidente de la Cámara. 

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Según el mencionado sitio, estuvo Pichetto y también Emilio Monzó, ex presidente de la Cámara durante el gobierno de Mauricio Macri. El cordobés Carlos Gutiérrez, el integrante de la Coalición Cívica, Juan Manuel López y el rionegrino Agustín Domingo fueron parte de la comitiva que entró al despacho presidencial.

Y más allá del apuro por la fecha de tratamiento, las negociaciones están trabadas alrededor de dos ejes planteados por el proyecto oficialista que la oposición dialoguista intenta modificar. Por un lado, la suspensión de la fórmula jubilatoria y por otro la suba de retenciones. Serían dos temas esenciales planteados por el Ejecutivo que podrían no avanzar. Se suman otros factores álgidos como la materia y plazo de las emergencias y delegación de facultades, las privatizaciones y la deuda externa.

Si el oficialismo tomara una posición intransigente y sin aceptar cambios, en el bloque Hacemos tanto como en la Unión Cívica Radical, donde vienen de semanas de reproches al oficialismo en tanto a que "no se dejan ayudar", podría haber un dictamen propio para ser sometido a votación. 

Este jueves se espera, en tanto, que se sumen los gobernadores de Juntos por el Cambio, que se reunirán en el Congreso con varios legisladores. 

Mientras tanto, el DNU también preocupa

Quienes siguen de cerca la negociación legislativa, que por estos días incluye un capítulo de la ley ómnibus que busca validar el DNU de desregulación económica de Javier Milei, el propio gobierno confirmó que la herramienta está floja de papeles.

Las sospechas de que sus artículos fueron redactados, de mínima, con el asesoramiento de grandes estudios jurídicos privados, el gobierno ahora confirmó que la medida no tiene respaldo en ningún informe técnico ni en dictámenes jurídicos producidos antes de su firma, consignó Página 12.

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También se confirmó otro dato alarmante: que Federico Sturzenegger, asesor estrella del Gobierno de La Libertad Avanza y padre del DNU de 600 artículos, no tiene relación con el Gobierno. Es decir, no es funcionario ni integra el Gabinete, a pesar de que fue su promotor y hasta apareció al lado de Milei cuando anunció la medida en cadena nacional.

Así las cosas, Sturzenegger se salvó, por ejemplo, de ir al Congreso a dar explicaciones de la medida. 

"Si se comprueba que el DNU no lo trabajaron funcionarios, sino abogados de estudios privados, es una causal grave de nulidad", sostuvo este miércoles la ex secretaria de Legal y Técnica durante el gobierno de Alberto Fernández, Vilma Ibarra.

"En el DNU 70/23 no participaron los ministerios, no emitieron informes técnicos que expliquen el interés público comprometido ni hicieron dictámenes jurídicos. ¿Quiénes lo redactaron? La respuesta es central porque se pone en juego la validez del DNU como acto administrativo", sumó la ex funcionaria en X.

En ese marco, explicó que un DNU "debe ser confeccionado, dictaminado y firmado por funcionarios públicos. Estos están sometidos a los controles de la ley de Ética Pública. Deben presentar cada año una declaración jurada patrimonial pública y esto nos permite conocer su evolución patrimonial".