Rechazo del grueso de la oposición • “El 99,98% de los argentinos no tiene que hacer este aporte. No estamos persiguiendo a nadie”, afirmaron desde el ofcialismo.

Con mayoría asegurada en el Senado, el Frente de Todos logró en la sesión de este viernes la sanción del proyecto de aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas, que establece una “contribución por única vez” a los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, con el objetivo de “morigerar los efectos de la pandemia”.

Al oficialismo lo acompañó en la votación el rionegrino Alberto Weretilneck y la misionera Magdalena Solari Quintana. En tanto, con fuertes críticas, votaron en contra los senadores de Juntos por el Cambio y del interbloque Parlamentario Federal. La iniciativa obtuvo 42 votos positivos y 26 negativos.

Los senadores jujeños de Juntos por el Cambio Mario Fiad y Silvia Giacoppo estuvieron ausentes a la hora de votar.

El titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Carlos Caserio, fue el miembro informante del oficialismo y como tal afirmó que lo que estaba en discusión es un aporte “único, por única vez, en una situación trágica que tiene el mundo, y evidentemente en una situación excepcional comparada con los grandes momentos que tuvo el mundo. Estamos saliendo de esta pandemia como salimos de algunas de las guerras mundiales: con miles y miles de muertos en el mundo y también con las economías y las posibilidades de un mundo que estaba para crecer, suficientemente desgastadas”.

Antes de ponerse a detallar las características del proyecto, el diputado oficialista se preocupó por realzar el valor del Estado. Habló de la necesidad de tener “un Estado justo, solidario, que esté al servicio de la gente, porque los pensamientos neoliberales atacan siempre al Estado. El Estado tiene una obligación para el ciudadano, y para eso recauda recursos y tiene la responsabilidad de optimizar todo eso que recauda para el bien de la gente”.

Tras dejar claro cuál es a su juicio el rol del Estado se adentró en el proyecto en discusión, señalando que “esta ley es un aporte que solicitamos a los altos y grandes patrimonios del país”, y aclaró que el mismo está direccionado a las personas humanas, no a las empresas. “Esto es aplicable a las personas humanas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos”, agregó.

El aporte solicitado abarca el patrimonio de las personas, reconoció, “es lo que generalmente en el país tributariamente hacen los que pagan bienes personales”. Y a continuación precisó que “si tomáramos a las personas alcanzadas, tendríamos que el 0,02% son los que tienen que hacer este aporte. Para que sepa la gente que no se deje engañar, porque pareciera que estamos persiguiendo a los ricos, que no tiene nada de malo ser rico. El 99,98% de los argentinos no tiene que hacer este aporte. No estamos persiguiendo a nadie”.

El senador nacional Martín Lousteau afirmó que “este no es el mejor esfuerzo que podemos hacer”, afirmando que el proyecto “tiene un montón de falencias y no va a resolver nada de lo que decimos que queremos resolver”.

Criticó incluso la utilización que se le dará a lo recaudado a través de esta ley. “Por ejemplo, el 25% en proyectos gasíferos, y vamos a incentivar a YPF que creo que va a generar un problema de litigiosidad: estamos creando un impuesto para darle fondos a YPF que es mixta, privada y pública y va un 15% al fondo de integración socio urbana y otro porcentaje a las becas Progresar”, sostuvo, planteándose luego si este aporte será solo por un año.

“Y digámoslo de una vez: esto no es un aporte, es un impuesto extraordinario por única vez, y no entiendo cómo vamos a seguir financiado esas cosas si el aporte es solo por un año y ya sabemos qué pasa con los impuestos extraordinarios en Argentina”, alertó.

El economista de Juntos por el Cambio sostuvo que “tenemos que ver cómo hacemos un mejor Estado, que funcione bien, que le resuelva la vida a los argentinos y de manera sustentable para generar crecimiento real. Un Estado moderno y de iguales. Un Estado que de la certeza que la próxima generación va a estar mejor que la actual”.

Esteban Bullrich afirmó que este tipo de impuestos “no es el camino” y detalló la manera como puede impactar en los inversores. Si uno lee los fundamentos del proyecto, dijo, se afirma que el FMI y el Financial Times avalan este impuesto, pero aclaró al ir a esos artículos se advierte que indican lo contrario. “Además, otra ironía: uno de los autores es alguien que escondió el banco en una cooperativa para no tener que pagar impuestos, y crea este impuesto, y el otro es un evasor fiscal, que le debía 4 millones de pesos a la AFIP y se acaba de sumar a una moratoria”, disparó en referencia a los diputados Carlos Heller y Máximo Kirchner.

“Falta un acuerdo político, que no se hace creando más impuestos: lo que tenemos que hacer es dejar de lado las camisetas políticas y pensar en serio qué Estado queremos, qué Argentina queremos. Coincido con el presidente: no vamos a bajar este 44% de pobreza si no damos caminos claros a esos empresarios que inviertan y dén trabajo. Este impuesto hace exactamente lo contrario: hace que esos empresarios no inviertan y por ende no se genere trabajo. Así, la pobreza solo va a subir”, concluyó el senador de JxC.

El senador Jorge Taiana sostuvo por su parte que lo que está en discusión “se está discutiendo en todo el mundo: cómo se transita la pospandemia”. “Ese debate que está presente -dijo-, ya tiene algunas conclusiones. La primera es que se revaloriza el rol del Estado, que es el único capaz de enfrentar una situación como es la pandemia. Y para eso el Estado se muestra como una herramienta imprescindible”.

Tras aclarar que el Estado debe tener un buen nivel de eficiencia, remarcó que el sistema de salud ha sido revalorizado a partir de esta crisis. Y muchos de los problemas observados, dijo, fueron por la desatención que tuvo ese sector. “Estamos enfrentando un desafío grande, con un principio de solidaridad, de responsabilidad colectiva, de sentimiento de pertenencia a una comunidad, donde unos y otros tenemos responsabilidades por el desarrollo del conjunto. Y esa comunidad debe actuar a favor de un principio de equidad”, señaló.

Taiana recordó que “la Argentina estaba en emergencia antes de llegar la pandemia”, necesita recursos. Y la pandemia se ha llevado, dijo, “no menos del 5,5% del producto bruto; 3,5% en políticas sociales y 2% en facilidades financieras. Se ha llevado mucho de lo poco que tenemos. Y sin embargo sabemos que esa ayuda no ha alcanzado. Por eso esta propuesta del aporte solidario por única vez”.

El senador Claudio Poggi habló del “Estado vip”, y advirtió que “momentos extraordinarios requieren de medidas extraordinarias; y creo que el Estado vip tiene que hacer su aporte. Los salarios jerárquicos del sector público de la Argentina estuvieron al margen de la crisis. Los nuestros, los legisladores; los de los ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo nacional; de los jueces y funcionarios de la Justicia; de los directores de los entes autárquicos; fondos fiduciarios, sociedades del Estado, los gobiernos provinciales y sus empresas estatales; los municipios grandes y sus empresas municipales… En los tres poderes y en cada nivel de gobierno, estuvieron al margen de la solidaridad con origen salarial en relación a esta crisis. Ninguna de las instituciones o niveles de gobierno dejó de cobrar el sueldo por la pandemia”.

“Aunque se le ponga un nombre pomposo, este gravamen no va a ayudar a morigerar absolutamente nada: espantará inversiones, esas que tanto necesitamos los argentinos, y desalentará cualquier intento de inversión. Se está creando un impuesto de dudosa constitucionalidad que de solidario no tiene nada, y que le pega a las pymes agroindustriales, fabriles, industriales y de servicios. Justamente sectores fundamentales para el mantenimiento y la generación de empleo”, expresó a su turno el radical Juan Carlos Marino.

El senador de Juntos por el Cambio Roberto Basualdo es uno de los dos senadores que estarían alcanzados por este aporte -el otro es el salteño Juan Carlos Romero-, y recordó que en el inicio de la pandemia, junto a una decena de senadores de ese interbloque empezaron a trabajar en un proyecto que nunca se trató, y que avanzaba de una manera distinta en el sentido de que el que más tiene hiciera un esfuerzo en esta crisis. “Pedíamos que invirtieran el 2,5% del capital, sino el Estado les cobraba una multa. Tenían que hacer inversiones productivas; les dábamos la posibilidad de que  hiciera el esfuerzo, pero invirtiendo, que es lo que sabe hacer”, explicó, con lo cual “generábamos así un círculo virtuoso: si alguien no quería invertir, podía donárselo a la Cruz Roja, por ejemplo, y si no lo hacía pagaba una multa”.

En cambio, dijo, el proyecto puesto en consideración “espanta a las inversiones”. El senador sanjuanino explicó que es “lógico y natural” que así suceda, pues si una empresa está dispuesta a hacer una inversión, pero en estas circunstancias “va a frenarla, porque tiene que pagar este impuesto”.

“Los que presentamos este proyecto lo hacíamos para generar trabajo, para entrar en un círculo virtuoso, y que el año que viene paguemos más”, pero de otro modo, explicó. Pero aclaró que el proyecto fue presentado el 24 de abril y “ni lo trataron”.

El senador Basualdo recordó que él tiene que pagar ese aporte y dio gracias a Dios por tener que hacerlo. “Si no tuviera que pagar sería porque no tendría nada, gracias a Dios tenemos que pagar impuesto, pero quiero hacerlo generando trabajo. El problema es ver cómo hacer para generar trabajo”.

Estos gastos extraordinarios que le han significado al Estado afrontar la pandemia ameritan cuestiones que debemos resolver con herramientas excepcionales como este aporte solidario”.

A su turno, la senadora María de los Angeles Sacnun consideró que este proyecto cumple con los requisitos constitucionales, y consideró que lo que estuvo en discusión para muchos es la propiedad privada. “No es un derecho absoluto en la Constitución”, aclaró al respecto, aclarando que “claramente hay que respetarla”, pero en momentos de crisis como este, planteó “el principio de la solidaridad y la justicia social”, que hacen que se deba avanzar en este aporte.

Invocó en ese sentido al papa Francisco y a la doctrina justicialista, y planteó que la emergencia era previa a la pandemia, pero esos efectos se han profundizado. “Estos gastos extraordinarios que le han significado al Estado afrontar la pandemia ameritan cuestiones que debemos resolver con herramientas excepcionales como este aporte solidario”, puntualizó, aclarando que se tenía en cuenta la capacidad contributiva de los aportantes.

“Si queremos hacer efectivos los derechos económicos, sociales, medioambientales y culturales necesitamos un Estado que sea capaz de recaudar, pedimos un aporte excepcional que creemos cumple con los requisitos de solidaridad y de justicia tributaria”, expresó la legisladora santafesina.

Rechazó que el aporte sea confiscatorio. La misma, en todo caso, “tendrá que ser probada”, aclaró. “La verdad que durante el gobierno de Mauricio Macri le sacaron a los pobres para darle a los ricos y no llegó nunca la lluvia de inversiones”, criticó sobre el final.

La senadora Silvia Elías de Pérez enumeró los catorce impuestos creados o aumentados por el actual Gobierno. Entre ellos, el impuesto PAIS, el que gravó los servicios digitales, la suba de alícuotas de Bienes Personales o la vuelta del IVA a trece alimentos de la canasta básica. También mencionó las subas a los impuestos a los autos de alta gama, que luego se extendió a los autos de gama media, el congelamiento de las reducciones de las cargas previsionales y la suspensión del Pacto Fiscal que le permitió a las provincias frenar las bajas acordadas en los impuestos a los Sellos e Ingresos Brutos. La senadora también se refirió al aumento de las retenciones y, más recientemente, el alza a los impuestos internos a los bienes electrónicos.

Sobre el final del debate por el aporte solidario, el senador kirchnerista Oscar Parrilli fue muy duro con los que consideró “privilegiados” que a su juicio se enriquecieron con el Estado y ahora deberán hacer su aporte.

“A mí me parece que no tenemos que tener ninguna duda en que si hay una situación de  pandemia, aquellos privilegiados, que se beneficiaron del Estado, pongan algo”, remarcó Parrilli.

El senador nacional terminó diciendo que se sentía “muy satisfecho y con mucho orgullo de que estemos votando una ley de estas características, porque no estamos castigando a nadie: estamos poniéndole un tributo a los privilegiados. Por eso además de justo, necesario, me parece muy ético”.

Otro de los senadores que estarán alcanzados por la ley aprobada, el salteño Juan Carlos Romero, habló en los cierres del debate, calificándolo como un “paquete de revancha, de venganza”. Sumaba en ese sentido el proyecto de reforma de la ley del manejo del fuego. Aludió al senador Parrilli, que acababa de hablar criticando a los que se hicieron ricos a costa del Estado, señalándole que “se olvidó de Cristóbal López, de los Kirchner”.

“Este tipo de medidas, acá y en el mundo, no conducen a los objetivos”, afirmó, pronunciándose en cambio a favor del proyecto de Roberto Basualdo para que los empresarios hicieran inversiones productivas. “En este proyecto se repite el concepto de la leyenda de Robin Hood, donde un grupo de muchachos del bosque le quitaba a los ricos para repartir a los pobres. ¿Y cuál es el trasfondo psicológico de este concepto? Lo está practicando el Gobierno quitándole dinero a la Capital Federal para darle a la provincia de Buenos Aires. Lo está practicando ahora con los ricos”, ejemplificó, afirmando que “la justificación es la saco a uno para darle a otro; eso no es justicia, es revancha”.

El presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, sostuvo que “el Gobierno tiene un problema y no es menor, porque en este debate hay una enorme carga ideológica. Para un Gobierno que dice representar sectores que se identifican con lo nacional y lo  popular, ¿cómo se le explica a esa masa crítica que la única respuesta que tienen para la sociedad es un ajuste? ¿Cómo se les explica a los jubilados que la receta es ajuste? Cómo se le explica a los movimientos sociales que 9 millones de personas no van a tener más IFE? ¿Cómo se les explica a los empresarios que están ‘hasta acá’, a los que el Estado les tendió una mano, que hoy es mayor la presión tributaria y el ajuste?”, se preguntó Naidenoff.

Tras mencionar los tarifazos que vienen, el presidente del interbloque JxC agregó que este tema no se discutió en el Presupuesto, “y ahí uno de los autores (del proyecto de aporte solidario) no lo defendió, porque hay que defender un ajuste cuando se creen otras cosas… Entonces hay que compensar a los propios con un relato. ¿Y cómo se compensa? La herramienta de la compensación es ‘vamos por los sectores privilegiados de la sociedad’, que son 12 mil. Pero es tan grotesco el proyecto que no compensan a nadie”.

Naidenoff alertó que “esto termina muy mal, este proyecto termina en la nada. Yo entiendo la historia de los relatos, que puede servir para la tribuna, para cierta mística, pero no alcanza con la mística, es un engaño que termina complicando al colectivo”.

La vicepresidenta del bloque, Anabel Fernández Sagasti, fue esta vez la encargada de cerrar el debate, en lugar de José Mayans, y antes de referirse al proyecto habló de la situación que debió sobrellevar su Gobierno, con una pandemia inédita, pero además “tuvo que afrontar esta crisis con una economía devastada, hiperendeudada, con un 55% de inflación, pérdida de empleo, cierre de PyMEs… Estas son las cosas que tenemos que poner sobre la mesa en el contexto que tratamos este aporte solidario y de emergencia”.

Respecto del aporte solidario, dijo que “es extraordinario, porque claramente estamos viviendo circunstancias extraordinarias”. Y advirtió que ese aporte alcanza “a 9.300 personas con grandes fortunas, no a las empresas grandes y pequeñas”. De esos 9.300, 2.300  van a pagar 6 millones de pesos cada uno, afirmó.

Al concluir, la senadora de La Cámpora señaló que “claramente este aporte tiende a que este atesoramiento que tienen 9.300 personas que atesoran afuera, puedan trasladarlo, producir, generar trabajo y ayudar a todos los argentinos. Debemos contribuir a encontrar puntos de conexión entre el aparato productivo y los que más tienen para aportar, y los argentinos que necesitan que les den oportunidades”.

• Puntos centrales de la flamante ley

El aporte será “con carácter de emergencia” y por única vez, y recaerá sobre personas humanas residentes en el país con un patrimonio superior a los 200 millones de pesos, incluyendo bienes en el país y en el exterior. También quedarán alcanzados los residentes en el exterior por sus bienes en el país.

Del mismo modo, deberán pagar el aporte las personas de nacionalidad argentina que tengan domicilio en paraísos fiscales -definidos como “jurisdicciones no cooperantes” o “jurisdicciones de baja o nula tributación”-.

La ley establece sumas fijas en base al valor total de los bienes, más un porcentaje sobre excedentes que va con alícuotas desde el 2% hasta el 3,5%.

Respecto a los bienes en el exterior, si dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigencia de la ley la persona acepta repatriar, como mínimo, el 30% de esos bienes, quedará exenta de pagar el diferencial.

La recaudación estará destinada en un 20% para la compra o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas e insumos de asistencia sanitaria; en un 20% para subsidios a micro, pequeñas y medianas empresas, “con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores”; y un 20% para el programa de becas educativas Progresar, destinadas a estudiantes de todos los niveles.

También, se utilizará un 15% para el Fondo de Integración Sociourbana, destinado a mejorar la calidad de vida en barrios populares; y un 25% a “programas y proyectos que apruebe la Secretaría de Energía de la Nación de exploración, desarrollo y producción de gas natural” a través de Integración Energética Argentina S.A., “la cual viabilizará dichos proyectos proponiendo y acordando con YPF S.A., en forma exclusiva, las distintas modalidades de ejecución de los proyectos (…)”.

La AFIP será el organismo encargado de aplicar la ley y de dictar las normas complementarias determinando plazos, formas de ingreso, presentación de declaraciones juradas y demás aspectos vinculados a la recaudación de este aporte.

Si en los 180 días inmediatos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la ley, la AFIP detecta variaciones en los bienes sujetos al aporte “que hicieran presumir, salvo prueba en contrario, una operación que configure un ardid evasivo o esté destinada a eludir su pago”, podrá disponer que esos bienes queden gravados.

Según informó la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, el aporte alcanzaría a 11.855 personas humanas. En tanto, se calcula que el Estado recaudaría unos 307 millones de pesos. (APFDigital)