Tras conseguir el respaldo de varios senadores peronistas para votar el Presupuesto 2019 la semana pasada, Cambiemos se chocó esta tarde contra la "doctrina Pichetto" en el intento de generar un hecho político en la última sesión del año. El jefe del bloque del peronismo señaló en repetidas oportunidades que no avalará el desafuero de un senado sin sentencia firme, lo que hace imposible para el bloque de 25 senadores del oficialismo alcanzar el quórum de 37 miembros para abrir una sesión especial en la Cámara alta. 

"Queremos decirle a la población que no hay silencio parlamentario, que no nos cubrimos entre nosotros", señaló el senador PRO Federico Pinedo al sincerar la intención de convocar una sesión para la que no tenían acuerdo. Pinedo sostuvo que hoy se cumplían los 180 días hábiles dentro de los que el Congreso debe responder a un pedido de desafuero del Poder Judicial y que el desafuero de la ex presidenta había sido confirmado en segunda instancia. 

Sin embargo, Pichetto y otros senadores sostienen que el desafuero solo puede ser tratado ante una condena firme, o sea, cuando sean agotadas las instancias de apelación  y confirmada por los tribunales de alzada. Ese criterio se impuso el año pasado en el caso del ex presidente Carlos Menem, quien pese a estar condenado por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador, fue habilitado por la justicia electoral para competir en elecciones en 2017 y ser reelegido como senador. 

Además, en el bloque de Pichetto consideran que el pedido de desafuero de la ex presidenta en la causa sobre supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA “quedó abstracto”, porque otros imputados, como el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, apelaron el fallo y salieron en libertad.

pese a ser la única fuerza que impulsa el desafuero, Pinedo relató que su bloque fue “especialmente cuidadoso” y que, a pedido del senador oficialista Ernesto Martínez, se solicitó al TOF 8 un informe de la causa judicial y de la situación procesal de los imputados. Martínez la elevó al titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Dalmacio Mera, y luego éste la remitió a la presidencia de la Cámara. 

Finalmente la respuesta les jugó en contra. La jueza María Gabriela López Iñiguez remitió al Senado al mediodía de ayer cuatro cosas: el requerimiento fiscal de elevación a juicio; el decreto de citación a juicio; los ofrecimientos de prueba de las partes y por último las cuatro resoluciones adoptadas por el Tribunal sobre los pedidos de excarcelación de Carlos Zannini, Luis D’Elía, Jorge Khalil y Fernando Esteche. “Cumplo en poner en vuestro conocimiento que todas las personas imputadas en la presente causa que se encuentran en libertad están a derecho, y dando cumplimiento en tiempo y forma a sus obligaciones procesales”, sostiene la nota de López Iñiguez. En el caso particular de Esteche, aclara que “se encuentra privado de la liberta en virtud de una medida cautelar de carácter personal” y que el Tribunal lo mantuvo detenido porque había riesgo de fuga o peligro de entorpecer la investigación, tal como establece la ley.

“Ésto determina que tenían que haber levantado la sesión. No fue una reunión de desafuero”, sentenció Pichetto con su vehemencia característica. La interpretación es clara: El TOF no ratificó el pedido de desafuero sino que remarcó que “todas las personas que se encuentran en libertad” –es decir, aquellos que estuvieron detenidos y luego fueron liberados así como CFK, que nunca estuvo presa– “se encuentran a derecho”. La intervención del TOF se debe a que Bonadio elevó la causa en marzo de este año, por lo que dejó de intervenir en el expediente. El magistrado había dictado la prisión preventiva y remitido el pedido de desafuero el 7 de diciembre del año pasado. Como se encontraba ya fuera del período de sesiones ordinarias del Congreso y, además, a tres días del recambio parlamentario producto de las elecciones, el Senado recién comenzó a computar los plazos legales a partir del 1 de marzo. 

Tras el fracaso de la sesión, Pinedo evaluó como un argumento a favor de la postura oficial que, además de haber sido confirmado el pedido de desafuero en segunda instancia, la ex mandataria decidió no apelar la medida. Sin embargo, desde la bancada peronista analizan que eso ocurre porque Cristina tiene la intención de que la causa –que considera sin fundamentos– vaya a juicio rápidamente.