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  PROVINCIALES  20 de febrero de 2018
Arralde ahora va por los defensores - Otra cautelar

La designación de cinco defensores oficiales en el Poder Judicial, trámite que está en tratamiento en el Senado -está incluido en el orden del día de la sesión de este miércoles 21- podría trabarse si prospera una acción de inconstitucionalidad que entabló en la Justicia el exconvencional constituyente Juan Carlos Arralde.










Arralde ya interpuso un planteo judicial y logró frenar la designación de 15 fiscales auxiliares cuando consiguió, en diciembre último, que un tribunal ad hoc fallara a su favor en una medida cautelar, aunque sin ir al fondo de la cuestión, que está por resolverse. Aunque con esa cautelar el Senado debió aplazar los acuerdos para esos fiscales, en la órbita del Ministerio Público Fiscal, que depende del Procurador General Jorge Amílcar García.

Ahora, Arralde complica al Ministerio Público Pupilar, a cargo del Defensor General Maximiliano Benítez.

A mediados de diciembre último, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos de la Cámara de Senadores decidió acatar la resolución del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que ante un recurso de inconstitucionalidad que presentó Arralde,  ordenó suspender el trámite de acuerdo para 15 fiscales auxiliares de distintos puntos de la provincia.

Aunque fue un poco más allá y amplió el número de 15 a 18 fiscales auxiliares.

Sin embargo, la Comisión de Acuerdos, que preside Lucas Larrarte, decidió avanzar con el trámite de acuerdo para los defensores, postura que no fue compartida por los dos representantes de Cambiemos, Roque Ferrari y Raymundo Kisser, que ahora emitieron un dictamen en minoría y no prestaron acuerdo para la designación de cinco defensores del Poder Judicial a quienes se reprocha no haber pasado por el sistema de concursos y oposición en el Consejo de la Magistratura.

Se trata de los pliegos de los defensores Eduardo Javier Garay, propuesto como defensor multifuero auxiliar N°1 de Chajarí; Juan Pablo Jorge Garrera Allende, para defensor auxiliar penal de Niños, Niñas y Adolescentes N° 2 de Concordia;  Juan José María Giorgio, para defensor auxiliar penal de Niños, Niñas y Adolescentes Nº 1 de Concordia; Alejandro María Giorgio, para defensor auxiliar Nº 3 de Concordia; y María del Carmen Molares, propuesta como defensora multifuero auxiliar Nº 1 de Federal.

El antecedente


El aplazamiento en el trámite de acuerdo constitucional para los fiscales auxiliares fue consecuencia de la medida que adoptó la Justicia el miércoles 6 de diciembre de 2017, cuando hizo lugar a un recurso de inconstitucionalidad.

La resolución fue adoptada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) en la causa “Geist Delfina Valeria c/Estado Provincial s/Medica cautelar. Prohibición de innovar”,. De ese modo, ordenó “la suspensión en el ámbito del Honorable Senado de la Provincia y del Poder Ejecutivo Provincial, hasta la existencia de sentencia definitiva firme en los autos principales, del procedimiento tendiente a la eventual designación de los fiscales auxilares tramitado bajo expediente Nº 12.206”.

La resolución la adoptó un tribunal especialmente conformado por cuanto ocho de los nueve vocales del STJ se excusaron. Sólo firmó el fallo el vocal Miguel Ángel Giorgio. Junto a Giorgio, el tribunal estuvo integrado por los camaristas Andrés Marfil, Alejandro Galanti, Valentina Ramírez Amable, Santiago Morande, Emilio Matorras, Fernando Bonabotta, Hugo Perotti y Guillermo Leopoldo Federik.

La suspensión incluyó los pliegos de los siguientes fiscales: María Josefina Penón Busaniche para el cargo de fiscal auxiliar de Federación; Fernando René Martínez, fiscal auxiliar de Gualeguay; Eduardo Horacio Guaita, de Victoria; Boris Nicolás Telenta, de Gualeguay; José Emiliano Arias, de Concordia; Juan Pablo Mariano Gile, de Concepción del Uruguay; Agustín Andrés Gianini, de Gualeguay; Nadia Paola Benedetti, de Villaguay; Fabio Javier Zabaleta, de Concordia; Juan Francisco Malvasio, de Colón; María José Fonseca, de Concordia; Eugenia Ester Molina, de Federal; Priscila Ramos Muzio, de Paraná-; Juan Sebastián Blanc, de Colón; y María Gabriela Seró, para fiscal auxiliar de Concepción del Uruguay.

La abogada que representa Arralde, dice el escrito judicial, “con 35 años de edad y con más de 3 años de ejercicio  activo de la profesión” aspira a cubrir el cargo de fiscal pero mediante “el método del concurso público”. El artículo 50° de la orgánica del Ministerio Público Fiscal establece que los cargos de fiscales y defensores auxiliares no se cubren mediante el sistema de concursos a través del Consejo de la Magistratura.

Y Arralde pretende que ese apartado de la ley sea declarado inconstitucional.

En su dictamen contrario a la pretensión de Arralde, el Procurador General, Jorge Amílcar García  consideró que Geist tuvo garantizada la posibilidad de presentarse para cubrir un cargo de fiscal. “Un relato no malintencionado de los sucesos, demostrará con toda evidencia que la actora tuvo desde antaño todas las oportunidades para presentarse a los concursos de fiscal auxiliar o de defensor auxiliar que con toda publicidad, amplitud y transparencia se llevaron a cabo en las distintas jurisdicciones, pero que además pudo también presentarse y no lo hizo en los concursos de fiscales y defensores que se han llevado a cabo ante el Consejo de la Magistratura en estos años”.

Reprocha el Procurador que “la accionante nada dice del concurso para defensores auxiliares que se convocó por parte del Ministerio Público de la Defensa, con igual transparencia, publicidad, contralor” del Colegio de Abogados y  de la Asociación Judicial de Entre Ríos, en 2015.

“Sin duda –sostiene García con una afilada ironía- que al parecer la doctora Geist posee una fuerte vocación hacia la Fiscalía, pues no ha mencionado siquiera al Ministerio de la Defensa, pero ello no obsta a que pudo sin obstáculo alguno intervenir en este concurso, al igual que pudo participar en los numerosos concursos para defensores y fiscales que se han llevado a cabo desde la puesta en marcha del código acusatorio, y no lo ha hecho, -ni siquiera en los que están en curso de aprobación en la costa del Uruguay”.

En ese orden, sostiene que “la alegada afectación es falsa. La accionante pudo, puede y podrá intervenir en todos los concursos sin otro límite que su sapiencia. No hay quebranto a derecho fundamental alguno  y menos aún inminencia de algún riesgo que amerite cautelar alguna. Solo una mentirosa ´mise en escene´ que se desbarata al menor análisis en profundidad”.

“Para decirlo con palabras simples y contundentes, la ley que rigió desde el inicio de la puesta en marcha del nuevo sistema adversarial, (decreto 4.384, ratificado por Ley 10.049), consideró que las tareas investigativas que realizaba por delegación el fiscal auxiliar, -igual que en su ámbito el defensor auxiliar-, eran las correspondientes a la jerarquía de secretario del antiguo sistema, y que el sistema de designación de los mismos no era igual que el de los restantes

No lo entienden así los senadores de Cambiemos, que en su dictamen en minoría contrario a la aprobación de los pliegos de los cinco defensores sostienen que “aparece como un escollo insalvable” el hecho de que los propuestos para cubrir cargos de defensores auxiliares no pasaron por el sistema de concurso y oposición en el Consejo de la Magistratura. “Es cierto que su propuesta viene de la mano de una excepción que prevé el art. 50 de la ley mencionada, pero esta norma, es de dudosa constitucionalidad. Incluso más, para quienes suscriben este dictamen, esta norma es inconstitucional”.

Claro que a diferencia de aquel recurso contra la designación de los fiscales, este planteo de inconstitucionalidad que alcanza a la designación de los defensores todavía no cuenta con resolución judicial; ni siquiera se ha dado cabida a la medida cautelar. Hay una cuestión formal: el tribunal ad hoc que ya se pronunció, ahora no se ha podido reunir por distintos imponderables -vacaciones de algunos, viajes, asistencia a congresos-, por lo que Arralde estima que se deberá hacer una nueva conformación.

La presentación de Arralde, esta vez, es en nombre de los abogados María del Pilar Soldini (Diamante); Ramiro Pereira (Paraná); y Horacio García Grau (Paraná).  De la Redacción de Entre Ríos Ahora.



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