El Grupo Macri volvió a la carga para intentar desplazar a la fiscal Gabriela Boquín del expediente del concurso acreedores del Correo Argentino y en particular impedir una investigación impulsada por ella para constatar (a través de una pericia de los libros contables) maniobras de vaciamiento de la empresa postal en favor de Sideco y Socma, sus controlantes, también propiedad de la familia presidencial. Esta vez el planteo contra Boquín fue presentado ante la Corte Suprema, cuando se cumple ya un año desde que salió a la luz el plan fallido, que ella denunció y logró frenar, que estaba destinado a lograr que el Estado le condonara al Correo casi la totalidad de una deuda cercana a los 4000 millones de pesos. La realidad es que al día de hoy, entre recursos judiciales y prórrogas, no se avanzó nada en un nuevo acuerdo para el pago de la deuda.

La presentación contra la intervención de Boquín ante la Corte fue hecha por el abogado del Correo, Jaime Kleidermacher, y en esencia cuestiona el respaldo que le había dado a la fiscal la Cámara Comercial en una resolución de diciembre, en la que también hacía lugar al planteo para peritar los libros contables de la empresa. Sin embargo, la jueza de primera instancia en el concurso, Marta Cirulli, no ordenó un peritaje sino un simple informe contable y no hizo lugar a la intervención de un profesional independiente, pedido por Boquín, quien advirtió que dos de las tres sindicaturas que intervienen en el concurso están cuestionadas por su falta de independencia en el proceso e investigadas en una causa penal que tramita en el fuero federal. La paradoja es que en ese expediente a cargo del juez Ariel Lijo, donde está imputado hasta el presidente Mauricio Macri por los manejos para salvar a su familia de la deuda millonaria, también es investigada la propia jueza Cirulli, publicó Irina Hauser, en Página 12.

Así, mientras la Corte Suprema debe resolver sobre la legitimidad de Boquín para impulsar la investigación sobre maniobras de vaciamiento en medio del proceso concursal, la propia fiscal se presentó ante la Cámara para reclamar que se haga una pericia propiamente dicha con un experto independiente. El papel de las sindicaturas en un concurso de acreedores es fundamental porque son las que deben controlarlo. Sin embargo, Boquín ya señaló en varias presentaciones que la llamada “sindicatura controlante” tuvo posturas contradictorias sobre, por ejemplo, gastos y retiros de dinero del Correo: por un lado los justificó, y por otro afirmaba que tenía nula o escasa actividad; en cierto momento pareció objetar la falta de autorización para la compra, con dinero del Correo, de acciones de Neficor –empresa con asiento en Uruguay– para un negocio automotor, pero no accionó para poner freno concreto. La fiscal advierte que desde el año 2016, cuando se concretó el acuerdo para condonar la deuda del correo que ella calificó de “ruinoso” y “abusivo” para los intereses del Estado, esta sindicatura comenzó a acompañar todos los pedidos de la empresa de los Macri. Lo mismo respecto de la sindicatura “general”, que está integrada por abogados (Julio César Rivera y Beltrán F. Louge) que han sido abogados de Socma y de otras empresas del Grupo Macri como Transmetro SA y Saframa. La sindicatura “verificante” es la que mantiene un criterio más autónomo y, por ejemplo, pidió un perito externo.

La primera denuncia de Boquín que se hizo pública en febrero del año pasado, fue la que señaló que llamativamente el Estado Argentino, a través del funcionario Juan Moccoroa, había aceptado un acuerdo sumamente perjudicial respecto de la deuda del Correo, que lleva 17 años. En ese momento aceptó un plan de pagos que implicaba la condonación de casi el 99 por ciento de la deuda. Según planteó Boquín, a lo largo de los años hubo múltiples variables, y algunas tuvieron que ver con el comportamiento de los propios tribunales, que hicieron que la deuda quedara impaga. Desde 2003, nunca se superó el llamado “período de exclusividad”, que debe durar a los sumo 90 días, en el que el deudor hace una oferta a los acreedores. Luego hubo propuestas que el Estado desconoció, pero no objetaba el paso del tiempo. En el plano judicial no se inició el “cramdawn” (salvataje), que abre la posibilidad de que un tercero compre las acciones y les pague a los acreedores. La Cámara lo indicó pero la jueza no lo concretó. La Cámara debería tomar una decisión. Por ejemplo, no se pronunció sobre la posible quiebra, que en rigor arrastraría a las controlantes Socma y Sideco.

La denuncia de Boquín sobre un presunto vaciamiento vino después de que se opuso al acuerdo Correo-Estado de 2016. Fue tal el escándalo, que la jueza Cirulli dejó en ese momento de permitir retiros de dinero que le venía autorizando al Correo, y la empresa lo cuestionó. La fiscal advirtió entonces que se habían hecho cinco retiros de cuentas del concurso por al menos 10 millones de pesos en “beneficio de otras empresas del grupo”. Hubo dinero, dijo, que se usó para pagos de sueldos, oficinas, cargas sociales, honorarios y gastos contables de Sideco. La compra de acciones de Neficor, en medio del proceso concursal, fue por 2 millones de dólares. Si el estudio sobre este aparente vaciamiento la hacen los mismos síndicos que intervienen hasta ahora, quienes según Boquín carecen de “objetividad” y exhiben “interés personal”, será “una aparente investigación que generaría serias dudas respecto de las conclusiones a las que pudiera o pudiese arribar”.

El año pasado, cuando se conoció el tema el Gobierno hizo una puesta en escena con supuestas nuevas reglas para evitar incompatibilidades, retiró su propuesta en el acuerdo y dijo que admitía una nueva discusión, pero el día de la nueva audiencia faltaron sus representantes, pidieron prórroga, y todo sigue en el limbo.