La Justicia jujeña dispuso esta mañana el traslado de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, a la vivienda de la localidad de El Carmen adonde había cumplido prisión domiciliaria durante un mes. La defensa de la dirigente denunció que medida, que incluye el monitoreo electrónico y las restricciones de visitas, “desobedece” las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Corte Suprema argentina, que ordenaron que sea trasladada a su vivienda habitual ubicada en la localidad de Cuyaya.

La decisión fue tomada esta mañana por el juez Pablo Pullen Llermanos, 23 días después de que la CIDH le ordenara a la Justicia provincial sacar a la dirigente del penal de Alto Comedero porque allí corría “riesgo de vida”.

Esta resolución, que fue respaldada el 6 de diciembre pasado por el máximo tribunal argentino, indicaba que "el Estado debe sustituir la prisión preventiva” por “la medida alternativa de arresto domiciliario, que deberá llevarse a cabo en su residencia o lugar donde habitualmente vive".

Sin embargo, la medida dictada esta mañana por Pullén Llermanos dispuso que Sala fuera llevada a la vivienda de El Carmen, cerca del dique La Ciénaga, en una casa que no es su domicilio particular y que debió ser acondicionada en pocos días debido a las malas condiciones en que se encontraba. Este es el motivo por el cual la defensa sostiene que “el Estado nacional continúa incumpliendo la medida provisional de la CIDH y la Corte Suprema”.

Sala estuvo en La Ciénaga desde el 31 de agosto hasta el 26 de septiembre, cuando la Cámara de Apelaciones jujeña le revocó el beneficio. Durante su estadía allí, los estados nacional y provincial habían dispuesto un desmedido operativo de seguridad en las afueras de la casa, integrado por agentes de Gendarmería nacional y de la policía local en sendos puestos de vigilancia que sobrepasaban la altura de los muros que resguardan la privacidad de la vivienda.

“En pocas horas Milagro será trasladada a El Carmen. Se mantienen las mismas restricciones y obligaciones dispuestas por el juzgado residual”, confirmó Paz. En declaraciones a La García, el abogado remarcó que no solamente el Estado argentino está yendo a contramano de lo dispuesto por los organismos internacionales, sino que también “la Justicia de Jujuy está muy cuestionada”. Por esta razón, no descartó que se le pueda iniciar un juicio político a Pullen Llermando por el “incumplimento” a las disposiciones internacionales y locales.

En el mismo sentido agregó: “La ampliación del Superior Tribunal de Justicia con diputados radicales produce un disciplinamiento de ese poder del Estado, lo cual hace que cualquiera de los jueces pueda ser sujeto a juicio político como lo prevé la Constitución”. No obstante, reconoció que ello “seguramente no” sería posible en esa provincia.

Imponen restricciones a la domiciliaria de Milagro Sala

En contra de lo que exige la resolución de la Corte Interamericana, el juzgado jujeño dispuso otra vez que la prisión domiciliaria de la líder Tupac Amaru no se cumpla donde la ley establece -el domicilio real de Milagro- sino que se efectivice en la residencia del barrio El Carmen, bajo una fuerte custodia de gendarmería.

• No hay justicia para Milagro Sala

Luego de la insistencia del organismo internacional y la respuesta de la Corte Suprema ante el riesgo grave e irreparable para la vida de la activista jujeña Milagro Sala, si continuara en el penal de Alto Comedero, la justicia jujeña ordenó el cumplimiento de la domiciliaria.

disponer fuertes restricciones de control y repitió la violación a la ley correspondiente que establece el cumplimiento en el domicilio legal del imputado.

El magistrado que responde al gobernador Gerardo Morales insistió en resolver la permanencia de Sala en la casa a 40 km de la ciudad, que la organización Tupac Amaru preparaba en su momento para tratar a jóvenes con adicciones.

En una entrevista con el sitio cynthiagarcía.com.ar, Luis Paz, abogado de Milagro explicó que con esta resolución "el Estado Nacional continúa incumpliendo la medida provisional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", al describir la violación de la Ley de Ejecución Penal.

Otra letrada defensora de Sala, Elizabeth Gómez Alcorta, compartió un fragmento del fallo de Pullen Llermanos, donde el juez "explica las razones por las que restringe las visitas a su domicilio y porque deben quedar registradas y requisadas por gendarmería".