Marina Rodríguez estaba en la oficina –trabaja en un estudio de arquitectura– conectada a Internet, cuando leyó sobre las detenciones ordenadas por el juez Claudio Bonadio. Mandó un WhatsApp al grupo de la asamblea de La Paternal, que en media hora se puso al rojo vivo. Cuando Débora Liberman miró los mensajes acumulados en su teléfono, ya estaba al tanto de las novedades judiciales: es cuentapropista y trabaja en la casa, con la radio encendida. Así llegaron ayer a la Plaza de Mayo, después de fijar con los otros integrantes de la asamblea un punto de encuentro, donde Nora Lewin –docente– les contó su mañana: “recién me enteré de todo al mediodía, en la sala de profesores”. El baño de realidad le resultó tan helado que terminó increpando a una colega que festejaba la detención de Luis D’Elía. 

En la esquina del Cabildo, el grupo –una diez personas sin carteles pero unidas y organizadas– eran una buena muestra de lo que puso en movimiento la convocatoria en defensa del estado de derecho, en reacción al pedido de desafuero de la ex presidenta Cristina Kirchner y las detenciones de los dirigentes kirchneristas. “Nosotros somos una organización con un poco de todo, politizados y no politizados; nos juntamos desde enero de 2016, convocados contra el ajuste”, explicó Rodríguez. Como ella, todos los consultados vincularían la ofensiva judicial con la necesidad del gobierno de “tapar” el tratamiento en el Congreso de la reforma laboral y la baja en las jubilaciones.

La protesta confluyó en la plaza con la Marcha de la Resistencia (ver página 12), que también tuvo como tema central el repudio al plan de ajuste y a la represión, en ascenso como su contracara. Los movimientos sociales, por su propio volumen, llegaron con columnas más numerosas, pero aún así en una mínima expresión de lo que pueden movilizar. Tuvieron que salir a las apuradas y sumarse con lo que pudieron. 

“Vinimos desde San Fernando, los que estábamos disponibles, que hoy no trabajábamos”, contó Lidia Valdez en una columna la Martín Fierro. “Fue todo muy rápido pero nos pareció importante venir, estar como pueblo organizado y en la calle. Votamos a nuestros representantes y los vamos a defender para que puedan cumplir con el mandato que les dimos en las urnas”. 

Estas organizaciones populares cubrieron los mayores espacios de la plaza. Estaban la CTEP, el MUP, la 26 de Julio, entre otras. También militantes con banderas de La Cámpora, Octubres, Descamisados y Seamos Libres. “A bancar/ a bancar / el proyecto nacional”, coreaban en la columna del Movimiento Evita. 

Muchos gremios fueron sin pancartas. Como especímenes raros de su especie, tres taxistas argumentaron con las siguientes frases: “Vinimos porque estamos comprometidos con el proceso popular de los últimos doce años, y queremos seguir profundizándolo”. “Vinimos para repudiar la medida de Bonadio, porque detrás del aparato judicial están los CEOs del gobierno, un gobierno que quiere terminar con el estado de derecho” (el segundo taxista). Y el tercero: “Agregá que vinimos contra la represión de la protesta”. Pertenecían a la Asociación de Taxistas de la Capital Federal, organización de la CTA. 

“No trajimos la bandera porque salimos de raje”, contó Daniel Lucas en un grupo llegado de Ramos Mejía, integrantes de la Leonardo Favio, una agrupación de nacimiento reciente –se empezaron a juntar después de la primera ronda de la elección presidencial, para intentar revertir el triunfo de Cambiemos en el ballottage–, hoy organizados en el local de un video club y autodefinidos como “kirchneristas, con compañeros peronistas y de izquierda”. 

Los vendedores de remeras militantes concentraron su oferta en dos modelos de estampado: la mano con los dedos en ve y la imagen de Cristina. “No sé si (la medida de Bonadio) es sólo atribuible a una tapadera de la reforma laboral y el ajuste a las jubilaciones; será un poco de eso, pero también algo para disciplinar a los políticos, a los sindicatos, al militante y a la gente que no milita también. Yo ya no milito”, contó Alicia, artesana, 55 años. Dante –27, estudiante de derecho– apuntó que “el delito que le imputa a Cristina y los demás acusados, la traición a la patria, ni siquiera tiene uso. Al único que se le impuso fue a Perón”. Luis –50 años, trabajador tercerizado– dijo que ve “un atropello a todos los derechos civiles”.

El operativo policial fue discreto. La infantería sólo se dejó ver detrás de las rejas que impiden acercarse a la Casa Rosada. Contra el vallado que rodea el edificio de la Catedral quedaban pegados restos de otras manifestaciones recientes: afiches de la marcha al Congreso contra el ajuste y, más antiguas, pintadas contra los despidos o con la imagen de Santiago Maldonado.