Las palabras de Jorge Triaca no fueron bien recibidas entre los trabajadores estatales. Sin embargo, la mayor preocupación en ATE no pasa por el bono de fin de año, sino por el fuerte rumor de unos 20.000 despidos, según denuncian desde el sindicato. "Nuestro límite se termina cuando cae el primer contrato", le dijo a Crónica Daniel Catalano, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado de Capital Federal.

Actualmente, a nivel nacional existen unos 154.000 empleados públicos. Es decir que si la suma de los despidos llega a 20.000 significaría que más del 13% de ese total pasaría a estar sin empleo. "Se viene un conflicto y no nos vamos a quedar quietos", agregó el sindicalista.

Cabe destacar que en los primeros meses de gestión, el gobierno de Cambiemos realizó un recorte en el Estado de unas 12.500 personas. "La mayoría de los trabajadores tienen contratos anuales que se terminan el 31 de diciembre. Lo curioso es que años anteriores a esta altura desde recursos humanos de cada sector llamaban para la renovación. Ahora no está pasando eso y es lo que nos pone en alerta", siguió diciendo Catalano, quien informó que mandaron una carta documento al ministro de Modernización, Andrés Ibarra, en la que rechazó "las afirmaciones emanadas de esa cartera sobre el proyectado despido".

En la antelación de la tormenta que se avecina, desde ATE-Capital confirmaron que se encuentran en "estado de alerta y movilización". Por su parte, Hugo "Cachorro" Godoy (ATE nacional) dialogó con este medio y aseguró que "el próximo 6 de diciembre realizaremos un paro nacional con movilización a Plaza de Mayo en contra de la reforma laboral del gobierno" y añadió: "El día que envíen el proyecto al Congreso vamos a cortar las rutas de todo el país con los distintas organizaciones sociales".

En ese sentido, Daniel Menéndez (Barrios de Pie) dijo que "la situación está difícil" y si bien los movimientos sociales sí acordaron un bono de $2.200 de fin de año, Menéndez destacó apoyar a "los jubilados y a los beneficiarios de la AUH" que tampoco (al igual que los estatales) recibirán el incentivo económico.

"Negarles esto a unos diez millones de personas es generar un escenario de conflictividad. El ajuste que eligieron lo hacen notar de una manera poco sensible", añadió.