Así lo confirmaron altas fuentes del gobierno, que recordaron que el año pasado, luego de un año crítico y con alta inflación, para calmar los ánimos se accedió al pedido de la CGT y se desembolsaron más de 5 mil millones de pesos para paliar las necesidades de más de 7 millones de beneficiarios, entre los casi 4 millones de chicos cuyos padres reciben la AUH y los más de 3 millones de jubilados y pensionados que cobran la mínima.
El bono entregado el año pasado fue, remarcan, una situación especial, ya que el vínculo entre el gobierno y los gremios había alcanzado momentos de extrema tensión, alimentado también por la oposición, que forzó a Macri a vetar la ley antidespidos. Así, esa carta le permitió al vicejefe de Gabinete Mario Quintana y al ministro de Trabajo Jorge Triaca destrabar las negociaciones.

Sostienen que la previsibilidad que se logró con la inclusión de cláusulas gatillo en los acuerdos paritarios con los gremios posibilitó que el diálogo con la central obrera hoy se centre en otra etapa. “Ahora estamos hablando de cómo generar empleo de calidad y no de recomponer el poder adquisitivo como en 2016”, exponen.

En esa línea, tampoco prevén un bono para estatales: el año pasado, unos 130 mil empleados públicos nacionales que dependen directamente de la administración central recibieron una suma que osciló, según cada categoría, entre 2.000 y 3.500 pesos.

No obstante, sí habrá un plus para las organizaciones sociales: será un pago por única vez de unos 2.200 pesos que el gobierno otorgará a los cerca de 400 mil los trabajadores de la economía popular.

Esos 900 millones de pesos, a diferencia de la cifra que demandaría un bono para AUH y jubilados, ya están contemplados en el Presupuesto que la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley debió justificar ante el puntilloso vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.
Fuehnte: Clarín