Ingresos Brutos (el impuesto con el que más recaudan las provincias) es el tributo con el que el Gobierno nacional más presiona a los gobernadores, en línea con los reclamos empresarios plasmados en la Reforma Tributaria impulsada por la Casa Rosada.

Basta recordar que el flamante Ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, mientras presidía la Sociedad Rural dijo, luego de explicar el incremento de la presión fiscal en los últimos años, que el impuesto “debe bajar hasta desaparecer”. Aunque obvió señalar cuánto creció la ganancia del sector al que representa en el mismo período, hay coincidencia en que el actual nivel de presión fiscal es insoportable.

No hay coincidencia sobre quiénes serán los beneficiados (y perjudicados) de un "alivio fiscal" como el que presiona la Nación para que implementen los gobernadores.

La preocupación ya expuesta por la mayoría de los mandatarios provinciales es que la reducción o eliminación de impuestos provinciales torna “inviable” a los distritos en términos fiscales, particularmente en el actual esquema de fuerte centralización y discrecionalidad en el reparto de los recursos nacionales. 

El caso de Entre Ríos

En el caso de Entre Ríos el 60% de la recaudación provincial se explica por los Ingresos Brutos, mientras que en distritos como Santa Cruz, Misiones, Neuquén, Chubut, Salta y Formosa el impuesto representa más del 90% de la recaudación propia.

Según datos de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) a los que accedió NOTICIAUNO, la recaudación de impuestos provinciales alcanzó en el período enero a septiembre 2017 un total de 10.232 millones de pesos y registra un crecimiento del 41% en relación al mismo período del año anterior.

El aumento de la recaudación impositiva obedece, según los datos analizados por este medio, “principalmente al desempeño del impuesto sobre los Ingresos Brutos, cuya participación representa el 59% de la recaudación total de los primeros 9 meses del año”.

En otros términos, 6 pesos de cada 10 que recauda el gobierno provincial provienen del Impuesto que grava los ingresos brutos, que la Nación presiona para eliminar. 

Si se hace una proyección para lo que resta del año, tomando como parámetro lo que se recaudó durante el último trimestre de 2016 (octubre a diciembre) cuando la recaudación provincial llegó a casi 3.000 millones de pesos (y aplicando el mismo nivel de crecimiento registrado en el transcurso de 2017 -41%-) podría estimarse que entre octubre y diciembre de 2017, la ATER recaudará otros 4.200 millones de pesos que se sumarán a los 10.232 millones de pesos percibidos entre enero y septiembre.

Al finalizar 2017, la Administradora Tributaria habrá recaudado entonces una cifra estimada de 14.500 millones de pesos, de los cuales casi el 60 por ciento corresponde al impuesto sobre los Ingresos Brutos: unos 9.000 millones de pesos.

Ese sería el monto aproximado que Entre Ríos dejaría de percibir si prospera la exigencia del presidente Macri.

Independientemente del impacto distorsivo que genera el impuesto sobre la economía, materia de otro análisis, la realidad indica que el año próximo, según la previsión presupuestaria 2018:

-el 63% de los recursos que la Provincia destinará para el funcionamiento del Estado (salud, educación, seguridad) están asignados a “gastos de personal” (38.700 millones de pesos)

-solo el 30% del total de ingresos por recaudación de impuestos son propios (corresponden a lo que la Provincia percibe a través de la ATER), mientras que casi el 70 % de lo que se prevé recaudar son recursos que deberá girar la Nación por la Coparticipación Federal de Impuestos.

La eliminación de Ingresos Brutos en el actual escenario de fuerte centralización de recursos conlleva el riesgo de poner en jaque las arcas provinciales.

Según el instituto para el desarrollo Social de Argentina (IDESA), la solución para compensar la caída de las recaudaciones provinciales generada como consecuencia de la eliminación o reducción del Impuesto a los Ingresos Brutos y a los Sellos “pueden ser los impuestos a la propiedad”. Algunas provincias, alineadas con el gobierno nacional como Buenos Aires, plantearon avanzar en este sentido en 2018 como forma de compensar la reducción en Ingresos Brutos y Sellos.

En el caso de Entre Ríos, lo que se recauda en concepto de Impuesto Inmobiliario representa un tercio de Ingresos Brutos.

Compensar la pérdida de Ingresos Brutos vía un incremento del Impuesto Inmobiliario –que equipare esa reducción- parece muy difícil de aplicar en Entre Ríos.

Los números de la ATER muestran que la provincia recaudó entre enero y septiembre de este año cerca de 1.700 millones de pesos por Impuesto Inmobiliario. Por Ingresos Brutos cobró 6.000 millones, en el mismo período. Esto significa que el Inmobiliario representa un tercio de Ingresos Brutos para las arcas provinciales.

Compensar la pérdida generada por la propuesta de Reforma Tributaria que quiere la Nación, avalada por los legisladores de Cambiemos, obligaría al gobernador Gustavo Bordet a aplicar una suba del Impuesto Inmobiliario de casi 400 por ciento. Sólo así se podría recuperar lo que dejaría de recaudar la Provincia en concepto de Ingresos Brutos.

Un costo político que deberían asumir los gobiernos provinciales, no la Nación. El impuesto inmobiliario “recae de manera explícita sobre los segmentos medios y altos de la sociedad generando muchas resistencias y rechazos”, tal como sostiene IDESA.

Debería agregarse que en el caso de Entre Ríos los segmentos “más altos” no siempre son los que más contribuyen. Por lo menos no aparecen como los más cumplidores. Recientemente, la ATER informó que había detectado “grandes empresas del sector agropecuario con elevado nivel de facturación (1.600 millones de pesos) que evadieron impuestos provinciales declarándose exentas “cuando no lo eran”.

Al panorama ya desalentador debe sumarse el riesgo latente ante un eventual fallo de la Corte Suprema por el Fondo del Conurbano que reclama la gobernadora María Eugenia Vidal. A la par de incrementar sensiblemente los recursos de los bonaerenses, una decisión del máximo tribunal a favor del principal distrito macrista significaría para Entre Ríos otra pérdida de otros 3.600 millones de pesos anuales.

Vidal se reunió este lunes con Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema, que debe decidir si Buenos Aires puede quedarse con $50.000 millones que actualmente se reparten entre todas las provincias.

Si se analizan las desigualdades del Presupuesto Nacional en materia de distribución de los recursos destinados a la obra pública, el desaliento se incrementa.

La orden presidencial para que las provincias resignen recursos a tono con el pedido empresario parece más flexible de implementar en provincias como Buenos Aires o en Capital Federal que recibirán en 2018 “más del 40% del gasto total previsto para obras públicas en todo el país”.

A Entre Ríos apenas le tocará el 1,61% de esos recursos nacionales, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). publicó hoy NOTICIAUNO.

Si la presión nacional se mide en relación al Presupuesto de Entre Ríos, el año próximo, según el proyecto de Ley de Presupuesto, la Provincia tiene previsto invertir en obras públicas unos 11.000 millones de pesos. Casi el mismo monto que debería resignar si se elimina el impuesto a los Ingresos Brutos, como exige el gobierno de la Nación.

En la reunión que mantendrán esta semana los gobernadores con el Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el Gobierno se plantará con un concepto que ya adelantó el ministro: las alícuotas del impuesto a los Ingresos Brutos, el principal gravamen provincial, deberán bajar –por lo menos- a la mitad.

Para Entre Ríos ese concepto “a la mitad” significaría haber resignado este año más de 5.000 millones de pesos de “recursos propios” este año.

Párrafo aparte merecería el análisis de los “beneficiarios” de una reducción o eliminación de impuestos provinciales como pretende la Nación. Si el sentido es similar al planteado en torno a los impuestos nacionales, el futuro es más que preocupante. El economista Luis Espert, que plantea hasta el cansancio que la presión impositiva es insoportable, describió la reforma tributaria nacional como “un paquete a medida de los empresarios y muy en contra de la gente”. (Fuente: Noticiauno)