Un grupo especial de la policía de Jujuy, con pasamontañas y autos sin patente, arrancó ayer de la casa donde cumplía arresto domiciliario a la dirigente social Milagro Sala para trasladarla al penal de Alto Comedero. El operativo incluyó golpes contra la líder de la Túpac Amaru y su esposo Raúl Noro, quien denunció que la llevaron esposada, descalza y en piyama. La decisión del gobierno de Gerardo Morales contraría la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordenó la liberación o el arresto domiciliario y advirtió que en la cárcel jujeña corre peligro su vida. “Una vez más atropellaron mi dignidad y violaron mis derechos”, lamentó Sala en una carta pública difundida tras su traslado. “Este traslado intempestivo no notificado es muy grave. La CIDH fue clara al dictar la medida cautelar. Es un retroceso”, advirtió Francisco Eguiguren, titular de la CIDH, que en dos semanas podría plantear las violaciones a los derechos humanos del Estado ante la Corte Interamericana. “No solo la quieren acallar, poner de rodillas y silenciarla sino también la quieren muerta”, afirmó la abogada de la dirigente, Elizabeth Gómez Alcorta, que responsabilizó por la suerte de Sala “en primer lugar a Mauricio Macri y luego al contador Morales”. La sucesión de atropellos del gobierno jujeño tiene como telón de fondo el silencio de la Corte Suprema de Justicia, que demora desde hace seis meses un pronunciamiento sobre la prisión preventiva de Sala. La ex presidenta Cristina Kirchner le pidió al gobierno y al tribunal que encabeza Ricardo Lorenzetti que “pongan freno a tanta locura”.

Apenas había amanecido cuando policías pertrechados para la guerra traspasaron el portón del domicilio del barrio La Ciénaga donde Sala cumplía su prisión preventiva. La orden de Morales, ejecutada por el juez Pablo Pullen Llermanos, no fue notificada ni puesta en conocimiento de los defensores. El magistrado admitió la violación al derecho de defensa, que intentó justificar alegando que pretendía asegurar el cumplimiento de la orden. A las ocho de la mañana Pullen Llermanos llegó al penal para notificar la revocación de la domiciliaria a Sala, que esperaba a los médicos para la revisación previa al ingreso. “Tiene magullones en los hombros y moretones en los brazos por la violencia ejercida por la policía de Jujuy”, reveló Gómez Alcorta en conferencia de prensa en el CELS.

El causal invocado para devolver a Sala a la cárcel son informes del cuerpo médico del poder judicial jujeño, que tampoco habían sido puestos en conocimiento de la defensa y que atribuyen a Sala un “trastorno depresivo mayor” con “tendencia suicida”, contó la abogada. “Fue un atropello, algo fuera de los límites de la legalidad”, advirtió Gómez Alcorta, quien advirtió que el informe “no avala que la lleven a un lugar donde corre peligro su vida” y definió la decisión de Pullen Llermanos como “un acto de tiranía”. “Es de una gran perversidad porque invoca la medida cautelar (de la CIDH) para incumplirla”, advirtió a su turno Horacio Verbitsky, presidente del CELS.

El traslado de Sala incumple la medida cautelar de la CIDH, en la que ordenó que la dirigente y diputada del Parlasur quedara en libertad o en prisión domiciliaria, y advirtió del grave riesgo para su vida y su integridad en caso de permanecer en Alto Comedero. “Lo que busca esta resolución del juez y su ideólogo, el contador Morales, es que Milagro esté muerta”, señaló Gómez Alcorta.

“Estoy muy preocupado”, admitió el titular de la CIDH. “Este traslado intempestivo no notificado es muy grave. La CIDH fue clara al dictar la medida cautelar. Es un retroceso”, destacó Eguiguren. “Si no hay voluntad de cumplir” las disposiciones del organismo “debemos ver qué pasos damos”, dijo el jurista peruano, quien no descartó que “si se considera que no se acata una medida cautelar” la cuestión llegue a la máxima instancia interamericana. “Cabe la posibilidad de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos” dado que “la Comisión fue clara al recomendar medidas alternativas de prisión”, recordó el titular de la CIDH, que en dos semanas se reunirá para deliberar en Uruguay. “No vamos a definir nada antes de la reunión de trabajo en Montevideo” prevista para el 26 de octubre, dijo.

“Otra vez lo de Milagro Sala. Otra vez esta sombra que parece cernirse sobre la patria y que me asusta tanto”, afirmó Cristina Kirchner durante un recorrido por La Matanza. “Una mujer que estaba cumpliendo una medida de la CIDH en su casa fue prácticamente secuestrada, arrastrada y llevada en un auto sin patente”, relató. “No podemos volver a permitir que haya autos sin patente llevándose gente. Exijamos que el Gobierno nacional tome cartas en el asunto” y “a través de los organismos de la Constitución, la Corte o el Poder Ejecutivo pongan un freno a tanta locura y violación de los derechos humanos”, pidió. El ministro de Justicia, Germán Garavano, dijo que estaba “analizando la situación” junto al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. “Veremos por qué ha tomado (la decisión) la justicia de Jujuy”, apuntó en radio Mitre mientras participaba de un timbreo de campaña.