El Gobierno dio un paso más para cumplir su obsesivo deseo de echar a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. El juez federal Julián Ercolini la procesó por considerarla coautora del delito de administración fraudulenta en la compra de un edificio para la Procuración General de la Nación, informaron fuentes judiciales. El magistrado ordenó también un embargo sobre sus bienes por siete millones de pesos y procesó a otros cuatro imputados.

La decisión fue adoptada por el juez federal Ercolini en la causa por la compra de un edificio en la calle Perón al 600 por 44 millones de pesos, en la que 3 millones fueron para una comisión que cobró el hermano de un subdirector de la Procuración. El juez hizo lugar entonces a los planteos del fiscal Eduardo Taiano, quien había imputado a Gils Carbó por los delitos por los que ahora resulta procesada.

De esta manera, el Gobierno dio un paso más en su embestida contra el Ministerio Público Fiscal (MPF), encabezada por el propio presidente Mauricio Macri, quien ha acusado públicamente a Gils Carbó de ser una “militante k” y reveló una particular lectura de la ley que rige el funcionamiento del MPF: “Al procurador lo elige el presidente".

Sin los votos para encarar una reforma de la ley que regula el funcionamiento del MPF y sin margen para hacerle un juicio político a la procuradora --único mecanismo vigente para su remoción--, el Ejecutivo apretó las tuercas por la vía judicial. El resultado no sólo es un avance contra Gils Carbó, sino que se suma a una ayuda más de Tribunales a pocos días de las elecciones legislativas.

En su indagatoria, Gils Carbó negó haberse beneficiado con la operación inmobiliaria y en el pago y el reparto de una comisión millonaria que cobró Juan Carlos Thill, medio hermano de Guillermo Bellingi, que era un subdirector experto en contrataciones que colaboró con la licitación que terminó en la adquisición del inmueble en Perón 667 por 43.850.000 pesos. Tal como contó Página/12 en su edición del 1 de septiembre, Gils Carbó aseguró que desconocía ese parentesco, que lo que existió fue “un negocio oculto”, que no perjudicó al erario público, pero que de todos modos apenas se enteró suspendió a Bellingi en sus funciones.

La procuradora relató que cuando llegó al cargo ya tenía un presupuesto disponible de 30 millones para la compra de una nueva sede, pero que los intentos por conseguir lugar venían fracasando. Hubo cuatro intentos fallidos. Ella apuntó a un edificio que pudiera albergar a las procuradurías y unidades especializadas que hoy componen la Procuración y que interactúan, y que estuviera pensado para el sistema acusatorio. Según señaló se pagó el precio más bajo por metro cuadrado de todas las ofertas recibidas. La Procuración no abonó ninguna comisión, el proceso de compra pasó por diez áreas técnicas internas y dos organismos externos (Tribunal Nacional de Tasación y Escribanía General de la Nación). Dijo que está probado que ella no cobró nada. Enfatizó que si hay una irregularidad fue el arreglo entre Thill y Bellingi, y que quien por lo pronto cobró una comisión fue el primero.