Un nuevo audio detectado en el teléfono celular del sargento Sergio Sartirana sugiere que el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, ordenó esconder los vehículos de la Gendarmería que participaron en el ataque contra la comunidad mapuche de Cushamen el 1º de agosto. Entre el material que en forma desordenada y tardía el ministerio entregó al juzgado federal de Esquel figura una cronología del caso realizada por la Central de Reunión de Inteligencia de Gendarmería con sede en Neuquén. Esa línea de tiempo cubre desde el 31 de julio, cuando se preparó el operativo durante una reunión en Bariloche presidida por Noceti, hasta el 4 de agosto. El 3 de agosto a las 21.26 “se recepcionó llamado telefónico del Ministro de Seguridad (sic) Pablo Noceti, quien libraría oficio judicial a los efectos de realizar pericias a los vehículos utilizados en el operativo informado por Esesquel mediamnte MTO HIA 3432/17- Archivo PUMA 84”. Al día siguiente, 4 de agosto, Sartirana recibió en su teléfono celular un audio explicativo sobre el mensaje de Noceti: 

–Dice que saquen los vehículos de ahí, que escondan. 

El sargento Sergio Sartirana integró como chofer de una camioneta Ford Ranger la patrulla que llegó hasta el río cuando un grupo de mapuche huía para cruzarlo y pasar al otro lado. Entre ellos estaría Santiago Maldonado. Los otros gendarmes de la patrulla eran los cabos Emanuel Echazú, Darío Zoilan y Juan Carlos Pelozo. Echazú es el gendarme que sufrió dos fracturas en el rostro por el impacto de piedras. Ese incidente fue alegado por la Gendarmería como el delito flagrante que justificó el ingreso a la comunidad mapuche. Pero las únicas fotos de Echazú sangrando fueron tomadas dentro de la comunidad, cuando regresaba del río, y la enfermera del escuadrón declaró que lo atendió dentro de la comunidad. Por joven y atlético que sea, es improbable que con dos fracturas ingresara a la comunidad y avanzara hacia el río. Según otro audio, dirigido a un superior, en ese avance “les dimos corchazos como para que tengan”.

Hasta ahora los peritos de la Policía Federal no establecieron quién envió el mensaje encontrado en el telefonito de Sartirana sobre la orden de esconder los vehículos. También apareció allí otro audio, éste del 16 de agosto, en el que alguien dice:

–Ahí está hablando todavía. Aparentemente dijo que el que tenía a Maldonado en la camioneta era la sargento Sartirana.

Sin demora, el Ministerio dio a conocer una nota enviada por Sartirana al Director Nacional de Gendarmería, en la que dice que el mensaje le fue enviado por el sargento Pablo Grillo, que se referían al informe de Patricia Bullrich ante el senado y que Grillo le hizo una broma. Durante esa presentación, la ministra efectivamente mencionó a Sartirana como si fuera una mujer y no dijo que Maldonado estuviera en la camioneta. Pero también podría tratarse de una broma siniestra entre personas que conocen lo sucedido. Además, el audio no refleja el ánimo jocoso que le atribuyen los gendarmes y el gobierno, cuya coordinación para burlar a la familia de Maldonado y a los organismos defensores de los derechos humanos fue puesta en evidencia por otro audio que divulgó ayer aquí Sebastián Premici. Se trata del diálogo del secretario de violencia institucional del ministerio, Daniel Barberis con cuatro gendarmes, entre ellos Daniel Gómez, uno de los que llegaron al río. Barberis mencionó allí mi nota “Macri ya tiene su primer desaparecido” y comentó: “Si nosotros no podemos salir juntos de este barco, encalla y en el barco están ustedes y nosotros”. También dijo que habían inducido al entonces juez Otranto a desviar la pesquisa de la Gendarmería. La maniobra es ilegal pero fue exitosa y su divulgación compromete aún más la situación del Ministerio. 

Recién tres días después de la desaparición de Maldonado, Otranto se dirigió a la Agrupación Chubut de Gendarmería para solicitarle la nómina de los vehículos que se emplearon en el operativo de desalojo de la Ruta Nacional 40. La respuesta fue que eran 14, y provenían de los destacamentos 35 de El Bolsón, 36 de Esquel y 41 de Comodoro Rivadavia y sólo cinco habrían ingresado a la comunidad: dos camionetas Volkswagen Amarok, dos camionetas Ford Ranger y un camión Iveco Eurocargo. El peritaje recién se realizó el sábado 5. Pese a que tanto el defensor oficial Fernando Machado, como la Comisión Bonaerense por la Memoria, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el CELS manejaron como principal hipótesis la responsabilidad de la Gendarmería en una desaparición forzada, Pablo Noceti estuvo al tanto de lo que ocurriría y pudo avisar a la Central de Inteligencia de Neuquén, de modo que el chofer de una de esas camionetas se enteró de que debían esconder los vehículos. Al parecer no los escondieron, pero los lavaron y a una de las camionetas le violaron la faja de seguridad, según certificó el defensor Machado. El secretario de relaciones con los poderes judiciales del Ministerio de Seguridad, Gonzalo Cané(ro), explicó muy suelto de cuerpo que el lavado de los vehículos después de un operativo era una obligación reglamentaria. Recién diez días después de la desaparición, Otranto ordenó una nueva búsqueda de rastros en los vehículos de los escuadrones de Esquel y El Bolsón, con perros y policías federales, que por supuesto no dieron resultado. Noceti, Barberis y Cané(ro) son los tres operadores del Ministerio de Seguridad en Esquel. Pese a que el Estado Nacional no es parte en la causa, hasta ahora han tenido el libre acceso al expediente y al despacho del juez, que se le retaceó a los familiares de la víctima y a los organismos defensores de los Derechos Humanos. Cané(ro) fue sugerido a Bullrich como enlace con la justicia por su anterior empleador, el presidente de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti.

Al disponer el apartamiento del juez Guido Otranto por falta de imparcialidad dados sus juicios de valor que descartaron la hipótesis investigada en la causa por desaparición forzada, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que preside Javier Leal de Ibarra, demostró que los cuestionamientos que veníamos haciendo desde el CELS no eran tendenciosos ni con la motivación política que le atribuyen el gobierno y su claque mediática, sino que tienen consistencia técnica fundada en los elementos de la causa. Sin poner en duda la honestidad de Otranto, el fallo exhibe versación en el derecho internacional de los Derechos Humanos: cita un fallo del Tribunal Europeo de 1982 contra Bélgica que discurre sobre los elementos subjetivos y objetivos de la imparcialidad del juez y afirma que decidió apartar a Otranto debido a “las vicisitudes que ha adquirido el caso y la denunciada falta de credibilidad, así como la responsabilidad a la que puede verse expuesto el Estado argentino en el supuesto de no atender a la remoción de todos aquellos obstáculos que pudieran conspirar contra el descubrimiento de la verdad”. La Cámara también aceptó el planteo del CELS de apartar a Otranto de las dos causas en las que se divide la investigación (el habeas corpus que procura la aparición de Maldonado, y la que intenta averiguar quiénes son los responsables de lo que por ahora es su desaparición) dado que se superponen en forma constante y dispuso que durante 60 días el juez federal de Rawson Guillermo Gustavo Lleral se dedique en forma exclusiva a ellas. Lleral concursó en 2015, siendo secretario del único juzgado federal que había entonces en Rawson, a cargo de Hugo Sastre. Su pliego fue enviado al Senado por Macrì en 2016 y el Senado le dio el acuerdo por unanimidad. Ahora Sastre reabsorberá por 60 días todas las causas penales, para que su ex secretario pueda instalarse en Esquel y con la estrecha supervisión de la Cámara avanzar en el esclarecimiento del gravísimo episodio.

El rol de la fiscal

Mientras se aguardan las primeras actuaciones del nuevo juez Lleral, la atención se vuelve sobre la fiscal subrogante Silvina Avila, contra quien se dirigen los reproches de la familia Maldonado. El 29 de agosto la fiscal fue recibida por la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, quien le ofreció los recursos que considerara necesarios para avanzar en la investigación. La fiscal agradeció y se retiró sin informar que el día anterior había firmado un informe de 13 fojas dirigido al ministro de Justicia Germán Garavano, quien se lo había solicitado para responder al pedido de informes del comité de Naciones Unidas sobre desaparición forzada. En ese texto, Avila hace propios los conceptos expuestos por Patricia Bullrich, aduce que no hay pruebas contra la Gendarmería y cuestiona los testimonios de la comunidad mapuche pese a que dos días antes había recaratulado el expediente como desaparición forzada. La ley 27148 del Ministerio Público Fiscal establece en el inciso j de su artículo 12 que “la representación ante autoridades de otros poderes es función exclusiva del Procurador General”, norma que Ávila ignoró al enviar el informe sobre la situación procesal al Ministerio de Justicia, sin siquiera informar a Gils Carbó. También violó la Regla de confidencialidad del artículo 68 al informar líneas de investigación en una causa penal bajo secreto de sumario, que sólo rigió para la familia de la víctima, pese a que la misma ley obliga a acompañar, orientar, proteger e informar a la víctima, no al Poder Ejecutivo, que ni siquiera es parte del proceso. Tampoco pidió el peritaje de los teléfonos de Noceti, por la misma razón que Otranto: en ese listado aparecerían tanto el juez como la fiscal. Luego del incidente que rodeó la visita de Macrì a Traful, el propio Noceti pidió informes y copias del expediente, pero tanto la fiscal Karina Stagnaro como la jueza Silvia Domínguez se los negaron, como corresponde. El sesgo de Avila en contra de los mapuche se puso en evidencia el año pasado durante el juicio de extradición de un dirigente de esa comunidad solicitado por Chile, quien fue detenido en casa de un familiar. Ese familiar, Gonzalo Cabrera, había sido detenido por un presunto robo. Durante el juicio, la defensora Elizabeth Gómez Alcorta le preguntó por qué si lo acusaron de un robo contó dónde se escondía su pariente. 

–Porque me subieron al patrullero y me molieron a golpes–contestó.

De inmediato, Gómez Alcorta solicitó la nulidad del juicio y el procesamiento de los policías. Ambas solicitudes fueron aceptadas por el juez Otranto. En cambio la fiscal Avila acusó a la víctima por falso testimonio. Mientras se dirimía en la Corte Suprema de Justicia si se realizaría un segundo juicio de extradición, Patricia Bullrich se dirigió al tribunal en forma directa, prescindiendo de todas las formalidades, para cuestionar la prueba por la que Otranto anuló el primer juicio. Lo hizo con un escrito, en el que afirma que Gonzalo Cabrera no fue torturado y con un video grabado durante su declaración ante la policía. Efectivamente, se lo ve hablando en calma sin que nadie lo presione. Sólo que no pudieron ocultar las marcas de los golpes con que lo persuadieron de prestar esa declaración ante la cámara. El reglamento que ordena lavar las camionetas es palabra divina, el código que indica de qué manera acceder a la Corte Suprema, papel mojado.

La opereta de los sauces

La misma fiscal Avila suspendió la reconstrucción de lo sucedido el 1° de agosto en la comunidad, aduciendo que los mapuche habían cortado una serie de ramas de los sauces en los márgenes del río Chubut que impedían la visión desde la otra orilla, allí donde el testigo Matías Santana declaró que había visto con binoculares el momento en que los gendarmes detuvieron a Maldonado. Según el operador oficial en Clarín, Daniel Santoro, Avila prepararía incluso una denuncia penal por ello contra los mapuche. Las fotos de los árboles cortados fueron suministradas por Gonzalo Cané(ro), quien dijo que en esas condiciones la reconstrucción era imposible. Si se observan las fotos con atención, se aprecia que apenas se han cortado unos cinco troncos, lo cual no cambia sustancialmente la visión, pero además los cortes fueron anteriores al operativo del 1° de agosto, ya que pueden apreciarse en la toma en la que Echazú regresa desde el río.