“Esta es una causa que no se superpone a la investigación por el paradero de Santiago, que se está llevando en la Justicia de Esquel, sino que apuntamos al encubrimiento de los funcionarios del Gobierno Nacional”, dijo a Página/12 el abogado patrocinante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Eduardo Barcesat.

La causa recayó en el Juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, quien había dado vista del expediente ayer al fiscal. El impulso de esta denuncia se suma a la intimación del fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, para que el Ministerio de Seguridad inicie un sumario administrativo contra los gendarmes que participaron del operativo realizado el 1 de agosto en la Pu Lof en Resistencia, departamento de Cushamen, provincia de Chubut.

Para Delgado es “determinante conocer las actividades que llevó adelante el Estado Nacional y para ello la primera de las diligencias es compulsar el expediente judicial”, según indica en el dictamen, al que tuvo acceso Página/12. El fiscal le pide a Canicoba Corral que le requiera una copia del expediente que lleva el juez federal de Esquel, Guido Otranto, quien investiga la desaparición de Maldonado. A su vez, Delgado también le exige al juez que le envíe un requerimiento al jefe de Gabinete para “que informe en un plazo perentorio, todas y cada una de las actividades que desplegó el Estado Nacional para dar con el paradero de Santiago Maldonado”. 

La denuncia presentada por la LADH presume la existencia de un “pacto de silencio” de las autoridades estatales en torno al caso. En el texto presentado en la Justicia, expresaron que “las autoridades nacionales, en lugar de aportar al esclarecimiento y aparición con vida de Santiago Maldonado, han intentado deslindarse de toda responsabilidad generando una campaña de desinformación, en descalificable alianza con los medios masivos de comunicación social”.

Los denunciantes remarcaron el Gobierno nacional no ha dado una respuesta satisfactoria a los pedidos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni a la comisión de la ONU sobre Protección de las Personas Víctimas de Desaparición Forzada, que también pidió una respuesta al Estado argentino y calificó la situación de Maldonado como desaparición forzada.