Las organizaciones Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), Amnistía Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se presentaron ante la CIDH para denunciar el incumplimiento del Estado argentino de las medidas cautelares dictadas por ese organismo internacional en favor de Milagro Sala. El plazo venció el 11 de agosto, pero la Justicia jujeña aún demora el traslado de la dirigente social a una casa en la que cumplirá la prisión preventiva de forma domiciliaria. 

La CIDH había dispuesto que Milagro Sala no podía permanecer en la cárcel, al considerar que ponía en riesgo su salud y solicitó al Estado argentino que garantice la vida e integridad personal de la dirigente. El gobernador jujeño, Gerardo Morales, desacreditó la recomendación de la CIDH y tildó de "burócratas de Washigton" a los comisionados, mientras que la Justicia provincial optó como medida alternativa a la detención preventiva, que Sala cumple arbitrariamente desde enero de 2016, el arresto domiciliario. La otra opción indicada por la CIDH era que pueda enfrentar los procesos en libertad y a lo sumo con fiscalización electrónica, pero fue descartada. 

El plazo para cumplir con alguna de las medidas alternativas venció el 11 de agosto, y tras 14 días, los jueces jujeños continúan demorando el cumplimiento de las cautelares de la CIDH y Sala continúa en el penal de Alto Comedero, a pesar de que los comisionados dictaron la cautelar en favor de la dirigente social en virtud de la gravedad, urgencia y la afectación grave e irreparable.   

"Toda acción, estrategia dilatoria u obstáculo que impida hacer efectiva la medida de prisión domiciliaria compromete la responsabilidad del Estado Argentino en su conjunto", advirtieron los tres organismos de derechos humanos y subrayaron que "es preciso que el Estado adopte medidas concretas y efectivas para disponer de inmediato las condiciones de detención indicadas en la resolución de la CIDH".

Al reglamentar el arresto domiciliario, los jueces Pablo Pullen Llermanos y Gastón Mercau se arrogaron la decisión de definir dónde debería quedar alojada Sala y fijaron domicilio en una casa ubicada a 40 kilómetros de San Salvador de Jujuy. La casa elegida había sido completamente saqueada: no contaba con agua corriente, luz eléctrica, ventanas ni sanitarios; lo que demoró el traslado. 

A 14 días de la fecha de plazo puesta por la CIDH, Pullen Llermanos, el director del Patronato de Liberados, Gustavo Aguirre, y el abogado de Milagro, Luis Paz; revisaron las refacciones hechas en el domicilio y anticiparon que es "inminente" el traslado de la líder de la Tupac, que lleva 580 días de detención arbitraria. 

"La decisión judicial impone restricciones que vulneran los derechos de Sala: limita sin justificación la cantidad de personas que podrían visitarla, el tiempo en que podrían hacerlo; encomienda su custodia a la Gendarmería Nacional, lo que está expresamente prohibido por la ley", advirtió el CELS. 

Días atrás, el presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, había advertido que "pasar a una persona de una prisión a otro lugar que no es el domicilio, no es prisión domiciliaria. Eso es cambio de una a otra prisión”.

En ese contexto, los organismos que presentaron la medida cautelar en 2016 y consiguieron el pronunciamiento de la CIDH en julio pasado, volvieron a presentarse ante la Comisión de la OEA para denunciar los nuevos incumplimientos por parte del Estado argentino.