Con la intervención de la Policía Federal, el objetivo fue encontrar información y documentación complementarias a la obra del soterramiento. En esa línea, el viernes pasado ya hubo operativos en las mismas empresas que integran el consorcio, entre ellas la española Comsa.

Martínez de Giorgi además ordenó el secreto de sumario el viernes pasado, en la causa que investiga la obra en manos de la firma que admitió haber pagado sobornos por 35 millones de dólares en nuestro país. También el juez dio lugar a otras medidas solicitadas hace una semana por el fiscal Franco Picardi.

La obra del soterramiento fue adjudicada al consorcio liderado por Odebrecht. Se requirió a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) "un amplio análisis técnico" del pliego licitatorio que permitió que ganara la UTE investigada. Esto incluye el período 2005-2014 y todas las actuaciones administrativas vinculadas con la obra. La fiscalía sostiene que Odebrecht se desenvolvió con un modus operandi en el "pago de sobornos para la adjudicación de obra pública y diferentes contratos con el Estado".

Gobierno de Cristina

Por otra parte, la Justicia pone bajo la lupa el financiamiento de la planta potabilizadora Paraná de las Palmas, que AySA adjudicó por $2.800 millones a un consorcio liderado por Odebrecht. El fiscal Federico Delgado pidió que la Anses realice un informe detallado sobre el desembolso de $890 millones para financiar parte de la obra.

Delgado le solicitó a Emilio Basavilbaso, director del organismo, "que en un plazo breve y perentorio informe al tribunal el respaldo legal del mutuo (préstamo) entre AySA y el organismo realizado el 21 de agosto de 2008 por un plazo de diez años".