La disputa entre el gobierno nacional y la procuradora general de la Justicia, Alejandra Gils Carbó, quedó saldada este lunes, cuando desde Brasil se informó que la colaboración entre ambos estados sobre la investigación del Lava Jato "se dará exclusivamente entre los fiscales".

A través de un oficio, el procurador general de Brasil, Rodrigo Janot, comunicó a su par argentina, Alejandra Gils Carbó, que el próximo jueves se levantan las restricciones sobre las pruebas en el Lava Jato y reclamó confidencialidad. De esta manera, la presión del ministro de Justicia, Germán Garavano, para que sea la macrista Laura Alonso, de la Oficina Anticorrupción, quien reciba y dirija la información quedó desairada.

En Brasil se firmó un convenio entre Odebrecht y el Estado, por el cual empleados y directivos de aquella aportaron información sobre el pago de sobornos, tanto dentro como fuera de ese país en el acceso a obras públicas, y el mismo tiene un plazo de reserva que comenzó el 1º de diciembre pasado y se mantiene por seis meses, o sea vence este jueves.

En el oficio enviado a la procuradora, Janot ofrece reuniones en Brasilia para avanzar en los procesos de cooperación, y designa al funcionario José Bonifacio Borges de Andrada en representación de Brasil.

Trabas y multas

El gobierno todavía no se presentó oficialmente como querellante, con lo cual quedaría afuera del análisis de la información que llegue a las causas.

Además, según relató el periodista Andrés Klipphan en Revista Veintitrés, el fiscal federal Federico Delgado reconoció que "el acuerdo firmado por Odebrecht en Brasil le pone algunos límites a la Justicia argentina, porque la cláusula 21 reguló cómo será la cooperación con autoridades extranjeras y estableció que los fiscales brasileños, por ejemplo, sólo podrán compartir información con sus pares de otros países si respetan ciertas pautas, como que la información que se envíe al país requirente deberá utilizarse contra terceros que no hayan firmado acuerdos de cooperación, sea a través de Odebrecht o por cuenta propia".

En tanto, trascendió que el gobierno negociaba con los abogados de la firma el intercambio de información a cambio de una baja multa por los delitos cometidos, que tanto en Brasil como en Estados Unidos fue cerca de siete veces lo confesado. En nuestro país reconocieron haber abonado 35 millones de dólares, por lo que la pena debería superar largamente los 100 millones. Esa decisión quedará en manos del nuevo procurador general del Tesoro, el mismo que dictaminará sobre el acuerdo del gobierno con la empresa de la familia Macri, Correo Argentino.