“El Senado de la provincia de Entre Ríos no puede resultar ajeno a las necesidades elementales de la población, y al pleno ejercicio de un derecho humano fundamental, como lo es la comunicación” señala en sus fundamentos el proyecto para añadir que ante los hechos que son de público conocimiento y que amenazan el normal desarrollo de la actividad audiovisual nacional, en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, y como lo han denunciado los Directores Argentinos Cinematográficos, trabajadores, técnicos, y personal vinculado a la temática, en donde han expresado su más absoluto rechazo y repudio a las formas que viene llevando adelante el Gobierno Nacional con respecto a la actividad del Cine y concretamente con el Ente Autárquico del INCAA, organismo que está consagrado por Ley como Patrimonio Cultural de todos los argentinos. El presidente del Bloque del FPV, Angel Giano, informó en el recinto que “todos hemos sido testigos del desarrollo de nuestro Cine Nacional, la relevante representación cultural que significa y el reconocimiento que siempre ha tenido por parte de la crítica y especialistas en festivales internacionales” por lo cual reclamó que el Estado nacional debe sostener una política que proteja la producción audiovisual como actividad promotora de la cultura nacional y la historia para los argentinos. En Argentina, los fondos de fomento cinematográfico provienen en parte del 10% del valor de la entrada que paga el espectador para ir al cine, y otra parte mayoritaria deviene del Canon que pagan las empresas concesionarias de radios, canales de televisión abierta y cable, para poder utilizar las señales que son de nuestra nación y gracias a las cuales, esas empresas obtienen su lucro comercial. “Como lo han planteado desde la Multisectorial Audiovisual conformada por todas las instituciones nacionales vinculadas al cine, reclamamos la plena vigencia de la Ley que contribuyó a crear, los fondos de Fomento Cinematográfico, la existencia del INCAA, su Autarquía, y también la continuidad de la magnífica tarea de la ENERC como irremplazable institución de la educación audiovisual argentina”, sostiene la iniciativa aprobada por el Senado entrerriano que requiere al Poder Ejecutivo Nacional, la plena ejecución de la Ley de Cine 17.741, sancionada en 1968 y reformada en 1994 por el Congreso de la Nación, con la incorporación del aporte económico de la televisión.