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11 de mayo de 2017

No avanzó Diputados en limitar los gastos reservados del STJ

Hace un año, una investigación periodística daba cuenta de los gastos reservados del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y que se envía desde el Poder Ejecutivo desde 2010 y es de libre disponibilidad. La información desató un escándalo en la provincia sobre el uso de estos fondos y los presuntos sobresueldos de los magistrados. Semanas después, la titular del STJ, Claudia Mizawak, negó la existencia de “fondos secretos, ocultos o ilegales. Existen como en la Nación y en la mayoría de los tribunales y cortes de otras provincias, gastos protocolares de representación del STJ y los vocales que lo componen. No son parte del salario, están previstos en la ley y se rinden al Tribunal de Cuentas de la Provincia”, argumentó entonces.

“Los fondos denominados ‘Gastos Protocolares y de Representación’ corresponden a una partida que integra el presupuesto del Poder Judicial de Entre Ríos. Como tales, son incluidos cada año en la Ley de Presupuesto que vota la Legislatura de la Provincia. En el caso del año en curso, fue aprobada por la Ley Nº 10.403, votada por unanimidad de todos los bloques representados en la Legislatura”, indicó además. El manejo de estos fondos fue uno de los motivos por los que Mizawak quedó en la mira y se impulsó un juicio político. Pero el oficialismo se abroqueló en Diputados y salvó a la magistrada. No obstante, desde la bancada oficial se había afirmado que avanzarían en un proyecto de la oposición para limitar el uso de estos fondos del STJ. Hasta la fecha, el proyecto sigue en espera. Se trata de una iniciativa autoría de Esteban Vitor (Cambiemos-Paraná), presentada en junio del año pasado. La propuesta pone un límite al uso de los gastos reservados ya que, de sancionarse el proyecto, podrán utilizarlo sólo los organismos dedicados a la prevención y lucha contra el delito. La iniciativa busca recuperar la idea original de estos fondos y asegurar que los recursos aplicados por la provincia para seguridad, información e inteligencia sean efectivamente gastados en esos fines específicos y a que las áreas dedicadas a prevenir y luchar contra el delito los utilicen con eficiencia y racionalidad. En diciembre pasadola Comisión de Legislación General de la Cámara Baja trabajó sobre el proyecto, pero no se volvió a tratar aún en este período legislativo. Qué pasó Según difundió en mayo la revista Análisis además de los fondos que se asignan al gobernador, el ministro de Gobierno y el jefe de Policía “hay una partida que también dispone la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Claudia Mizawak, que se envía desde el Poder Ejecutivo desde el 2010 y es de libre disponibilidad. En el 2015 se habrían gastado cerca de 1,8 millones de pesos y la cifra para este año podría superar los 2,3 millones”. Luego de esa publicación y desde el STJ intentaron una explicación para justificar el acceso a una suma tan importante, teniendo en cuenta además, que los sueldos de la Justicia están entre los mejores de la provincia y gozan, a su vez, de una ley de enganche con la Nación que les permite aumentos con más frecuencias que las que podría asignarle la provincia per se.(RecintoNet)

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