El Juez Federal de Paraná Leandro Ríos, declaró nuevamente la inconstitucionalidad de la ley de Narcomenudeo, y ordenó liberar a un joven detenido el sábado, a quien se le encontraron 300 gramos de marihuana y 50 ravioles de cocaína en un procedimiento realizado en calle 25 de Junio de la capital entrerriana.
Así, y tal como ocurrió en el “caso Pesoa”, el magistrado determinó inválido el procedimiento en el cual se había apresado a Cristian Franco, según difundió La Voz.
Cabe recordar que en el primer fallo, Ríos remarcó que la provincia, al adherir en forma parcial a la ley 26.052, “implementa un novedoso mecanismo de combinación jurisdiccional que altera las relaciones de subordinación y coordinación para con el Estado federal, en el que solamente se asume la investigación preliminar con la facultad de realizar medidas cautelares y coercitivas `urgentes´, rechazando el deber de juzgamiento y eventual sanción de delitos pertenecientes al último eslabón de la cadena de narcotráfico (‘narcomenudeo’), funciones y responsabilidades éstas que delega unilateralmente en la jurisdicción federal, imponiéndole de este modo los límites de actuación al fuero de excepción”.
De esta forma, continuó, la normativa que sancionó en octubre la Legislatura “quiebra la noción misma de potestad jurisdiccional, desarticulando la síntesis de facultades y deberes que el propio concepto encierra, eligiendo selectivamente poderes sin carga alguna”.“Esta original invención en lo referente a la articulación de las jurisdicciones y competencias federal y provincial permite aseverar que no estamos en presencia de una genuina ley de ‘adhesión’, toda vez que si así fuera se debería asumir la competencia en los términos taxativamente fijados en el art. 2 de la ley nacional Nº 26052 para perseguir, juzgar y reprimir ciertos delitos tipificados en la ley de Estupefacientes”, argumentó.“La norma provincial bajo examen, al reservarse sólo la potestad de investigación y de coerción cautelar, consuma una intromisión en el ámbito exclusivo y propio de la jurisdicción federal, y de este modo ‘altera’ la distribución de competencia expresamente fijadas en las leyes nacionales Nº 23737 y 26052. En otros términos: la norma provincial modifica la norma nacional, al fraccionar ‘en partes’ la competencia que la ley nacional Nº 26052 procura transferir en bloque o plenamente, y con ello se subordina la jurisdicción federal fijando la provincia los límites de intervención del fuero de excepción”.
En otro punto argumental, reprochó que con tal normativa se da un como resultado “un proceso combinado e inédito sobre la materia justiciable de los estupefacientes ilícitos, en tanto estandariza de modo general y abstracto procesos híbridos que se originan en los tribunales provinciales, para luego delegarse el juzgamiento y eventual sanción hacia el orden federal. Así, la jurisdicción provincial asume la facultad de investigar, secuestrar y detener, sobre una materia que ab initio se sabe incompetente para su juzgamiento y eventual sanción, porque así ella misma lo determina”.