La resolución, cuyo contenido aún no trascendió al público pero sí repercutió con fuerza en el ámbito judicial, lleva la firma del titular del Juzgado Federal de Paraná N° 1 y declara inconstitucional a la Ley de Narcomenudeo, que hace apenas unos días fuera promulgada por el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, en un acto de alta resonancia política, rodeado de la presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dra. Claudia Mizawak, y el Procurador, Dr. Jorge Amilcar García.

Lo que primero fue una versión en los pasillos de tribunales, halló confirmación en la red social Facebook, gracias a un mensaje publicado por el abogado Fernando Rougier, titular del Copnaf Concordia y de reconocida militancia política en el sector que lidera Enrique Cresto.

En el muro de ASEC (Asamblea por la Seguridad de Concordia), Rougier republicó un mensaje de Enrique Cresto: "Una triste noticia para los entrerrianos y muy buena noticia para los narcotraficantes. La semana pasada se hizo en Paraná el primer operativo bajo la ley 10329, Ley de narcomenudeo. Se encontró en el allanamiento gran cantidad de droga (cocaína) . Se detuvieron a los presuntos tres narcotraficantes. Se los mando a la cárcel y las actuaciones a la justicia federal. Hoy el juez federal Leandro Rios dispuso de oficio la inconstitucionalidad de la ley de narcomenudeo 10329 y ordenó la inmediata liberación de los narcotraficantes".

Esta declaración de inconstitucionalidad abre severos interrogantes acerca de la aplicabilidad de la norma, aunque resta conocer los alcances de la decisión del magistrado y es de suponer que sería apelada.

Profesionales del derecho consultados por elentrerios.com no se mostraron asombrados por la noticia. Muy por el contrario, en su opinión, más tarde o más temprano, ello iba a ocurrir debido a que la llamada ley de narcomenudeo o también de "des-federalización" del combate al narcotráfico de pequeña escala incurre en una "superposición de competencias".

El proyecto de ley de narcomenudeo fue elaborado por el Senador Provincial Enrique Cresto y fue respaldado por las mayorías oficialistas de ambas cámaras, a la par que cosechó duros cuestionamientos, tanto de opositores como de peronistas no urribarristas.

Según recuerda el sitio Página Judicial, Entre Ríos había adherido a la Des-federalización a través de la Ley N° 9.783, pero al momento de su promulgación, el entonces gobernador Jorge Busti suspendió su aplicación “hasta que se obtengan los créditos" que debían remitir el Gobierno nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial de la Nación “a fin de implementar la infraestructura edilicia, disponibilidad económica, movilidades y equipamiento tecnológico (…) más todos los recursos humanos necesarios y altamente capacitados”, según consta en el Decreto N°4.783, firmado por el mandatario.

En aquella oportunidad, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó la adhesión a la ley nacional y advirtió al Gobierno que pondría en marcha “los mecanismos constitucionales a su alcance para evitar la entrada en vigencia de la norma”.

Las contradicción del procurador Garcia: de "repeler" a "aplaudir"

Por aquel entonces, diciembre de 2007, no sólo el Superior se oponía a la ley del narcomenudeo. Hasta el procurador Jorge Amilcar García se pronunció decididamente en contra. En un oficio dirigido al Dr. Daniel Carubia, que en ese momento presidía el Superior Tribunal, García resolvió "repeler la competencia provincial en materia de delitos regulados por la Ley Nacional 26.052".

Pero ante este renovado intento, ni García ni el Superior se opusieron, aunque no faltaron actitudes zigzagueantes.

Jorge Amilcar García pasó de "repeler" a aplaudir la ley de narcomenudeo. "Todos tenemos un desafío -dijo en el acto de promulgación-, en cualquiera de los poderes del Estado: no podemos dejar que esto se convierta en Rosario. Esta tiene que ser la consigna que nos una a todos. El narco llegó a la Argentina para quedarse, y le va a disputar al Estado, a la República, las garantías individuales de todos. Si nosotros no tomamos conciencia de esto, como creemos estar en lo correcto, nos va a tomar un día de sorpresa, como ha ocurrido en otros lados, y cuando las cosas se desbordan, los problemas y las consecuencias son mucho mayores”.

No menos contradictoria resultó la actual presidente del Superior Tribunal, la Doctora Claudia Mizawak, a quien se le atribuyen declaraciones de marzo de 2014 donde en forma contundente rechazaba la ley de narcomenudeo. “La solución no es lisa y llanamente desfederalizar. Si a nosotros mañana nos pasaran toda la competencia de venta al menudeo, terminaríamos abarrotados y sin posibilidad de dar una respuesta cierta y efectiva. Si nos cierran el paso del norte entrerriano y el paso fronterizo a otro país, con una Gendarmería en alerta permanente, sí vamos a poder atender al menudeo, pero si esto es un colador que entra de todo. Vamos a estar saturados”, habría dicho.

Pero Mizawak acaba de participar, junto al gobernador Sergio Urribarri y al procurador García, del acto de promulgación de la norma. Allí, su opinión fue muy distinta: “La ley de narcomenudeo es necesaria porque en muchas causas penales la droga está cruzando hacia otros delitos y la mayoría de hechos de violencia que golpean a la sociedad tienen un componente de esta materia que nos preocupa y ocupa. No hay espacio para mirar hacia el costado”.

Entre los más críticos al proyecto que saliera de la pluma de Enrique Cresto se ubicó Juan José Albornoz (FpV-Gualeguay), titular del titular del Movimiento Evita en Entre Ríos. "No creemos que la solución sea encerrar perejiles. Por lo contrario, bregamos por soluciones de largo plazo, como la creación de una agencia nacional de lucha contra el narcotráfico que pueda centralizar información y actuar en consecuencia bajo un control civil, como propone el legislador por la Capital Federal Jorge Taiana", dijo.

El legislador socialista Lisandro Viale también se opuso. En un texto enviado a los medios, recordó que “la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) a cargo del fiscal Félix Pablo Crous, recomienda a las provincias no adherir a la ley y la considera una mala herramienta jurídica. Crous advierte que la ley engrosa estadísticas (más causas y detenidos), pero no reduce el tráfico. No mejoró la prevención ni reducción de los delitos de drogas, pero produjo más saturación en la justicia local, habilitó nuevas 'cajas negras' para la corrupción policial, y contribuyó a que se dilapiden esfuerzos persiguiendo al consumidor en lugar de a los narcos”, señaló Viale.

Según el Diputado Lisandro Viale, "también la Corte Suprema de Justicia y el Superior Tribunal entrerriano advirtieron que la ley genera una situación absurda: al ser voluntaria la adhesión, en este momento en la Argentina un mismo delito de drogas puede ser de carácter federal u ordinario dependiendo de si una provincia adhiere o no. A la vez la cuestionan el secretario de Seguridad de la Nación Sergio Berni (afirma que dilapida esfuerzos); el fiscal federal ante la Cámara de Apelaciones de Paraná; un juez federal que ya declaró inconstitucional ciertos aspectos de la ley; el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe, Juan Lewis, quien la considera ‘altamente inconveniente’, y sigue una lista larga de especialistas e investigadores académicos sobre el tema”, indicó el socialista Viale.

Una vez que se conozcan los términos de la declaración de inconstitucionalidad del juez federal Ríos, se podrá saber si en su argumentación coincide con algunas de las críticas que se le hicieran al proyecto cuando aún no había sido aprobado.

En ámbitos del derecho suponen que el magistrado habría centrado su dictamen en la mezcla de competencias.

A propósito de la superposición de fueros, el diputado del Frente Justicialista para la Victoria, Dr. Diego Lara, había explicado que tras la puesta en vigencia de la norma el delito seguiría perteneciendo a la esfera Federal, pero existiría la posibilidad de llevar adelante una instancia previa, que es en la que participarían los organismos provinciales.

“La competencia (de la provincia) es parcial y no absoluta, porque por el momento la provincia no está en condiciones presupuestarias para hacer frente a lo que estructuralmente significaría hacerse cargo de la investigación, el enjuiciamiento y eventualmente la sanción del delito”, dijo Lara y agregó: “Se generan herramientas suficientes como para que haya una intervención más a tiempo de la policía provincial, que tiene más posibilidades y recursos que los asentamientos que presenta la Policía Federal o Gendarmería en Entre Ríos”.

Tal vez lo que Lara encuentra lógico desde lo operativo, el juez federal Leandro Ríos habría considerado inconsistente desde lo jurídico, si es que efectivamente fue la mezcla de competencias lo que lo movió a considerar la flamante norma como inconstitucional.

Como fuera, se trata de un fallo que golpea políticamente con mucha fuerza a Sergio Urribarri, que no disimuló su intento por capitalizan la Ley de Narcomenudeo para su campaña presidencial, al prometer que la norma "disminuirá drásticamente la droga en la provincia".

Cabe recordar que en 2014, Marcelo Alejandro Acosta, chofer de la secretaría privada de Urribarri, fue apresado en Rosario cuando transportaba 20 kilogramos de cocaína, para la llamada banda de Los Lagartos.

Asignatura pendiente: El juzgado federal de Concordia

Cuando el gobierno provincial decidió avanzar en la provincialización del combate al narcomenudeo, voces críticas se alzaron para recordarle que hay una ley nacional que lleva ya varios años de aprobada y aún no ha sido cumplida. Se trata ni más ni menos que la creación del Juzgado Federal de Concordia.

En efecto, la creación de dicho juzgado fue prevista para agilizar el accionar de la Justicia Federal, especialmente en el combate al narcotráfico.

Al gobierno de Urribarri se le reprochó que tuviera tanto apuro para provincializar la lucha contra los peces chicos y no hiciera nada para que se cumpla con leyes que permitirían mejorar el combate contra los peces gordos.