La Ley Nacional de Salud Mental Nº26.657 claramente está siendo infringida al dejar "imposibilitado al equipo de salud tratante para poder realizar el trabajo que le compete, vulnerando los derechos del usuario de Salud Mental y de los trabajadores de las distintas disciplinas que intervienen en cada caso", cita dicho documento.

La contradicción de ambas lógicas dejan expuesta una serie de paradojas que terminan obligando a los trabajadores de salud a ejercer aquello que es denominado como violencia institucional, donde -por acción u omisión- las prácticas atentan contra los derechos de las personas. Ante esta situación y poniendo énfasis en que la internación debe responder a criterios terapéuticos definidos por los equipos de salud, se vulnera la legislación específica en la materia (la 26.657) que basa las prácticas de Salud Mental en el respeto de los derechos de las personas, teniendo en cuenta su integridad y dignidad y da prioridad en la definición del tratamiento a los profesionales de salud, dejando claramente expuesto que el Poder Judicial sólo podrá solicitar la evaluación y no dictaminar un tratamiento determinado y mucho menos un tiempo en el que se cumpla.

El sistema sanitario y penal deben y necesitan trabajar en forma articulada pero son espacios y discursos diferentes que requieren autonomía a la hora de las decisiones. Para que algo de esto comience a darse, es necesario continuar un diálogo que permita el encuentro de partes y el pensar estrategias que, fundamentalmente, respeten el derecho de las personas.