Actualmente, el inciso “q” del artículo 150 del Código Fiscal de la provincia establece que está exento, “en un 50 por ciento” del pago del impuesto inmobiliario rural “el inmueble, única propiedad y vivienda del jubilado o pensionado y de su grupo conviviente (…) siempre que los ingresos del beneficiario y de su grupo conviviente no excedan el monto establecido por la Ley Impositiva”.

Un proyecto de ley presentado por los diputados Alejandro Bahler y María Elena Tassistro (Frente Renovador) propone modificar el alcance y las condiciones necesarias para estar comprendido en el beneficio.

De esta manera estará comprendido en la excención “el inmueble, única propiedad y vivienda del jubilado o pensionado y de su grupo conviviente, en un 100 por ciento, siempre que tengan cumplidos los 70 años, sus ingresos y el de su grupo conviviente no excedan el monto de dos salarios mínimo vital y móvil. El citado monto corresponderá al haber nominal mensual percibido en forma regular. El beneficio alcanzará al inmueble del cónyuge del jubilado o pensionado siempre que se acredite el vínculo y el límite de ingresos establecidos en el presente”.

“Esto surge de de una idea presentada por el doctor Alberto José Arias, abogado de la ciudad de Concordia, quien resumidamente argumenta que muchos de estos adultos mayores solicitan repetidamente estos beneficios extraordinarios atento a los bajos ingresos que poseen y lo difícil que se les hace abonar este impuesto”, sostienen los diputados en los fundamentos del proyecto.

Asimismo, en el texto de propuesta legislativa se advierte que muchos jubilados y pensionados mayores de 70 años “corren el riesgo de perder su propiedad por no poder hacer frente a las obligaciones fiscales, porque su ingreso es muy bajo, o porque los gastos médicos van creciendo cada día, el traslado cuesta el doble, y hasta necesitan de una asistencia para desenvolverse”.

“Con el sistema actual muchas de estas personas se ven afectadas por su avanzada edad y, al gozar de una jubilación mínima casi por debajo de la línea de pobreza, no les es posible atender su obligación tributaria sin que se menoscabe su nivel de alimentación, vestimenta, cuidado de la salud y esparcimiento”, fundamentan Bahler y Tassistro.

Tras afirmar que no se puede desconocer “este gravísimo problema social”, interpelan a sus pares en pos de “bregar para garantizar el derecho de que puedan vivir la última etapa de sus vidas de manera digna, y al menos puedan cubrir sus necesidades básicas”.