El documento detalla que "el proceso de análisis" considerará indicadores de carga de trabajo de empleados, "cualquiera sea su forma contractual y su volumen de tareas", al tiempo que especifica que el programa acompañará a los organismos para "la adecuación de sus dotaciones a las óptimas".

Indica a su vez que "teniendo el mapa del estado, se facilita y viabiliza el diseño de una estructura salarial más equilibrada y adecuada a las responsabilidades de los cargos". Y agrega que ·favorece la eficiencia de la administración pública al adecuar la dotación a las "necesidades reales".

Asimismo, plantea sus principales objetivos como "producir una adecuación entre las necesidades de las organizaciones públicas y los aspectos cuantitativos y cualitativos del personal", así como"identificar la dotación de empleados jubilables y de aquellos que podrían acceder al retiro voluntario".

Respecto de la metodología de abordaje, el documento destaca que "cada ministerio deberá conformar un equipo de contraparte con aproximadamente siete personas" que contenga "una autoridad política", un responsable de recursos humanos del ministerio y "cinco profesionales destinados a relevar información junto con el equipo".

El documento también se refiere a una "revisión de los sistemas de contratación" y de "movilización transversal" de los recursos, es decir del traspaso de trabajadores entre distintos ministerios y la reasignación de funciones.

Según informó el matutino Página/12, los 114.962 mil trabajadores rotulados "bajo análisis" en un segundo documento configuran el "53,9 por ciento" del total de empleados públicos (a excepción del personal de seguridad), divididos en 78.533 de planta permanente y 36.409 contratados.

En un cuestionario, que ya se comenzó a aplicar, los trabajadores deben responder sobre su estado civil, sus antecedentes laborales, su nivel de estudios, el tipo de contrato que los vincula al Estado y sobre cuántas horas semanales trabajan. También se les pregunta a qué superior "responde" cada uno y en qué año ingresaron a la administración pública, y se les pide que hagan un resumen "de las tareas cotidianas que realiza". Los datos, completos, le ofrecerán a Modernización un CV reducido de cada trabajador e información relacionada con su situación laboral concreta.

Y agrega que a través de los cuestionarios, el Ministerio de Modernización comenzó en mayo a recabar información sobre ese eventual universo de empleados, hasta ahora lo más parecido a un dato preciso en manos del Gobierno, que entre diciembre y marzo decretó el despido por igual de profesionales, técnicos, científicos, trabajadores con fuertes lazos con el territorio, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.

Por otra parte, sostiene que desde el ministerio que conduce Andrés Ibarra reconocieron la existencia de los documentos y la puesta en marcha del "plan", aunque negaron zar en nuevos despidos. "Tiene que ver con la estrategia de recursos humanos", dijeron, y explicaron que el término "dotación óptima" refiere "a la optimización de los recursos, porque hay áreas donde falta personal y otras donde sobra". Para graficar la posición, aseguraron que no habrá otro decreto como el 254/15, que habilitó a Ibarra a la primera "revisión" en diciembre pasado, y sostuvieron que "de haber nuevos despidos, correrá por cuenta de cada ministerio".