Las escuelas católicas de la provincia hicieron saber al Consejo General de Educación (CGE) que no podrán cumplir con una disposición del organismo que obliga a directores y rectores a informar en forma diaria novedades sobre ausentismo de los docentes.

La postura fue consensuada el 17 del actual, durante una reunión de la Comisión Provincial de Educación Católica de Entre Ríos que se desarrolló en Villaguay. Luego de ese encuentro, las tres diócesis de la provincia -Paraná, Concordia y Gualeguaychú-hicieron una presentación formal de idéntico tenor al CGE, a través de sus juntas de Educación Católica.

El director de Educación Privada del CGE, Walter Galarza, recibió esas tres presentaciones en la que le dicen que no podrán cumplir la directiva oficial del Gobierno. En concreto, pidieron que se "exima" a las escuelas confesionales "del control de asistencia diaria de los docentes" tal cual lo ordena la resolución Nº 2.566, firmada por el titular del CGE, José Luis Panozzo.

La Junta de Educación Católica de la diócesis de Paraná hizo saber a los apoderados de las escuelas católicas de la diócesis que la "exención" que pidieron al CGE "se sustenta en el principio de autonomía derivado del derecho de libertad de enseñanza tutelado constitucionalmente".

La postura de las escuelas católicas surgió luego de que el 4 del actual el Consejo de Educación emitiera la resolución Nº 2.566 que amplió el contenido de otra norma, la N° 2.565, dictada el 3 de julio de 2008, por la que se aprobó un manual de funciones de directores de escuela, y se les impuso el deber de informar sobre asistencia de docentes, con la vista puesta en sancionar con descuento salarial a aquellos que se sumen a las huelgas sindicales.

Según esa directiva, el CGE quiere que los directores realicen "el control y carga de las asistencias del personal del establecimiento", a través del Sistema de Administración de Gestión Educativa (SAGE). La normativa fija que "todo el equipo directivo deberá cargar la asistencia diaria del personal de su establecimiento educativo".

Además de esa resolución, el titular de Educación, José Luis Panozzo, envió una nota a todos los directores departamentales de Educación para que, a su vez, notifiquen a cada directivo de la medida. Allí, le recuerda a cada director que el "control y cargas de asistencia" es un "deber establecido como función y responsabilidad del personal directivo".

El sacerdote Oscar Rigoni, titular de la Junta de Educación Católica del Obispado de Concordia, explicó que lo que se pidió al Consejo de Educación es una "reconsideración" de la medida y que mientras se analiza el impacto de la medida se la mantenga "en suspenso". 
Al respecto, dijo: "Nos están pidiendo que carguemos información diaria sobre los docentes que van a trabajar y los que no. Nosotros ya lo venimos haciendo, pero bajo otra modalidad. Hacerlo en forma diaria nos demandaría poner a una persona exclusivamente para esa tarea, y las escuelas no están en condiciones económicas de hacerlo".

Pero el planteo de rechazo a la disposición de Educación no fue sólo de las escuelas católicas, sino que también hubo una presentación de la Asociación de Escuelas Públicas de Gestión Privada de Entre Ríos, que agrupa a colegios confesionales y no confesionales.

Jesús Penayo Amaya, titular de la institución, explicó que las escuelas privadas "siempre han informado sobre las novedades docentes. Ahora lo que nos están pidiendo es que lo hagamos en forma diaria. Esa es un trabajo que se nos vuelve imposible. Hay que tener en cuenta que hay escuelas sin conexión a Internet, y que se les complica cumplir con esa directiva".

Penayo Amaya se muestra sorprendido por el cambio que observa en el CGE, ya que, asegura, "antes había diálogo, y ahora parece que no. Parece que hubo un cambio en la forma de manejarse del CGE -aseveró-. Ahora, el diálogo no es tanto. Ni se nos habló ni tampoco se nos informó del motivo por el cual se piensa implementar ese mecanismo de control".

El dirigente plantea, además, que el Estado pretende ejercer control sobre personal docente que no es de la órbita estatal, sino que tienen una relación laboral directa con los apoderados legales de las escuelas privadas.

"Nos quieren decir cómo controlar a nuestros propios docentes, cuando se sabe que quienes más controlamos somos los de gestión privada. No entendemos cuál es el objetivo de esta medida", aseveró.