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  PROVINCIALES  21 de agosto de 2016
El Gobierno evalúa designar por concurso al directorio del EPRE
Fue removido Marcos Rodríguez Allende y no será promovido el actual subinterventor, Jorge Rodríguez. No hay nombres y a fin de mes está convocada una audiencia pública para la revisión tarifaria.

Luego de la remoción del interventor del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), Marcos Rodríguez Allende, se avanzaría en el cumplimiento de lo que establece la ley de creación del organismo, y haría un concurso público para designar a los nuevos directorios.

“En el borrador de decreto que se está redactando para la designación de la persona que va a reemplazar a Rodríguez Allende ya va a estar prevista la convocatoria a concurso público”, dijo una fuente del Gobierno.

También, la fuente confirmó que, luego de la salida del abogado que representa al ex gobernador Sergio Urribarri y su familia en la causa por enriquecimiento ilícito en la Justicia, el subinterventor del EPRE, Jorge Rodríguez, ex titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) no quedará a cargo. “Ese también está complicado para seguir, por una causa en la Justicia”, agregó. Rodríguez tiene una denuncia en la Justicia por supuestos manejos irregulares en Vialidad.

Hasta la noche de este viernes, sin embargo, no había ningún nombre confirmado para asumir al frente del Ente Regulador, aunque en el Gobierno confían en que la designación ocurrirá antes de la audiencia pública para la revisión quinquenal de la tarifa eléctrica, que ocurrirá a fina de mes.

Echado

La salida del Gobierno –pero no de la función pública, por cuanto Rodríguez Allende es personal de planta del EPRE, donde está a cargo del área jurídica—del ex titular del EPRE se produjo a pedido del gobernador Gustavo Bordet. Aunque en su carta de dimisión, el mediático abogado habló de una decisión personal. 

En ese texto expresó que “vengo por intermedio de este acto, y atento a causas estrictamente personales y profesionales, a poner a disposición mi renuncia al cargo de Interventor del Ente Provincial Regulador de la Energía, que con mucha honra me asignara.

“Aprovecho asimismo a expresar (SIC) mis más sentidas disculpas si por causas estrictamente atenientes a mi profesión puse en malestar a esta gestión. Recordando también que mucho se ha trabajado en lo que se refiere al sector eléctrico y que en todo momento estaré a disposición de cualquier requerimiento. Saludo a Usted muy afectuosamente con un fuerte abrazo”, expresó Rodríguez Allende. 

El huevo de la serpiente fue el excesivo involucramiento del abogado en su rol como abogado en el ejercicio de la defensa de narcotraficantes en la Justicia, tema por el cual aparecía con bastante asiduidad en las crónicas policiales. 

“El Gobernador no quiere que sus funcionarios defiendan casos de narcotráfico. Esta es la verdad y lo que se transmitió”, indicó la fuente. 

Oficialmente, el Gobierno informó que la salida de Rodríguez Allende de la intervención del EPRE fue a pedido de Bordet. Según la explicación oficial, el Poder Ejecutivo consideró que “la actividad que viene desarrollando como defensor de numerosos acusados de narcotráfico es incompatible con la funcionario provincial”. 

Sucesión 

Desde que se desregularon los servicios públicos, y se privatizó la ex Empresa Provincial de la Energía Eléctrica (EPEER) y se dio lugar a la Empresa Distribuidora de Electricidad de Entre Ríos SA (Edeersa), a mediados de los ‘90, con la creación del Ente Regulador, se inició una etapa sucesiva de intervenciones. 

Pero ahora, la decisión del Gobierno es que esa etapa concluya con la regularización del organismo de control, en la línea que ya ocurrió con el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos.

En realidad la Ley Nº 8.916/952 de Marco Regulatorio Eléctrico, que dio forma al EPRE, establece que el organismo “gozará de autarquía y tendrá plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público y privado, y su patrimonio estará constituido por los bienes que se le transfieran y por los que se adquieran en el futuro por cualquier título”. 

El artículo 49º fija que el Ente Regulador “será dirigido y administrado por un directorio integrado por tres miembros, de los cuales uno será el presidente, otro vicepresidente y el restante vocal”. Y que esos funcionarios “serán seleccionados por concurso público entre personas con antecedentes técnicos y profesionales en la materia y designados por el Poder Ejecutivo”.

La norma dice que los mandatos durarán seis años y podrán ser renovados en forma indefinida. Y que ninguno de ellos podrá ser propietario ni tener interés alguno, “directo ni indirecto, en empresas reconocidas como actores” dentro del servicio eléctrico. 

Lo que dicen Zavallo y Lena

El diputado provincial de UNA-Frente Renovador, Gustavo Zavallo, opinó que, a partir de la renuncia del interventor del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), Marcos Rodríguez Allende, “se abre una nueva etapa para Entre Ríos, el momento ideal para establecer los mecanismos de designación de autoridades que establece la ley 8.916, con el objetivo de dotar de mayor transparencia y eficiencia institucional al Estado”. 

La norma a la que hace referencia el legislador, especifica en su artículo 50 que los miembros del directorio del EPRE serán seleccionados por concurso público, entre personas con antecedentes técnicos y profesionales en materia energética. 

“Así como con el Tribunal de Cuentas, el gobierno entrerriano debe poner a trabajar las leyes existentes y sus marcos regulatorios, a fin de dotar de calidad institucional al Estado”, destacó Zavallo, quien no renegó de la etapa intervencionista “ya que en su momento sirvió para superar un bache regulatorio”, pero que en la actualidad “no posee sentido, teniendo mecanismos que pueden brindar transparencia y profesionalismo a un organismo esencial para el funcionamiento administrativo”. 

Marcar la cancha 

“Diputados de Cambiemos le marcan la cancha al gobernador Bordet”. Así se titula un comunicado que emitió la diputada Gabriela Lena, en el que se destacó que ella misma había cuestionado “la doble función” que Rodríguez Allende cumplía como funcionario público y como defensor del ex gobernador Sergio Urribarri y otros funcionarios sospechados de actos de corrupción. 

La legisladora sostuvo que el pedido del gobernador fue luego de que ella misma presentara un pedido de informes. “Rodríguez Allende está de los dos lados del mostrador”, cuestionó por entonces Lena, donde además, anunciaba la presentación de un pedido de informes al Poder Ejecutivo entrerriano para saber sobre la doble función que el abogado paranaense cumplía.

“Esta situación de incompatibilidad que poco tiene que ver con la ética y la moral se vio agravada esta semana cuando el abogado en cuestión se presentó, como en otras ocasiones anteriores, como letrado defensor de un narcotraficante, lo que de acuerdo con lo que trascendió en la prensa habría molestado a Bordet, que viene adoptando una posición contraria en contra del negocio del narcotráfico”, dijo luego Lena en el comunicado. 

“Bordet hace lo que corresponde o, mejor dicho, lo que debió hacer desde el primer día de su asunción como gobernador”, manifestó la dirigente radical de Chajarí, quien destacó la medida señalando que nunca es tarde para corregir el rumbo.

 

 

 


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