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  INTERES GENERAL  13 de agosto de 2016
Diez años de una asignatura pendiente
Cada vez que se está a punto de iniciar el debate final para aprobar de una vez por todas una norma que regule el uso de agroquímicos aparece un impedimento.

Un nuevo obstáculo asoma en el horizonte para cumplir el objetivo de evitar la promulgación de una norma que establezca un marco jurídico para la utilización de plaguicidas: la creación de una comisión bicameral para abordar el tema.

Este ámbito parlamentario está previsto para hacer un seguimiento a una institución o la creación de un nuevo organismo estatal. Los casos más conocidos son los que refieren a la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y la Defensoría del Pueblo. Se desconoce si estos comités se han reunido alguna vez en los últimos cuatro años.

¿Hay motivos para conformar un ámbito de estas características para redactar una ley? Ninguno. En el Senado el argumento que dieron a EL DIARIO es que la bicameral permitirá lograr una redacción conjunta entre el oficialismo y la oposición y esto, precisamente, evitará la dilación, como viene ocurriendo. 

Con ese criterio se tendrían que conformar varias bicamerales. Hay otros que eligen la máxima del General cuando dijo: “Si querés que algo no prospere, armá una comisión”.

La Cámara de Diputados viene de desestimar un proyecto con media sanción del Senado impulsado por los ex senadores Enrique Cresto y Oscar Arletazz.

En la actualidad hay dos proyectos que tienen estado parlamentario, esto es, que están en comisión y pueden ser tratados en cualquier momento. Una iniciativa duerme en la Cámara baja y otro en el Senado. Al primero se le dio media sanción en diciembre del año pasado.
Los senadores Ángel Giano y Mario Torres están abocados en la elaboración de un nuevo texto que regula el uso de agroquímicos, “basado en los principios de protección de la salud humana, protección del medio ambiente, los recursos naturales y en la protección de la producción agrícola”.

Piruetas. En las últimas horas se dio a conocer un caso que cada tanto se repite y que de tanto repetirse hasta deja de ser noticia. Una docente de la Escuela 11 Valentina Páez, de Rincón del Doll, en el departamento Victoria, denunció que un mosquito expandió agrotóxicos al aire y el veneno afectó de lleno al establecimiento escolar. Según informó la organización Paren de Fumigar Escuelas, los docentes llamaron a la Policía que “corrió” al mosquito que estaba en un campo lindero. “La secundaria estaba en clases y la primaria en recreo. El viento soplaba en dirección a la escuela y todo el veneno llegó de lleno. Después, la cocinera tuvo un ataque de asma, otros docentes manifestaron sequedad en la boca, ardor y picazón en la piel, los ojos y dolor de cabeza”, denunció la docente Alejandra Pereira.

El soplido del viento esparciendo por hectáreas el veneno es tan conocido como el veneno mismo. De ahí que hubo intentos de minimizar los efectos de la lluvia ácida con leyes que, por lo menos, reglamenten la altura en que las avionetas puedan regar los campos entrerrianos con plaguicidas. Ni siquiera esa migaja se permitió aprobar los legisladores. Raúl Solanas, en el 2009, movió el avispero. No hubo caso. Unos cuantos años antes, en 1992, cuando comenzó a asomar el boom de la soja, que dio lugar al actual perfil productivo, el radical Antonio Boleas pidió que se creara en el ámbito parlamentario un área referida al medio ambiente. Años después el senador justicialista Hugo Cettour intentó algo similar. No hay nada.

En 2006 el senador peronista Hugo Berthet presentó un proyecto que recién en 2011 se convirtió en la ley 10.028. La misma regula el depósito de los envases de los plaguicidas que quedaban a la deriva de las rutas o en el medio del campo y, en muchas ocasiones, la peonada los juntaba para darle otro uso con una simple enjuagada de agua. La ley está vigente, pero no se cumple. El Estado jamás pudo crear una policía que se encargue de estos controles.

En 2010 el diputado del Nuevo Espacio, Héctor De la Fuente directamente presentó un proyecto para prohibir las fumigaciones. Oficialismo y oposición se fueron en promesas de una inminente aprobación que no se dio. El senador de Cambiemos, Exequiel Blanco, solicitó lo mismo.

Decir que no hay un marco jurídico para los plaguicidas es una falacia. En Entre Ríos rige la ley 6.559 y tiene dos decretos reglamentarios (4.483 y el 5.575 de 1995). Ahí está, lista para ser cumplida hasta que se apruebe una nueva.

Proponen suspender fumigaciones en Entre Ríos

El senador provincial Exequiel Blanco (Cambiemos-Tala) presentó hace unos días un proyecto de comunicación solicitándole al gobierno una suspensión de las fumigaciones aéreas “teniendo en cuenta los efectos negativos” que los agroquímicos provocan en la salud humana.

Si bien el legislador no fija límites de tiempo a la suspensión, deja entrever que podría instrumentarse mientras se debate una modificación de la ley vigente sobre el uso de plaguicidas o se elabora un nuevo marco regulatorio “para proteger la salud humana animal y vegetal”. La iniciativa surge mientras en la Legislatura acaba de conformarse una comisión bicameral para avanzar en la elaboración de un texto que unifique todos los proyectos en danza sobre la regulación del uso de agroquímicos en la provincia.

En los fundamentos de su proyecto, Blanco señala que “el actual modelo de producción agraria, sustentado en la producción agro-industrial de granos de generación biotecnológica u organismos genéticamente manipulados, conlleva a utilizar cantidades crecientes de plaguicidas” y sostiene la necesidad de suspender las fumigaciones aéreas con agrotóxicos “en los considerables informes realizados por especialistas y reportajes a personas afectadas”. Por ejemplo, cita un informe realizado por la campaña “Paren de Fumigar las Escuelas”, Agmer y la Asamblea Ambiental Ciudadana de Concepción del Uruguay donde aseveran que “el 80% de las escuelas rurales entrerrianas denuncian ser fumigadas entre cuatro y ocho veces al año, sin existir responsables en cuanto siquiera al cumplimiento de la ley”.

Una ley de la dictadura. En Entre Ríos, el uso de los tóxicos para los cultivos se rige por una “ley” de la dictadura. La Ley de Plaguicidas Número 6.599 fue sancionada en 1980, en tiempos de la intervención militar de Carlos Aguirre, aunque luego tuvo correcciones, en 1995, a través de los decretos reglamentarios.

La norma establece que “toda persona que se decida aplicar plaguicidas por aspersión aérea o terrestre, deberá tomar las precauciones del caso para evitar ocasionar daños a terceros” y prohíbe “la aplicación aérea de plaguicidas agrícolas dentro del radio de tres kilómetros a partir del perímetro de la planta urbana de los centros poblados”.

La ley vigente ha sido severamente cuestionada por organizaciones ambientalistas, que la califican como “arcaica” y han dicho que “no guarda una protección preventiva y precautoria del medio ambiente”.

En el contexto de ese debate (ver aparte) es que aparece el proyecto de Blanco, quien plantea que “vería con agrado” que el gobierno suspenda las fumigaciones aéreas, teniendo en cuenta que la legislación que regula el uso de plaguicidas en la provincia “es muy desactualizada”.

Sin embargo, la propuesta no es novedosa, ya que en el año 2009 el entonces diputado nacional Raúl Solanas (PJ) había presentado un proyecto para que “se suspenda en todo el territorio nacional por un plazo de seis meses el uso y aplicación de glifosato”, para realizar un estudio científico y un dictamen consecuente, determinando “un órgano de control y seguimiento para la utilización de este herbicida utilizado en la agricultura”. Esa iniciativa no tuvo eco. Tampoco lo tuvo una propuesta similar que presentó el diputado provincial Héctor de la Fuente (Nuevo Espacio) en 2010.



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