Tras el fracaso de las audiencias de conciliación entre la Empresa de Energía de Entre Ríos (Enersa) y Adecen, el organismo provincial dispuso (mediante la Resolución 913) una medida urgente que obliga a que la prestadora cese “de manera inmediata” con la violación de la Ley de Protección y Defensa de los Consumidores, ya que en la aplicación de la suba se registraron vicios.

La disposición que se ordenó se basa en que la compañía estatal “no respetó el artículo 4 de la Ley 24.240, es decir, incrementó las tarifas  y en ningún momento notificó debidamente a los usuarios como hacen todas las empresas y como está exigido en las normativas con contratos por tiempo indeterminado”, explicó el abogado, detalló que Enersa “nunca notificó el incremento, cuánto es el porcentaje, qué rubros están implicados, cuál es el impacto total que tuvo con la carga impositiva y cuál es la vigencia temporal”, subrayó Muñoz.

Además, Defensa del Consumidor podría sancionar a la distribuidora por práctica abusiva, según el artículo 37 de la norma nacional.

En ese marco, el organismo podría multar a la prestadora con una sanción de hasta 5 millones de pesos, aunque la disposición no retrotrae el aumento, ya que el Estado provincial no se aggiornó a la Ley nacional, por lo que se le amputó a Defensa del Consumidor la posibilidad de disponer la reparación del daño producido.

Ante ese escenario, para frenar las subas Adecen recurrirá a la justicia, confirmó Muñoz, quien adelantó que la audiencia previa al juicio será el próximo el 3 de agosto, a las 10, a la que se concurrirá con las pruebas que se lograron en la instancia administrativa, en la que se dispuso que la empresa modifique su conducta, ya que infringió la Ley.

En ese sentido, remarcó que “el objetivo final, que es la devolución del dinero, necesita, necesariamente una orden judicial que diga que los aumentos son ilegítimos, por lo que se precisa una resolución que no deje pasar el tiempo, ya que la empresa deberá devolver la plata y es mucho dinero el que se está cobrando demás”.

La medida se da en el marco de los aumentos de tarifa eléctrica que comenzaron en febrero, por la quita de subsidios nacionales y la inflación, que se estiman que llegaron a tener un impacto de entre un 80 y 90 por ciento en la boleta domiciliaria y, en algunos casos, la suba fue del 130 por ciento.