Desde el 29 de febrero, el servicio del transporte escolar rural pasó del Consejo General de Educación a la órbita del Instituto Autárquico Becario Provincial. La decisión fue poner la atención sobre esta prestación, para optimizar la utilización de los recursos, objetivo de difícil cumplimiento en el CGE a partir de la multiplicidad de funciones que tiene a cargo. O sea el Consejo no estaba en condiciones de atender un servicio que tiene que ser muy ágil y rápido porque es diario e involucra a 8500 alumnos que deben ser trasladados a las escuelas, de modo que no admite trabas entre escuela, transportistas, alumnos y Estado. 
Además, el Inaubepro otorga becas de estudios para alumnos de zona rural que deben trasladarse diariamente a los establecimientos escolares. Ocurría que como las erogaciones correspondían a dos organismos diferentes, el transportista solía pedir al estudiante un pago por el traslado, lo que concretaba con los recursos de la beca. Esto se define como una irregularidad porque el transporte ya estaba pago y una forma de superarlo, se entendió, era unificar en una sola dependencia ambas cuestiones. 
Al respecto, la titular del Inaubepro, Mayda Cresto, sostiene que “el pago debe ir al transportista por el servicio que presta, y la beca debe cumplir su finalidad: ir al bolsillo del estudiante para que la utilice para los gastos que demande su estudio”. 
CAMBIOS Y CORRECCIONES. Mayda Cresto señaló que con el paso de los años se fueron dando una serie de irregularidades que se tratan de revertir. En principio el atraso en los pagos a los transportistas era frecuente y generaba distorsiones. 2015 terminó con 6 meses de deuda. 
Así, por ejemplo, con la excusa de atrasos en los pagos, se liquidaban recorridos más extensos de los que realmente se hacían. Llegó a tratarse de una situación aceptada desde el mismo Estado que, ante el atraso, convenía pagar algo que efectivamente no se hacía, como una suerte de compensación ante el incumplimiento en el que incurría. 
Por estos días, personal del Instituto con la propia titular del organismo, está finalizando un relevamiento en el que, a bordo del transporte, se hace el recorrido y con GPS determina exactamente la realidad del servicio, para luego determinar el presupuesto en función del trayecto a cubrir. 
Ajustándose a la prestación que realmente se brinda, en el Instituto estiman que podrán acercar el servicio a otras zonas donde se necesita, como es el caso de Diamante. “Además, hay un compromiso del gobernador que no se van a producir nuevos atrasos (en los pagos), lo que genera expectativas: cobrar en tiempo y forma les permitirá hacer previsiones para actualizar la unidad, mejorarla, trámites de seguros y habilitaciones al día. 
Son unos 70 transportistas diseminados en todo el territorio provincial los que actualmente prestan el servicio. 
LICITACIÓN. El proceso licitatorio se haría este año pero corresponderá a 2017. Hace más de 10 años que solo hay renovaciones, lo que dio lugar a cierta comodidad en los prestadores. 
“Por supuesto que en el marco de un proceso licitatorio, quien haya prestado un buen servicio, se va a contemplar”, aclaró Cresto. “La idea es que siga siendo gente del lugar la que brinde este transporte, que exige vocación de servicio, y es importante el conocimiento de la persona a la que uno le confía el traslado de un hijo, más allá de que se trate de un negocio. 
“El cronograma prevé que en julio se empiece a trabajar con las licitaciones 2017 con tramos depurados”, puntualizó Cresto, y en esa tarea están por estos días. Depurar el tramo significa, poder saber exactamente el kilometraje que recorre un transporte. 
Por eso, a diferencia de lo que ha ocurrido hasta el cambio de dependencia, -se ordenaba desde Paraná-, ahora van al territorio. El jueves por ejemplo, el equipo del Instituto estuvo en Concordia, desde muy temprano, saliendo en transporte escolar, chequeando con GPS el recorrido, viendo los lugares. Eso permite entre otras cosas, en los distintos recorridos apreciar situaciones que no deberían ocurrir: no se trata de buscar a los alumnos en la puerta de sus casas, sino un servicio con puntos de encuentro a los que los padres deben acercar a sus hijos para que accedan al transporte; tampoco de trasladar a todos –solo a aquellos cuya situación socio-económica amerita-. Asimismo, en ocasiones, el transportista cobra una suerte de boleto al alumno, o bien presta el servicio de traslado a vecinos. 
Otra variante es el transportista que sale a buscar alumnos y pedir la habilitación de más unidades y poder cobrar más. Sucede que el criterio que se impulsa es que los estudiantes concurran a la escuela más cercana a su casa. “Ha sucedido que transportistas de un departamento con ansias de cobrar más salen a buscar chicos de otros departamentos y le hacen recorrer decenas de kilómetros hasta llegar a la escuela, cuando en realidad pasa por la puerta de otros tres establecimientos más cercanos, antes”. 
“Hay que tratar de optimizar todo al máximo para que el recurso alcance y se pueda cubrir la mayor cantidad de tramos donde esté la situación de necesidad”, definió la funcionaria consultada. 
Ya se hicieron reuniones con todos los transportistas y ahora se está en una segunda rueda de conversaciones. 
En las reuniones se invitó también a los intendentes, los presidentes de juntas de gobierno, los legisladores, los docentes y directivos. 
Por el estado de los caminos, algunos intransitables, los transportistas reclaman. Por eso la importancia de que estén las autoridades locales, los legisladores del departamento y también los jefes zonales de Vialidad. 
“Durante abril como lo hicimos en marzo, vamos a recorrer los establecimientos chequeando los tramos. Se firma un acta y queda acreditado el kilometraje real que cada transportista recorre o la situación puntual que se observa. A partir del 1 de mayo ya tendríamos la situación real de cada transporte por departamento” lo que permitirá iniciar el proceso licitatorio para el año venidero. “Estaríamos en condiciones de preparar los pliegos para las licitaciones para 2017 y contemplar tramos que hoy no lo están y que es urgente hacerlo”, dijo Cresto. 

Al día 
Los pagos atrasados, dijo Mayda Cresto, en general se han ido poniendo al día, excepto en aquellos casos en los que el transportista no cumplimentó la presentación de toda la documentación. 
Respecto de este año, el 31 de marzo terminó de prestarse el servicio de ese mes y se le dio un plazo de 5 días hábiles para presentar al Instituto Becario toda la documentación, seguro, recorrido, habilitación iniciado, planilla amarillas, listado de alumnos que transporta y “nos hemos comprometido que al vencimiento de ese lapso y con la documentación presentada, en 30 o 45 días estaríamos abonando el servicio del primer mes de clase”. 
El kilómetro se paga $ 11 cuando se trata de una unidad de hasta 24 asientos, y $15, para más de 24. 
La titular del Inaubepro aclaró que todo lo que ya está relevado, se va a pagar de acuerdo a lo que está verificado. Si el transportista presenta de marzo un recorrido con un kilometraje que no condice con lo que efectivamente fue chequeado, se pagará lo que se constató. 

Servicio en cifras 
- 16 departamentos 
- 8500 estudiantes 
- 70 transportistas