Desde un buen tiempo, ATER se encuentra en el ojo de la tormenta mediática. Primero se dio a conocer el fraude al fisco a través de “compensaciones truchas” que hacían a empresarios deudores, con la anuencia de un grupo de empleados. El escándalo terminó en la Justicia y no está claro hasta dónde llega la cadena de complicidades dentro del organismo descentralizado provincial. Luego, a fines de 2015, los trabajadores manifestaron que atravesaban una situación de incertidumbre cuando el ente quedó casi acéfalo, ya que su director Marcelo Cassaretto había salido de vacaciones sin señales de que volvería. Mientras tanto, se nombró a Sergio Granetto como nuevo director, pero en ese escenario también trascendió que había intenciones del gobernador saliente, Sergio Urribarri, de tercerizar los servicios a partir de contratos millonarios mensuales con privados.

Ahora, un nuevo conflicto salpica la imagen de la ATER. Una asamblea de trabajadores dejó de manifiesto la decisión de la Fiscalía de Estado de quedarse, desde el 1 de enero, con la gestión de todos los juicios por deudas tributarias que llevaba la Administradora Tributaria. La medida que generó un hondo descontento, está contenida en la resolución Nº 003 del 14 del actual, mediante la cual el fiscal de Estado dispuso dejar “sin efecto toda disposición de la Fiscalía de Estado por la que se haya encomendado el cobro de acreencias fiscales a organismos y/o procuradores con anterioridad al dictado de la presente”.

Eso dice el artículo primero; el segundo, dispone que “todos los títulos derivados de certificados de deuda tributaria sean remitidos a la Fiscalía de Estado a partir del 1º de enero de 2016”.

La decisión de concentrar en la Fiscalía de Estado todo trámite de gestión judicial de cobro de deudas impositivas se apoya, según la directiva, en el artículo 209° de la Constitución Provincial, que dice que el fiscal de Estado “es el encargado de defender el patrimonio del Estado Provincial. Es parte legítima y necesaria en los juicios contencioso-administrativos, de inconstitucionalidad y en toda controversia judicial en que se afecten intereses del Estado, pudiendo tomar intervención en los juicios de interés municipal cuando la gravedad de la cuestión, a su criterio, pudiera comprometer al erario provincial”.

Pero también se apoya en el texto del decreto Nº 5.028/11, que dispuso que “será la Fiscalía de Estado el organismo encargado en forma exclusiva y excluyente de promover todas las acreencias judiciales para la recepción de las acreencias fiscales derivadas de multas y tasas que apliquen los organismos e impuestos determinados por la Dirección General de Rentas de la Provincia”.

Cuando se creó la ATER en 2011, se fijó que al organismo le cabe la misión de “coordinar con la Dirección General del Notariado, Registro y Archivos las acciones necesarias para el cumplimiento de sus finalidades; y enviar a la Fiscalía de Estado los créditos para su gestión y cobro judicial”.

Trasfondo

Pero hay ciertas razones detrás de la decisión de la Fiscalía de Estado sobre los juicios por deudas tributarias. Según confiaron fuentes oficiales cercanas a la Fiscalía, “ATER tiene 28 mil juicios actuales”. “En 2012 tenía 6.000 procesos. Han multiplicado casi por cinco la litigiosidad. ¿Cuál es la razón? La Fiscalía de Estado tiene a su cargo actualmente 6.000 juicios y ha venido disminuyendo la cantidad de procesos desde 2008 en adelante”.

Además, “los 28 mil juicios han sido asignados discrecionalmente. Los juicios de la Fiscalía de Estado son asignados a los profesionales pertenecientes a la planta permanente de la Fiscalía o a alguno de los 18 representantes delegados en cada departamento o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contratados específicamente para esa función”.

“La Fiscalía de Estado remite anualmente, cada 31 de marzo, a cada una de las Cámaras Legislativas y al Poder Ejecutivo, el listado de todos los juicios en trámite con su radicación y estado procesal. Los juicios de ATER no son rendidos a nadie”, se marcó.

Se indicó también que “la Fiscalía de Estado no tiene una sola acusación acerca de irregularidades en ninguno de los 6.000 juicios que lleva al menos desde el 1 de febrero de 2008”. “Sobre los juicios de ATER, a pesar de no haber auditoría, existen numerosas causas en las que se detectan irregularidades informadas por los juzgados a la propia Fiscalía”.

“Los abogados de ATER perciben el 100 por ciento de sus honorarios y los cobra el abogado que lleva la causa. Las sumas percibidas por los procuradores de ATER no se conocen. Pero si se considera el honorario mínimo de 9.000 pesos por causa, tenemos 252 millones de pesos de piso mínimo. Por supuesto el mínimo siempre se supera. En una sola causa real (no hipotética) por casi 5.000.000 de pesos, un abogado tiene regulados 450.000 pesos. Los honorarios de los abogados de la Fiscalía se depositan en una cuenta establecida por ley. Una parte se asigna a gastos de la Fiscalía (libros, pago de becas, pago de cursos de capacitación y traslado) y la otra se distribuye entre el personal de la Fiscalía. Actualmente hay un plazo fijo de 900.000 pesos en el Banco de Entre Ríos en esa cuenta para funcionar todo el año”, se precisó.

Asimismo, se aseguró que “los abogados de la Fiscalía defienden al Estado en los juicios en que la provincia es demandada por más de mil millones de pesos y se paga por año juicios por un promedio de 50 millones. Los procuradores de ATER solo tienen juicios en los que son actores y no se sabe cuál es el crédito total, cuándo y cómo lo van a cobrar”.

“Los juicios que lleva la Fiscalía están cargados en un sistema en el que se contienen todos los documentos del juicio (la demanda, la contestación, la prueba, la sentencia y cada movimiento). Los juicios que lleva ATER se cargan en un sistema que no documenta nada del proceso”, se dijo también.

Se argumentó que “la Fiscalía de Estado es el órgano que de acuerdo a la Constitución debe llevar todos los juicios en los que el Estado es actor o demandado. Sin embargo, por distintos motivos, Rentas siempre resiste enviar los juicios a la Fiscalía”.

Por último, se indicó que se evalúa pedir al Tribunal de Cuentas una auditoría sobre todos los juicios en trámite.