"Hoy ponemos en marcha de manera completa, efectiva y real un nuevo sistema de enjuiciamiento penal adecuado a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales, y con un principio elemental que es la independencia de los jueces”, añadió el mandatario.

Urribarri, que participó este lunes del acto donde también juraron los magistrados y funcionarios designados, expresó además que "el llegar a esta instancia, no significa quedarnos de brazos cruzados. Hay cosas por hacer. Queremos bregar por una reforma en lo laboral y también en lo civil”.

En el Centro Cultural de Convenciones La Vieja Usina, de Paraná, y con la presencia del vicegobernador José Orlando Cáceres y todos los miembros del Superior Tribunal de Justicia, se realizó este lunes la ceremonia de inicio de actividades del nuevo Código y la toma de juramento de los magistrados y funcionarios designados para llevar adelante la implementación del nuevo sistema de enjuiciamiento penal.

Con la puesta en funcionamiento en Paraná, cobró plena vigencia en todo el territorio provincial el nuevo Código Procesal Penal que venía siendo implementado progresivamente en distintas jurisdicciones, y sólo faltaba el principal distrito entrerriano.

Con esta medida se le dará una mayor celeridad a las causas con menor burocracia en la tramitación de expedientes. En el código prevalecerán dos características fundamentales: eliminación de la potestad de investigar al juez de Instrucción, otorgándosela al fiscal; y la oralidad del proceso en todas las instancias.

El gobernador sostuvo: “Como titular del Poder Ejecutivo entiendo que sólo cumplimos con el deber. Ocurre que, a veces cuando uno escucha agradecimientos por cumplir con el deber, se pregunta si no habrán pasado cosas distintas en estos últimos años. Pasaron cosas distintas porque nos manejamos con un respeto mutuo, recíproco, no hubo cuestiones menores, nimiedades, egos ni personalismo que demoren o impidan que las decisiones de algunos de los Poderes logren sus resultados. Es así que pudimos, en ese entendimiento, encontrar soluciones”.

Tras ello señaló: "Que los fiscales investiguen y eleven a juicio en los casos que así sea, que los defensores confronten y que los jueces emitan sentencia de acuerdo al principio de imparcialidad e independencia”.

Beneficios

La presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Claudia Mizawak, dijo que para la justicia “era una deuda pendiente que estamos cumpliendo” y acotó que se logró llegar a esta instancia por el trabajo conjunto entre los tres Poderes del Estado. “Mi agradecimiento al titular del Poder Ejecutivo que nos acompañó sostenidamente durante estos cinco años”, enfatizó, no sin dejar de destacar el aporte de mayores recursos para su concreción.

“Esto ha sido posible por esto de trabajar juntos, interactuar sostenidamente, porque cinco años, desde que arrancamos en Concordia hasta hoy, es mucho tiempo. Si hubiera cambiado el gobierno, si la decisión política hubiera sido de otra persona distinta, si esto no se hubiera sostenido, no estaríamos hoy ante una instancia de estas características”, afirmó.

A continuación sostuvo que “esto fue una decisión política de un Estado. Tres Poderes en pos de completar un cambio. Acá no hubo mezquindades políticas de ninguna naturaleza, ni de la oposición ni del oficialismo. Hemos trabajado todos”.

En otro tramo de sus declaraciones, la presidenta del STJ subrayó que “es un orgullo como entrerriana poder decir que en Entre Ríos trabajamos en forma coordina, interactuando. No se disminuye la independencia del Poder Judicial por interactuar con los otros poderes, sino que se fortalece”. A ello agregó que “a nivel nacional somos un ejemplo. No porque tengamos un acusatorio, porque hay otras 16 provincias que lo tienen, sino que por este acusatorio es la entrerriana, a partir de la modificación de la Ley 10317. Tiene ventajas superlativas con respecto al resto de las provincias”.

Detalló que los resultados observados en las jurisdicciones de la provincia donde ya está en funcionamiento “entusiasman” porque hubo una reducción importante de los plazos, teniendo hechos graves con juicios en cinco o seis meses cuando la media en Paraná es de cuatro o cinco años para llegar a juicio.

Paso fundamental

En este marco, el ministro de Gobierno, Adán Humberto Bahl, afirmó que “finalmente, después de una necesaria implementación por etapas, hoy se pone en vigencia en todo el territorio provincial el Nuevo Código Procesal Penal y con él, Entre Ríos se pone a la altura de lo que exigen los Tratados de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales y la Constitución Nacional”.

“Es un avance para nuestra sociedad en su búsqueda de justicia, un avance hacia una convivencia más armónica, más pacífica. Es un paso fundamental en esa búsqueda de hacer más justa nuestra justicia” resaltó Bahl.

“Según la información de la que dispongo, hoy ingresan por turno unas 600 denuncias. De ellas, el 80% son delitos contra la propiedad, la mayoría con autores desconocidos. Del resto, gran parte de las causas se desestiman porque materialmente todas no pueden investigarse ni procesarse. Obviamente la mayoría de las denuncias no llegan a convertirse en proceso penal y terminan extinguiéndose. Indudablemente, queda la sensación de injusticia” expresó Bahl al tiempo que enfatizó: “Los entrerrianos estamos haciendo un esfuerzo fiscal y presupuestario enorme para poner en marcha este nuevo sistema”.

“Este sistema incorpora medios alternativos para la solución del conflicto penal y más personal para investigar y esclarecer los casos que merecen una respuesta. En este sentido, la estructura del nuevo código y los medios con que cuenta ahora el Poder Judicial entrerriano, no admiten excusas” acotó.

“Finalmente quiero expresar mi satisfacción de que a partir de hoy, en todo el territorio de la provincia, tanto todos los operadores del sistema como los ciudadanos estemos regidos por el mismo sistema normativo, iguales ante la ley, y por un código de éstas características, que honra los derechos humanos y nuestra constitución” concluyó el ministro de Gobierno.

Asunción

En el acto realizado este lunes en el Centro Cultural de Convenciones La Vieja Usina, se realizó la ceremonia de inicio de actividades y toma de juramento de los magistrados y funcionarios designados para llevar adelante la implementación del nuevo Sistema de Enjuiciamiento Penal.

Prestaron juramento para integrar el Tribunal de juicio y apelaciones, José María Chémez, Elvio Garzón, Miguel Ángel Giorgio, Marcela Badano, Alejandro Grippo, Elisa Zilli, Daniel Malatesta y Pablo Vírgala.

Como jueces de Garantías lo hicieron Eduardo Ruhl, Ricardo Bonazzola y Marina Barbagelata, como directora de la OGA, Nancy Bizai, y como fiscales generales de coordinación, asumieron María Carolina Castagno, Rafael Cotorruelo y Matilde Federik.

Los agentes fiscales son Santiago Brugo, Patricia Yedro, Viviana Ferreira, Juan Francisco Ramírez Montrull, Ignacio Aramberry, Laura Cattaneo, Evangelina Santana, Sandra Terreno, Mónica Carmona, Leandro Dato, Juan Malvasio y Fernanda Ruffati.

La defensora de la Cámara de Casación es María Lucrecia Sabella, y los defensores de Primera Instancia son Jorge Balbuena, Luis Pedemonte, María Fernanda Álvarez, Paula Montefiori, Emiliana Cozzi, Ignacio Mullor y Mariana Montefiori.

La implementación

A partir de la sanción de la Ley Nº 9754, la provincia cuenta con un nuevo sistema de enjuiciamiento penal, cuya implementación implicó desde sus inicios la articulación sostenida de recursos entre los tres poderes del Estado del año 2009 a la fecha.

En estos días se conmemora los cinco años de implementación de la primera etapa en la jurisdicción Concordia, que incluyó las jurisdicciones de Federal, Federación y Chajarí, y que se constituyó como un desafío para todo el sistema de enjuiciamiento penal de sesgo exprimental y porvenir incierto, pero que significó el inicio de un proceso sin retorno hacia una mejor y más institucionalidad.

A aquella instancia inicial le siguieron la jurisdicción de Uruguay, en julio del 2011, cuyos efectos abarcaron las localidades de Concepción del Uruguay, Colón, Villaguay y Rosario del Tala. La tercera etapa importó la aplicación del nuevo sistema en Gualeguaychú, con la competencia territorial en los departamentos Islas del Ibicuy, Gualeguay, Nogoyá y Victoria, entre febrero y abril del 2013. Y la cuarta etapa comprendió La Paz, Feliciano y Diamante, en noviembre del año pasado. Finalmente, el Superior Tribunal de Justicia, mediante el acuerdo general Nº 24 del 2014, dispuso la implementación de la última etapa del nuevo Código Procesal Penal en la jurisdicción Paraná, a partir del este lunes 22 de septiembre.

Fuente: entrerios.gob.ar