El plazo de 150 días se empieza a contar –según se lee en el propio decreto– a partir de la publicación de la norma en el Boletín Oficial. De este modo, hasta mediados de año la provincia continuará en estado de emergencia hídrica.

La medida se tomó ante “las extraordinarias precipitaciones pluviales y la consecuente crecida de los ríos, acaecida y pronosticada para los próximos meses”. El objetivo es “realizar las obras necesarias, celebrar las contrataciones e implementar las acciones conducentes a la atención de las necesidades básicas de la población afectada, prevención de futuros daños y reparación de los producidos”.

El decreto faculta a los Ministerios de Salud, Desarrollo Social, Producción, Gobierno y Justicia y Planeamiento, Infraestructura y Servicios a “tramitar todos los procedimientos de contrataciones directas, vía excepción, para la atención de las necesidades de los pobladores afectados”.

También establece que los Ministerios “en forma individual o conjunta” deberán efectuar un relevamiento de las zonas y pobladores afectados “con la pertinente verificación de los daños producidos”. Faculta a las carteras “a adoptar las medidas necesarias y/o complementarias” para la instrumentación de lo dispuesto por el decreto.

Aclara que “todo trámite con encuadre en las disposiciones de la presente norma deberá expresar las razones que motivaren el inicio del mismo, contar con autorización del Ministro Secretario de Estado respectivo, y tres presupuestos del bien, servicio u obra que se intenta adquirir, contratar o ejecutar, siempre y cuando este requisito no entorpezca o frustre la atención de manera eficiente y eficaz de la necesidad declarada”.

Indica que los organismos descentralizados “que posean normativamente atribuidas competencias con injerencia directa en la satisfacción de las necesidades poblacionales y estatales suscitadas en el marco de la emergencia declarada”, deberán “instrumentar todas las medidas conducentes a tal fin”.

Por último, autoriza a las Direcciones de Administración de los Ministerios a “imputar el gasto resultante de la aplicación” de estas medidas “en las partidas específicas de cada una de las jurisdicciones”; también faculta a la Dirección General de Presupuesto a “adecuar las partidas presupuestarias que resulten pertinentes”.

El decreto lleva la firma del gobernador y está refrendado por los ministros Mauro Urribarri, María Laura Stratta, Ariel de la Rosa, Luis Benedetto y Carlos Schepens.

Más de 15 mil afectados

En los considerandos se advierte que estos extraordinarios registros de lluvias “han afectado a todo el territorio de la provincia, tanto la costa del Río Paraná como la del Río Uruguay y en mayor medida al Departamento Concordia”. Y que esto ha “ocasionado desbordes de cauces de cursos troncales; niveles freáticos elevados, colmatación de bajos y lagunas, insuficiencia en el funcionamiento de desagües pluviales existentes, dificultades en accesos a localidades; también se evidenció en las zonas rurales suelos saturados, campos encharcados e inundados, afectación en la red de caminos municipales y provinciales”.

Se señala que tal fenómeno “ha afectado a más de 15.000 pobladores, contando con un registro de más de 10.000 evacuados, con pérdidas, en algunos casos, totales de sus pertenencias”.

Como consecuencia de esta situación el gobierno provincial ha realizado “acciones en forma conjunta y coordinada con organismos nacionales y con cada uno de los municipios de las localidades afectadas, adoptándose diversas medidas de emergencia por inundaciones, vigilancia epidemiológica, ejecución de obras, entre otras”. Estas medidas se tomaron “a fin de dar respuesta en forma urgente e inmediata a las necesidades surgidas en el territorio, comprendiendo asistencia social, sanitaria y de seguridad”, se menciona en el texto.

Se indica también que “para el operativo dispuesto se encuentran afectados policías, médicos, promotores sociales, agentes sanitarios, enfermeros, bomberos, docentes y civiles que trabajan en forma voluntaria”. Que además se cuenta con “vehículos de instituciones y particulares, además de los móviles, helicópteros y vehículos náuticos de la Policía de Entre Ríos y de las fuerzas de seguridad nacionales” y que están afectados como albergue provisorio de las personas evacuadas “los establecimientos educacionales, clubes y salones de instituciones intermedias”.

“En este sentido urge al Estado provincial adoptar medidas que permitan actuar en forma inmediata, efectuando las contrataciones imprescindibles para paliar la crisis imperante en la población, disponiendo a estos efectos todos los recursos que resulten necesarios a fin de actuar con la mayor celeridad y eficacia en las acciones dispuestas, resultando procedente declarar la emergencia hídrica en todo el ámbito provincial”, se remarca en los considerandos.