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  PROVINCIALES  11 de diciembre de 2015
Agmer Paraná presentó una denuncia contra Urribarri
El gremio docente acusa al gobernador saliente por "incumplimiento de los deberes de funcionario público". Motivó la denuncia, el pago en negro del incentivo docente (FONID).

Agmer Paraná presentó este viernes, una denuncia penal ante el Procurador General, contra el gobernador saliente, Sergio Urribarri, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La misma fue presentada por Alejandra Gervasoni, Claudio Puntel, Cesar Pibermus, Susana Salgaro y Alberto René Diaz, todos ellos dirigentes sindicales de AGMER enrolados en la agrupación "Rojo y Negro", con el patrocinio del abogado Ramiro Pereira.

Según explicó la agrupación docente, el motivo de la denuncia es la "inacción del gobierno provincial tras el reconocimiento judicial del carácter remunerativo de las sumas salariales derivadas del Fondo Nacional de Incentivo Docente -FONID- creado por la Ley Nacional 25.053".

"No reconocer el carácter remunerativo significa, sencillamente, pagar en negro a los activos y no pagarles a los pasivos. Después de la sentencia del año pasado, la ley quedó clara, y el gobernador decidió no cumplirla", expresó Puntel, Secretario General de AGMER Paraná.

A su vez, Alejandra Gervasoni, miembro de la Comisión Central de AGMER, dijo que "después de la sentencia, ocultada por la conducción de AGMER, y que venía de otra favorable de la Corte Suprema nacional, Urribarri se decidió a incumplir la ley, y eso es un delito. Ahora la justicia tiene que investigar, pese a los fueros de Urribarri como diputado. Eso sí sería democratizar la justicia. Vamos a ver si ahora son consecuentes".

En efecto, los denunciantes afirman que Urribarri no dio cumplimiento a las leyes pese a que, tras la sentencia de la Sala Nº 1 del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos del 19 de noviembre de 2014, quedó establecido el carácter remunerativo de las sumas percibidas por el fondo de incentivo docente.

El delito del que se acusa a Urribarri está previsto en el artículo 248 del Código Penal y prevé la pena de prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial, para el funcionario público que no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.



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