Marcos Rodríguez Allende, en su carácter de querellante particular en representación de diez efectivos de la Policía de Entre Ríos, pedirá la imputación de alrededor de cuarenta productores rurales que protagonizaron una serie de violentos incidentes en la explanada de ingreso a Casa de Gobierno en Paraná. 

El 3 de septiembre, en una manifestación en reclamo de intereses sectoriales, un grupo de ruralistas agredió a los efectivos apostados en la puerta de ingreso a la Casa Gris. Como consecuencia de la agresión, varios efectivos sufrieron heridas y lesiones de distinta consideración. La investigación de los incidentes tuvo una primera etapa en la que los esfuerzos se encaminaron a identificar a los ruralistas que protagonizaron ataques. Ahora, con aquellos individualizados, el querellante presentará el lunes el pedido de imputación de alrededor de cuarenta ruralistas por los cargos de Lesiones y Resistencia y atentado contra la autoridad.

En declaraciones a El Diario, Rodríguez Allende precisó que representa "a todos los funcionarios policiales que son parte de este proceso penal, que en definitiva representan a toda una institución policial" y recordó que la causa corresponde "a un hecho que se está investigando y está en proceso hasta la fecha". Así, rememoró que los incidentes ocurrieron "el 3 de septiembre de 2015 a las 10.45 en una manifestación en Casa de Gobierno, en lo que hasta ese momento era una manifestación absolutamente legítima y dentro del marco constitucional de peticionar ante las autoridades", y evaluó que "lamentablemente el reclamo comenzó a desviarse por parte de un grupo de personas, que al día de hoy están individualizados, que arremetieron contra el personal policial que se encontraba en el puesto 1 de Casa de Gobierno, en la puerta principal". El letrado precisó que "el personal se encontraba asegurando el lugar y las personas arrojaron cráneos de distinto tipo de ganado, hubo empujones con tractores que se pusieron en marcha contra el puesto de la puerta de Casa de Gobierno, fueron golpeados con palos y golpes de puño y se les arrojó distintos tipos de pirotecnia y orina para forzar el ingreso a Casa de Gobierno, provocando en los funcionario distintos tipos de lesiones, que van de leves a graves".

El querellante indicó que a los hechos se le debe "adosar el delito de Resistencia y Atentado contra la autoridad pública". En este sentido insistió en que las personas involucradas están identificadas y los delitos tipificados. También precisó que "se trata de unas cuarenta personas, de las que cada una llevó a cabo un delito distinto. Vamos a requerir la imputación de cada uno de ellos, momento en el que deberán designar su abogado de confianza, escuchar cuál es el hecho que se le imputa a cada uno; porque tenemos personas que arrojaron cráneos contra los funcionarios, otros tiraban golpes de puños y trompadas y otros realizaron otra actividad ilícita". El letrado precisó que "esta es la segunda etapa de la investigación y para esta querella particular ya está agotada. Vamos a requerir entre el viernes (por ayer) y el lunes la imputación de estas personas para que sean puestas en conocimiento".

Responsabilidades 

Rodríguez Allende resaltó que la investigación abordó un delito y despejó cualquier interpretación que intente adosarle algún interés político. En este sentido expresó: "Sobre este punto quiero ser claro y muy objetivo para que no haya malas interpretaciones y se pueda presentar algún cuestionamiento de tinte político. Esta es una causa penal, no es una causa política. Como causa penal tenemos el deber de investigar un hecho ilícito. Si ese hecho fue cometido por unas personas, de las que tenemos pruebas, no queden dudas de que vamos a pedir la imputación".

Respecto del pedido de imputación y de las responsabilidades que se derivan del accionar de las personas que tomaron parte de la manifestación, el querellante evaluó: "Somos objetivos, no tenemos elementos directos que nos indiquen una responsabilidad penal de los dirigentes rurales" que convocaron a la medida de acción, y remarcó: "Digo responsabilidad penal, y estoy hablando del hermano del excandidato a gobernador, Alfredo de Ángeli, de (Juan) Echeverría y de (Elvio) Guía. De estas tres personas, por el momento, su conducta no puede ser reprochada jurídicamente, sí podemos decir que tienen una responsabilidad político gremial porque se les fue la actividad de las manos". Rodríguez Allende opinó que se trató de "un reclamo legítimo que terminó siendo ilegítimo por parte de un grupo de personas que querían ingresar violentamente contra las normas del Derecho Penal. Repito, no es una persecución política porque sino se hubiera podido pedir la imputación de los demás dirigentes rurales y no lo estamos haciendo, lo hacemos contra los productores que cometieron aquellos delitos".

Finalmente, el letrado informó que "el viernes (por ayer) termina la ronda de víctimas, funcionarios policiales que son muchos. Estamos terminando con el jefe de Operaciones, Gustavo Maslein, que en forma loable y personalmente estuvo en el lugar, protegiendo el lugar con su cuerpo y fue lastimado, golpeado, ultrajado. Hoy va prestar su declaración testimonial y estaríamos terminando con esa ronda de testigos, cuando con Fiscalía estaremos en condiciones de presentar, en no más de 48 horas, el requerimiento de imputación de estas personas que cometieron estos ilícitos con nombre y apellido, pero que quede bien en claro, esto no es ninguna persecución o venganza de tinte político, es una investigación clara, objetiva, contra personas que están reprochadas penalmente".