La ecuación que implica cobrar más impuestos para distribuirlos en incrementos salariales – como se dijo al momento de anunciar la reforma tributaria en diciembre pasado- sufrió un cimbronazo. Al menos en lo simbólico, de lo que es en buena parte de lo que nutre la política.

El gobernador Sergio Urribarri anunció este viernes ante la cúpula de industriales (UIER y UIA) que eximirá al sector del pago de los ingresos brutos, uno de los puntos de los que la CTA Entre Ríos se había jactado de haber incorporado en el nuevo esquema tributario. Cuando la Legislatura aprobó el proyecto, la conducción de la central aplaudió a rabiar en el recinto de la Cámara de Diputados. Se estaba aprobando- para Carlos Gálligo (ATE), Sergio Elizar (Agmer) y Miguel Pelandino (ATE)- una reforma progresista que absorbería recursos de los sectores que más tienen para volcarlos a los más vulnerables o vapuleados en este último tiempo, como son los empleados públicos y docentes.

El mandatario eligió el foro industrial para hacerles saber a los empresarios que ya no pagarán ingresos brutos en pos de “seguir gravando el capital y no el trabajo”. Al día siguiente, el gobierno distribuyó declaraciones del presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, regalando elogios al presidenciable entrerriano. En los gremios el silencio fue de radio.

¿Se quiso eximir al sector industrial de los impuestos? Claramente no. El gobierno apeló a la reforma tributaria ante la urgencia de un reclamo salarial de un grupo de policías que se amotino en Concordia y que hoy está siendo juzgado por actitudes sediciosas. Fue una decisión que – dijo Urribarri - tuvo que tomar a “punta de pistola”.

Los industriales no habían pagado esos impuestos hasta principio de año. Ya no lo harán a partir de ahora.

Enojados

“Nosotros queríamos otra reforma tributaria”, resumió el secretario general de CTA Entre Ríos, Luis Gálligo, cuando lo consultó Página Política.

El dirigente estatal sostuvo que entre los objetivos principales de la reforma tributaria se encontraba la consigna de “recomponer el salario de los trabajadores que es deplorable”, pero que también “el Estado esté al servicio del pueblo”.

“Nosotros planteamos modificar los ingresos brutos y bajar la alícuota a aquellos que tributan menos de 300 mil pesos, pero no tuvimos suerte, acá se equiparó a todos iguales. Esa fue una diferencia que tuvimos, porque no se tuvo en cuenta al pequeño comerciante”, repasó Gálligo sobre algo que ya no se pudo conseguir en diciembre.

Y siguió: “Ahora se cambió el eje, directamente el gobierno terminó arreglando con los poderosos”.

El titular de la Agencia Tributaria de Entre Ríos (ATER), Marcelo Casaretto, aseguró a Página Política que por el cobro de ingresos brutos al sector industrial la provincia recauda entre 6 y 7 millones de pesos.

Especialistas afirman que esa cifra es insignificante para las arcas del Estado. Sucede que los empresarios al no tributar en la provincia, tampoco lo hacían en otras a través de los convenios multilaterales. En limpio: al no pagar en Entre Ríos estaban eximidos en otros distritos, a donde vendían productos. Con la reforma de diciembre habían pasado a pagar un 1 % acá y 2,5 % en Corrientes, por citar un ejemplo.

De ser así pudo haber existido un error de cálculo en la reforma tributaria de diciembre. Quizás no se debía haber aprobado quitar la eximición a la industria y evitar, así, dar explicaciones con las paritarias en puerta.