La Secretaría de Comercio Interior de la Nación emitió la Resolución Nº 1.050, que establece la fijación temporal de precios máximos de venta al consumidor para todos los productores, comercializadores y distribuidores.

"En Entre Ríos tenemos un equipo e integrantes de la Secretaría de Industria, Defensa al Consumidor, Lealtad Comercial y también con la colaboración de la Dirección de Fiscalización para incrementar el número de inspectores", indicó el consultado. Agregó que comenzarán los controles en los comercios de cercanía, hipermercados y también los almacenes, es decir todas las bocas de expendio y harán cumplir la resolución N° 1.050.

"Estamos respaldados por los municipios, que son autoridades de aplicación. Nos vamos a estar comunicando para darle las instrucciones y el listado de precios, que no es el mismo para cada provincia, aunque sí son todos de productos alimenticios, refrigerados, higiene personal alimentos para mascotas e higiene del hogar", mencionó Caviglia.

"Vamos a necesitar de la colaboración de los consumidores, de las asociaciones de consumidores, de las asambleas vecinalistas y también de los gremios. Se va a controlar el precio y también el abastecimiento de los productos indicados", dijo y señaló que habrá para los infractores medidas punitorias como inhabilitación del comercios e importante multas.

Precios máximos: avanza la implementación local

El gobierno entrerriano gestiona la implementación de la medida nacional, a través de la cual se fijan por 90 días los precios de venta al consumidor 1.432 productos de consumo masivo en el país.

La Secretaría de Comercio Interior de la Nación emitió la Resolución Nº 1.050, que establece la fijación temporal de precios máximos de venta al consumidor para todos los productores, comercializadores y distribuidores.

Por ese motivo, se desarrolló un primer encuentro en las oficinas de la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la capital provincial, en el cual se avanzó sobre la implementación de tales controles. En representación del sector privado participaron Guillermo Bello, de Coto; Ariel Bachi, de Carrefour; Adrián Britos, de Cencosud; y Carlos Campos de Chango Mas.

El secretario de Industria y Comercio, Fernando Caviglia, se manifestó “conforme con la predisposición de las grandes cadenas con el trabajo que se lleva adelante”. El funcionario puso en valor que priorizan a los consumidores, que, dijo, “son los que verán plasmados los precios en las góndolas y reactivarán el consumo siempre dentro de las posibilidades de cada uno”. Precisó que los controles de precios tienen que ser transitorios, pero permiten intervenir en la puja distributiva y en casi todos los casos generaron una fuerte expansión del consumo.

Por su parte, el director General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Pablo Luciano, remarco el compromiso del gobierno de la provincia de defender el poder adquisitivo de los entrerrianos y de trabajar coordinadamente con los municipios, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.

Aportó que las grandes cadenas ya se están adecuando a lo normado por la resolución 1050 y manifestó que en la reunión del Consejo Federal de Comercio Interior tendrán mayor precisión sobre los instrumentos específicos que se pondrán a disposición y podrán informar a los movimientos sociales de la provincia.

“Fundamentalmente tenemos que llevar tranquilidad a la población sobre el abastecimiento, no existe ningún condicionante en el funcionamiento del mercado para que se altere la normal producción y distribución de productos, ni macroeconómicos ni de restricciones de circulación como ocurrió al inicio de la pandemia, por lo que las fabricas pueden producir sin problemas” explico Luciano.

Recordó que la provincia y los municipios tienen facultades para actuar. Incluso se ha dispuesto el número de teléfono 0800-444-8256, para que los consumidores dejen sus reclamos. Aportó que incorporarán otras vías de comunicación para reforzar el compromiso de todos para que el acuerdo se cumpla y se respeten los derechos y obligaciones de los consumidores.

Coordinación de campaña

En este contexto, el secretario de Comercio Interior de la Nación, Roberto Feletti encabezó ayer una reunión del Consejo Federal de Comercio Interior (Cofeci), junto con sus pares de todas las provincias, y junto con asociaciones de consumidores, se avanza en la coordinación de la campaña de control del cumplimiento de la canasta de 1.432 productos con precios congelados.

Las actividades forman parte de la estrategia puesta en marcha por el gobierno nacional para supervisar el efectivo cumplimiento de la lista de productos con precios retrotraídos a los valores vigentes al 1 de octubre pasado por parte de las empresas productoras y en los comercios a partir de una resolución de Comercio Interior.

El 13 de octubre, el mismo día en que Feletti anunció la canasta de productos que estará vigente hasta el 7 de enero próximo, la Copal, la entidad que nuclea a las firmas del sector alimenticio, advirtió que “las políticas de congelamiento de precios no logran resolver los desequilibrios macroeconómicos que dan origen a la inflación” y que “resultan insostenibles ya que afectan el largo plazo para la continuidad productiva, dado que lleva a las empresas a producir a pérdida por no atender los innumerables aumentos de costos que viene afrontando el sector”.

Ante este contexto y frente a la posibilidad de que se pueda registrar desabastecimiento de productos, como advirtieron también dirigentes de la oposición, el Gobierno decidió sumar a provincias, intendencias y asociaciones de consumidores a un esquema de monitoreo para supervisar el cumplimiento de los precios máximos y el abastecimiento en comercios y supermercados.

En ese marco, en las últimas jornadas un importante número de Intendencias –en especial de la provincia de Buenos Aires- se sumaron a las tareas de supervisión del cumplimiento de la resolución.