En Argentina estarían faltando alrededor cuatro millones de viviendas para satisfacer las necesidades habitacionales de la población. Entre Ríos no es ajena al déficit habitacional, a tal punto que hay más de 10 mil familias anotadas en los registros oficiales para tratar de acceder a una vivienda; y los números no paran de crecer.

Sin embargo, el sueño de la casa propia es cada vez más una ilusión para los asalariados, algunas veces por la volatilidad de la economía, otras por la falta de políticas públicas y en ocasiones por la falta de planificación urbana, un mal de no pocas ciudades. Pero también hay otros factories.

El senador provincial Raymundo Kisser (Cambiemos), con el patrocinio del abogado Rubén Pagliotto, denunció ante la Fiscalía Anticorrupción una serie de irregularidades que se habrían cometido en la construcción de tres complejos habitacionales en Paraná, San Benito y Colonia Avellaneda.

Kisser, concretamente, denunció a Oscar Marelli y Alfredo Francolini, ex titulares del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), y eventualmente a otros funcionarios y técnicos del organismo, por la falta de planificación y control posterior en las obras de construcción de 250 viviendas en San Benito, 250 viviendas en Colonia Avellaneda y 300 viviendas en la zona este de Paraná, sobre Don Bosco y Avenida Circunvalación.

La denuncia también comprende a los empresarios Néstor Iván Szczech, Miguel Marizza y Rubén Oscar Grasso, y las firmas Adelco-Viano Construcciones, Caballi SA y RP Construcciones, que tuvieron a su cargo las obras; y a los directivos de la Mutual Modelo, que el legislador le atribuye a Marizza.

“Es importante señalar que no solo son estas empresas (…) las que tienen el protagonismo central en esto, sino también lo tiene la Mutual Modelo, es decir, es toda una organización estructurada y con roles delimitados a los efectos de hacer este emprendimiento, para obtener el resultado que motiva esta denuncia”, consignó el legislador.

Según sus propias estimaciones, el negocio que beneficia a las empresas constructoras y a la Mutual Modelo superaría los 80 millones de pesos.

El cerebro

De acuerdo a lo consignado en la denuncia, Marizza sería el ideólogo de un negocio orquestado bajo la órbita del Ministerio de Planificación Federal que consistía en la construcción de ochocientas viviendas sociales en Paraná, que luego se reconvirtió en tres complejos habitacionales “en el área Paraná” debido a que el IAPV carecía de terrenos suficientes en la capital provincial, y es por eso que “en los pliegos se consigna expresamente que las empresas constructoras debían suministrar el terreno, donarlo al IAPV, y percibir de los adjudicatarios solo el costo del terreno”.

Pero el legislador también apuntó contra el IAPV porque, a su criterio, se desligó de su función de “planificación urbana” (léase, “proyectar la planificación y zonificación de las ciudades, villas y pueblos, orientar a los organismos del Estado en lo referente a la distribución de los servicios públicos”, etcétera) y dejó “en manos de la empresa o empresas privadas que resultaron adjudicatarias en la construcción de estas viviendas, pero, además, se dio intervención exclusiva y excluyente a una pseudo-inmobiliaria y/o financiera”.

En la denuncia se habla de una evidente “improvisación y negligencia” del IAPV en la planificación de las ochocientas viviendas y de “un proceder deliberado e intencional que encubre subalternos intereses empresarios y de determinados funcionarios”.

El legislador sostuvo además que se ideó un sistema para obviar a quienes se encuentran en la lista de espera de los registros públicos para acceder a una vivienda y, en cambio, “aparece la idea del negocio inmobiliario de las constructoras, con una mutual que actuaría como financista, teórica loteadora de terrenos y vendedora de los terrenos donde se construirían estas viviendas”, lo que supone “un gran ‘negocio’, en apariencia, porque en definitiva es una estafa”.

Pero también aquellos que obtuvieron sus casas resultaron perjudicados, asegura Kisser: “Las empresas constructoras, como luego una mutual, explotan con vileza y una voracidad sin límites las necesidades de los débiles adjudicatarios, tornándoles prácticamente imposible sostener el pago de lo que debería ser el costo de la vivienda”, sostiene.

Plantea además que “con el transcurrir del tiempo, empiezan a surgir los inconvenientes, los defectos de la construcción, los elevados y crecientes costos y el sostenimiento de las viviendas; también comienzan a surgir y advertirse dudas sobre la durabilidad misma de las construcciones realizadas, debido a la mala calidad de los materiales utilizados y una mano de obra muy poco prolija y exigente” y agrega: “Más rápido de lo que cualquiera puede imaginarse, las viviendas se deterioran, porque no fueron construidas con los materiales tradicionales, sino con otros, sobre lo que no hay ninguna experiencia en el país”.

Otro aspecto que menciona el legislador en su denuncia está relacionado con los terrenos donde se emplazaron los complejos habitacionales. El plan preveía que las empresas constructoras debían aportar los terrenos, donarlos al IAPV y solo podrían reclamar a los adjudicatarios el costo de lo que supuestamente habían pagado.

Pero eso no ocurrió así y, en realidad, los adjudicatarios firmaron un compromiso de comprar el terreno a través de líneas de financiamiento que daba la Mutual Modelo, representada por Ángel Emilio Miguel Picazzo.

Pues bien, dice Kisser, “las empresas constructoras, la Mutual Modelo y el IAPV pergeñaron o urdieron un sistema o mecanismo ilegal e ilegítimo de exacción de fondos a particulares”, mediante el cual “a los adjudicatarios se los sedujo y conquistó para que adquirieran un lote de terreno a la Mutual Modelo, la que les garantizaba la construcción de la vivienda, sin necesidad de pasar por la lista de espera del IAPV” y ahora quedaron entrampados y obligados a pagar dos cuotas: a la mutual por el terreno y al IAPV por la vivienda.

Ante ello, Kisser solicitó a la Fiscalía Anticorrupción que “se ordene a la Mutual Modelo el cese del cobro de cuotas correspondientes al terreno (que ni siquiera es de compra) por ser ellas el mecanismo o modalidad propia de este negocio inmobiliario y financiero, base de la estafa o defraudación”; y que el IAPV brinde “certeza y seguridad jurídica a los adjudicatarios de que las cuotas que mensualmente pagan, y que extrañamente llaman ‘canon de uso’, lo son a cuenta de las cuotas normales, regulares y habituales que se abonan en estos planes de viviendas sociales”.

Además, planteó que “entre el IAPV y la Mutual Modelo deberán solucionar el aspecto concerniente a los costos de los terrenos” e incluso deslizó que el organismo público debería asumir los costos que hicieran falta porque “con lo que se ha cobrado la entidad mutual hasta el momento se han pagado con creces los costos de adquisición”.  Juan Cruz Varela - De la Redacción de Página Judicial