Un dictamen emitido por la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación había refutado las observaciones hechas en primera instancia por la Contaduría General al decreto 2776, la norma de iniciativa privada que regula las obras de los cierres del arco eléctrico norte y del gasoducto del noreste, a contratarse con un consorcio chino – argentino que aportaría los recursos.
El documento, que lleva el número 164/18 y tiene fecha 17 de octubre, apuntaba a dar respuesta a los cuestionamientos hechos por la Contaduría al tomar conocimiento de que el 2776 había sido dictado.
Estas observaciones hechas por el cuerpo de auditores de la Contaduría, fueron puestas en stand by por el Contador General, Aurelio Miraglio a sugerencia del asesor legal del organismo, Omar Ludi, quien consideró, siguiendo el criterio legal establecido por la Fiscalía de Estado, que la Contaduría sólo puede intervenir cuando existan actos administrativos que tienen efectos jurídicos directos, individuales e inmediatos, algo que no sucedía con el decreto 2776 que establecía un marco normativo genérico.
Sin embargo, Miraglio y Ludi hicieron reserva de aplicar las observaciones cuando se produzcan actos concretos por aplicación del 2776, lo que sucedió al dictarse el decreto 2916, que declaró de interés público las obras del cierre energético norte (tanto de gas como de electricidad) y encargó a Enersa el procedimiento de licitación, que tiene un presupuesto de u$s 100 millones.
Fue entonces que la Contaduría ejecutó la reserva que había hecho y emitió las observaciones contenidas en el dictamen del 29 de octubre que frenaron las obras. Esto obligó al Gobernador Gustavo Bordet a pedir a sus funcionarios que den cuenta de lo impugnado por el organismo de contralor, dejando de lado la posibilidad de emitir un decreto de insistencia, lo que hubiera descartado el informe de Contaduría y avanzado pese a todo.
El criterio que había seguido previamente Laporte iba, sin embargo, en sentido contrario. Luego de rechazar todas y cada una de las observaciones que hizo la Contaduría General al decreto 2776 (y que luego se repetirían para impugnar los alcances del 2916), el secretario Legal y Técnico recomendó, antes de que se frenen la obra y también de que se produzca la denuncia penal que motivó la apertura de una causa en la Justicia, que el Gobernador insista y no dé marcha atrás.
Textualmente, el dictamen de la Legal y Técnica indica: “Ante la reserva a efectos de intervenir preventivamente en el proceso de contratación específico y concreto, esgrimiendo todas y cada una de las objeciones y/u observaciones que estime corresponder formulado en el informe del Coordinador Jurídico Contable y ante del convencimiento de la constitucionalidad del Decreto 2776/18 para el hipotético caso que la Contaduría General ejerza oportunamente y en el caso concreto se configure la conminación consignada en el mentado informe, acompaño a Ud. el anteproyecto de decreto de insistencia”.
El decreto de insistencia es una fórmula contemplada en el artículo 72º de la ley de contrataciones del Estado (5.140), que establece: “Las observaciones que formule la Contaduría General serán comunicadas al órgano o dependencia en que se haya originado el acto y suspenderán su cumplimiento o el de la parte observada del mismo, hasta tanto se subsanen las causales que la motivaron”.
“Si dichas no fueran subsanadas y la autoridad competente estime que, no obstante la observación formulada, el acto debe cumplirse, el Poder Ejecutivo en Acuerdo de Ministros o la autoridad competente en los Poderes Legislativo y Judicial, podrán insistir en el cumplimiento bajo su absoluta y exclusiva responsabilidad; en cuyo caso, la Contaduría General dará curso al mismo y dispondrá la publicación de la observación y el respectivo acto de insistencia en el Boletín Oficial, comunicando inmediatamente la actuado al Tribunal de Cuentas”, agrega el texto legal.
• La causa
En tanto, ayer se conoció que la Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Cecilia Goyeneche, decidió dar curso a la presentación hecha por el senador Raymundo Kisser (Cambiemos - Paraná) y su asesor Rubén Pagliotto. Según informó Página Judicial, la investigación penal preparatoria estará a cargo de Matilde Federik. (APFDigital)