“Desde inicios de gestión trabajamos en la construcción del consenso necesario, entre los tres poderes y la justicia federal para lograr una adhesión a la ley que sea efectiva y superadora. Es una lucha de todos contra quienes trafican con la salud de nuestros jóvenes y generan una descomposición del tejido social”, dijo el mandatario.

Del mismo modo, Bordet instó a los legisladores a generar un debate amplio e integral que atienda los aportes de las distintas fuerzas políticas, así como las voces de los diversos sectores sociales involucrados en la temática. “Debemos elevar al máximo el nivel del debate para sancionar la mejor ley posible y hacerlo con el más amplio de los consensos”, dijo Bordet sobre la iniciativa que tendrá formal ingreso en las primeras horas de este lunes.

También dejó en claro Bordet que éste es un flagelo que necesita de un abordaje interdisciplinario y del compromiso del Estado y la sociedad. A esta iniciativa legislativa se suma un trabajo de los equipos de salud en programas preventivos y de contención, y de planeamiento para la construcción de centros de adicciones, como el caso del de la capital entrerriana.

Competencia penal

A través de la adhesión a la ley nacional 26.052 la provincia asumiría la competencia penal en los delitos vinculados a la tenencia y comercialización de estupefacientes en menor escala, coordinando este trabajo con las fuerzas federales y justicia federal en lo relativo al intercambio de información útil para investigaciones de grandes redes de narcotráfico.

“Entendemos que es necesario establecer mecánicas de trabajo institucional que involucren al Estado Nacional con el Estado provincial, ya que la lucha contra el narcomenudeo debe extenderse y complementarse con la persecución de los grandes comercializadores de droga en nuestra provincia. Para ello vamos a confluir e integrar el trabajo de las fuerzas provinciales con las nacionales porque no se trata de sistemas estancos en la lucha contra la droga”, afirmó el gobernador.

“Entendemos que el narcotráfico encuentra un caldo de cultivo en la exclusión social; gran parte de los problemas vinculados al delito tienen que ver con la cuestión social, pero también sabemos que la droga es un negocio que mueve millones y donde algunos se enriquecen a expensa de la enfermedad de otros y ahí debemos actuar enérgicamente”, señaló.

Recursos

La iniciativa del Poder Ejecutivo declara la adhesión “a las disposiciones del artículo 34 y concordantes de la Ley Nacional N° 23.737 y sus modificatorias, en los términos, condiciones y alcances previstos por la Ley Nacional N° 26.052”.

El proyecto contempla para tal fin el pedido de transferencias de créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, así como también del Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación, de acuerdo a lo contemplado en el artículo 5º de la ley 26.052. Asimismo prevé la creación de fiscalías y cargos para técnicos especializados con competencia prioritaria en este tipo de delitos.

En torno a los recursos económicos a los que refiere el artículo 6º de la ley 26.052, se destinarían en la provincia a la lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes, su prevención y la rehabilitación de los afectados por el consumo, distribuidos en áreas de Salud y Seguridad.

Trabajo coordinado

Respecto de las acciones llevadas a cabo en el marco de esta iniciativa, el ministro de Gobierno y Justicia, Mauro Urribarri, resaltó el diálogo mantenido con los distintos actores involucrados en el proceso, y la preparación de las condiciones necesarias de la Policía de Entre Ríos en materia de capacitación y equipamiento.

Urribarri destacó también el trabajo coordinado con las fuerzas federales y el Ministerio de Seguridad de Nación para lograr una implementación efectiva de la ley.

Recientemente viajó a la ciudad de Córdoba una comisión conformada por el ministro, el Jefe de Policía Gustavo Maslein, senadores y funcionarios provinciales para interiorizarse con el ministro de Gobierno Juan Carlos Massei sobre la experiencia de la provincia en materia de lucha contra el narcomenudeo.

La comisión recorrió la base operativa, el sector caniles, los equipamientos y se realizó también una demostración operativa. El Gobierno de Córdoba cuenta con la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), un cuerpo de profesionales especializados integrado por un equipo de investigadores y personal táctico operativo, altamente capacitado y equipado, que colabora con el Fuero de Lucha contra el Narcotráfico en el combate contra el narcomenudeo.