“En este momento la policía de Gerardo Morales me está deteniendo. Esto es como la dictadura”. Ese fue el tuit de Milagro Sala, segundos antes de perder la libertad. Hace exactamente un año. Doce meses después, el Comité por la Libertad de Milagro Sala encabezó una conferencia de prensa en la sede colmada de la Túpac Amaru, en el barrio porteño de Monserrat. Con la presencia de políticos de diferentes partidos (el kirchnerismo, la izquierda, el Frente Renovador), dirigentes sociales, académicos, sindicalistas, e incluso actores, no sólo exigieron la inmediata liberación de la dirigente sino que anunciaron la formulación de denuncias contra el gobernador Gerardo Morales y el único testigo que la incriminó en el juicio de diciembre pasado, que trabaja para el Ejecutivo jujeño; y contra el abogado de Morales, el fiscal de Jujuy, el secretario de Derechos Humanos de la Cancillería y la presidenta del Superior Tribunal de Justicia jujeña, Clara De Langhe de Falcone, por tráfico de influencia e incluso por el delito de asociación ilícita. También afirmaron que iniciarán un juicio político a la jueza Falcone. El ex magistrado de la Corte, Eugenio Zaffaroni, postuló que el gobierno federal debe llevar a cabo una intervención de la justicia provincial. Y la CTA de los Trabajadores sumará una denuncia ante la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

“La detención de Milagro Sala es arbitraria, injusta, y es también una persecución política a la organización Tupac Amaru que ella lidera”, comenzó su alocución Estela Díaz, secretaria de Igualdad de Género de la CTA de los Trabajadores y representante de la coordinación general del Comité. “Pero no es sólo eso: la situación que se vive en la provincia de Jujuy está diseñada para instituir esta experiencia represiva como un modelo de disciplinamiento de los sectores populares y es un laboratorio para la represión de las organizaciones sociales y políticas. Algo que resulta indispensable para una alianza de gobierno que sueña con un país para muy pocos”.

Para la dirigente sindical no es casualidad que haya sido Milagro Sala. “es líder de organizaciones populares, pero además es mujer, y además es líder indígena. Triple condición de discriminación que la instituye en un botín que Morales quiere entregar a la oligarquía jujeña y argentina”. Y sumó como responsable al gobierno nacional, que omite hasta hoy las resoluciones del Grupo de Trabajo contra las Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de Amnesty Internacional, que en todos los casos exigen la inmediata liberación de la dirigente y la reparación por los daños sufridos. “Es una presa política”, acotó.

El mes pasado, Milagro Sala fue condenada por la justicia jujeña a tres años de prisión en suspenso por instigar un escrache a Morales, el 16 de octubre de 2009, del que no formó parte. Los únicos denunciantes no estuvieron tampoco en el momento ni lugar del hecho. Se trató de Cochinillo René Arellano y su entonces pareja, Cristina Noemí Chauque. Ambos trabajan para el gobierno del radical Morales. No son los únicos: también el hijo de Cochinillo, Freddy Arellano, y su novia, Solsito Sena, son empleados estatales de Jujuy. El hijo tiene una cooperativa (Newen) que trabaja para la gobernación, aunque se trata de una firma fantasma. Nunca tuvo obras ni empleados. Aún así, horas antes del juicio a Sala, se le depositaron a la cooperativa unos 822.000 pesos. A eso se agregó otra condena contravencional a la dirigente, en diciembre, que la condena a no tener actividad política durante tres años y tres meses. El mismo tiempo que le queda de gobierno a Morales.

Frente a este panorama, el Comité anunció que luego de conocer los fundamentos de la sentencia, el 3 de febrero, promoverán una denuncia en la justicia nacional e internacional contra Cochinillos, Noemí Chauque, el abogado de Morales, Luciano Rivas, y el propio gobernador, “por el escándalo jurídico e institucional que significa que un gobernador junto con sus abogados haya inventado un testigo al que le pagaron con contratos y transferencias económicas para que mintiera en un juicio penal contra Milagro para así posibilitar su condena. No se trata sólo de un testigo que mintió, sino que fue un testigo aportado por Morales sabiendo que era falso testigo”. Díaz agregó: “Es un escándalo pero además compromete directamente al Estado de Derecho. Creando un Estado policial que encarcela a sus opositores”.

Durante la conferencia –transmitida en vivo en el Penal del Alto Comedero, donde permanece detenida la diputada del Parlasur, junto a otros cinco integrantes de la Túpac–, leyeron una carta enviada por Milagro Sala, donde enfatizó: “No se salva nadie, compañeros, ni se van a salvar, si no los derrotamos con la militancia en las calles, y también en las urnas (…). Por último les pido que militen los jóvenes, que son el futuro de nuestro país. Nos prometieron la revolución de la alegría y nos trajeron tristeza, despidos y pobreza”. Alberto Rodríguez Saá, gobernador de San Luis, estuvo con ella en la última Navidad. Presente en la sede porteña de la Túpac, aseguró que se trata de una “detención ilegal”, y le habló al gobernador, recordando uno de los casi 20 barrios que construyó la organización de Milagro, con 3500 viviendas, escuelas, clubes, y piletas para los chicos, hoy inutilizadas: “la condenan porque hizo, no por lo que no hizo, más que ningún gobierno en la historia de Jujuy. Morales: cuando hagás en Jujuy algo parecido, empezá a hablar con respecto a la señora Milagro Sala”.

“Estamos viviendo en emergencia democrática desde hace un año”, expresó Alejandro “Coco” Garfagnini, coordinador nacional de la Tupac Amaru. El domingo, el diario Página12 dio a conocer correos electrónicos que se enviaron entre el abogado de Morales, Federico Wagner; el Fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, “como para empezar a trabajar en el tema de la presentación de las víctimas de las arbitrariedades ejecutadas por Milagro Sala, tal como hablamos en diciembre”. Coordinar el trabajo “del modo más eficiente posible”, así cuando se presenten los integrantes de la Comisión Interamericana en nuestro país, “puedan recibir el testimonio de las personas que han sufrido algún modo de coerción o trato degradante por parte de Milagro Sala, que justifique el mantenimiento de su prisión preventiva”. Luego agregaron a las comunicaciones y planificación de reuniones a Leandro Despouy, representante de Derechos Humanos de la Cancillería que dirige Susana Malcorra, y la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Clara De Langhe de Falcone, designada al frente de la Corte jujeña en la primera semana de mandato de Morales. En sus primeros días de gobierno, el mandatario amplió la corte de 5 a 9 miembros, la nombró a ella presidenta, y sumó como dos de los nuevos jueces a dos diputados de su partido que acababan de votar la ampliación del Tribunal. “Los mails expresan una situación de gravedad institucional inusitada. Los argentinos hemos perdido la capacidad de asombro”, acotó Garfagnini.

La abogada defensora de Sala, Elizabeth Gómez Alcorta, anticipó que elevarán una denuncia penal contra los cuatro implicados, “por tráfico de influencia, en algunos casos abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y la tan encantada figura de asociación ilícita que les encanta a los gobiernos nacional y provincial”. Y pedirán el juicio político contra Clara De Langhe de Falcone. “El Intercambio de mails vino a demostrar en otro formato lo que hace un año venimos diciendo: que Milagro está detenida a disposición del Poder Ejecutivo, no del Poder Judicial”, sostuvo. También dijo que avisarán de estas relaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.