a Justicia de Nogoyá resolvió que Luisa Toledo, quien ejerce como priora del convento carmelita de Nogoyá con el nombre de Madre María Isabel, sea apartada de su función y destinada a otra casa de religiosas.

La resolución fue firmada este miércoles por la noche por el juez de Garantías Gustavo Acosta a pedido del fiscal Federico Uriburu, que lleva adelante la investigación a partir de la denuncia por torturas y privación de la libertad que formularon dos exreligiosas de la congregación.

La decisión sobrevino tras las cuatro horas que insumió la presentación en los Tribunales de Nogoyá de Toledo. Frente al fiscal Uriburu, la religiosa se acogió al beneficio de no declarar. Aunque sus abogados, los penalistas Guillermo Vartorelli y Miguel Cullen, tomaron conocimiento de la documentación incorporada al expediente judicial.

La madre María Isabel ya fue imputada por el fiscal por el delito de privación de la libertad en perjuicio de dos religiosas que batallaron durante bastante tiempo hasta que por fin lograron salir del convento de Nogoyá. Una de ellas lo hizo el 28 de marzo último, ayudada por el jardinero del monasterio, y consiguió ayuda en la Basílica Nuestra Señora del Carmen, adonde fue recibida por los sacerdotes Gerónimo Zaragoza y Jorge Bonin.

De momento, sólo Bonin testimonió en la Justicia, y contó cómo fue que recibió a la religiosa aquella vez, y los llamados que hizo a Puiggari. Zaragoza todavía no se acercó a Tribunales.

Otro destino. El apartamiento de Toledo del mando del Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen era una medida que se había pensado de antes para evitar que se entorpezca la investigación.

Este miércoles a la mañana lo había adelantado el procurador general de la provincia, Jorge Amílcar García, cuando en declaraciones a la radio LT14 había adelantado que se pediría esa medida “para no obstaculizar la investigación”.

García dijo que la causa por “privación de libertad calificada” se inició a partir de la denuncia de dos ex religiosas del monasterio. “La imputación se hace conocer a la persona imputada para que se defienda”, explicó sobre la acusación que existe contra la hermana María Isabel.

Desde el jueves 25 de agosto, el convento carmelita de Nogoyá está en la mira: ese día el fiscal Federico Uriburu allanó el lugar e inició una causa en la que ahora tiene imputada a la Madre María Isabel por el delito de privación de la libertad.

Esta tarde la monja irá a declarar a los Tribunales de Nogoyá. Es asistida por dos abogados penalistas, Guillermo Vartorelli y Miguel Cullen.

El apartamiento de la priora es “preventivo”.

“Una de las cosas a resolver es qué se hace con la libertad de la acusada durante el juicio.

Nosotros no vamos a pedir la prisión preventiva pero sí vamos a pedir una regla de restricción de su libertad, que sea apartada preventivamente porque entendemos de continuar en ese mismo lugar podría obstaculizar la investigación”, expuso el procurador.

Este miércoles por la noche, el juez Acosta hizo lugar a esa petición, y dispuso el inmediato apartamiento de la madre superiora del convento de Nogoyá, medida que le fue notificada a la religiosa, en compañía de sus abogados. Su nuevo destino tendrá que ser resuelto entre el arzobispo de Paraná, monseñor Juan Alberto Puíggari y la Nunciatura Apostólica Argentina, que lidera el suizo Emil Paul Tscherrig. La resolución establece que la religiosa no podrá ser enviada, como destino alternativo, al convento de Concordia, publicó anoche el sitio Análisis Digital.

En el pedido que le había formulado el fiscal al juez argumento que el traslado de la religiosa a otra dependencia ayudará a la investigación judicial y permitirá que las religiosas que la secundan puedan expresarse con libertad e independencia, a la hora de ser convocadas para testimoniar en la causa.

Sin declaración. En Tribunales, la religiosa Toledo se negó a declarar ante el fiscal, y permaneció las cuatro horas que demandó el trámite de notificación del expediente que concretaron los abogados Vartorelli y Cullen deambulando por los pasillos de Tribunales.

La religiosa fue notificada de la imputación de privación ilegítima de la libertad -en la causa iniciada tras la publicación de la revista “Análisis” el jueves 25 de agosto-- y minutos después optó por quedarse en los pasillos del lugar, mientras sus abogados leyeron en detalle la documental obrante en la causa. Entre otras testimoniales se encuentran la de dos ex carmelitas, que confirmaron cada uno de los datos denunciados en la revista, como así también ex policías que participaron del allanamiento del mismo 24 de agosto y un actual sacerdote de Nogoyá, que en marzo de este año le dio apoyo logístico y espiritual a una ex hermana que decidió fugarse del convento -después de las insistentes negativas de la superiora-, tras ser una de las fundadoras y permanecer allí por más de 24 años. Los abogados defensores optaron por no observar los videos grabados por el fiscal Federico Uriburu y solamente acudieron a la documental.

En la audiencia, los letrados le comunicaron al fiscal que este miércoles presentaron ante la Justicia Federal de Paraná un pedido de apartamiento de la justicia entrerriana en el caso y que el caso pase a manos del juez federal Leandro Ríos. La decisión tendrá que adoptarla el propio juez Ríos y si la rechaza, los abogados podrán apelar la instancia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El procurador general del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Amílcar García -que impulsara de oficio la apertura de un expediente judicial-, había desestimado la idea de que el caso pudiera pasar al fuero federal. Al ser consultado dijo que “en lo federal tiene interés la Nación, cuando se afectan intereses de la Nación de interpretación restrictiva, como se planteó en el caso del homicidio del soldado en Chajarí, donde hay afectación nacional de nada. Es igual en este caso donde nada hace pensar que haya afectación de los intereses de la Nación”, acotó.

Piden que la causa pase al fuero federal

La investigación judicial que lleva adelante el fiscal Federico Uriburu, en colaboración con el juez de Garantías, Gustavo Acosta, en torno a los hechos denunciados en el convento carmelita de Nogoyá, podría pasar a la órbita del fuero federal.

Los abogados Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli, designados por la Iglesia para ejercer la defensa de Luisa Toledo, quien ejercer como priora del Monasterio de la Preciosísima Sangre y Nuestra Señora del Carmen, de Nogoyá, pidieron que la causa que investiga posibles delitos cometidos en esa casa religiosa salga de la órbita de la Justicia provincial y pase al fuero federal.

Cullen y Vartorelli hicieron la presentación ante el juez Federal de Paraná, Leandro Ríos. Se trata de una inhibitoria federal, recurso que ahora el magistrado giró para dictamen al fiscal Mario Silva.

El fiscal Federico Uriburu, de la Unidad Fiscal de Nogoyá, defiende el fuero provincial para investigar los hechos ocurridos en el convento carmelita de esa ciudad.

De ese modo, desacredita la posibilidad de que el caso pueda trasladarse al fuero federal, y que la Justicia provincial pueda declararse incompetente.

“No pensamos entrar en la discusión respecto si acá cabe el Derecho Canónico. No investigamos una cuestión canónica –opinó Uriburu–. Nosotros estamos investigando una conducta con características penales. Entonces, se aplica el régimen penal de Argentina, y el Derecho Procesal entrerriano”.

De ese modo, el fiscal rechazó la posibilidad de que el caso pase a la órbita federal. Aunque la última palabra la tendrá, precisamente, la Justicia Federal.