Rosario, la tercera ciudad de Argentina, se desangra por la violencia. En 2015 se registraron 224 homicidios, en lo que va de año ya suman 136. “Esto es un caos, te matan para robarte un celular, todos los días matan a alguien”, describe María Celeste Figueroa Santamaría. Su padre, Rubén Figueroa, fue asesinado por un ladrón que robó el negocio familiar, a punta de pistola, a primera hora del pasado 25 de noviembre. Dos meses después, el fiscal informó a la familia que tenía identificado al sospechoso, menor de edad, pero su madre se negó a participar en una rueda de reconocimiento por miedo a represalias. No son los únicos. Junto a otros familiares de víctimas, convocaron este jueves a una marcha que se convirtió en un clamor multitudinario contra la inseguridad.

Las autoridades han tomado nota. La primera respuesta será reforzar la presencia policial en las calles. El Ministerio de Seguridad enviará unos 3.000 gendarmes (la fuerza de seguridad a cargo del control de fronteras y de lugares estratégicos) a patrullar Rosario y su área metropolitana, en especial aquellos barrios más afectados por la violencia. La Gendarmería ya estuvo presente en Rosario en 2014 y parte de 2015, pero después volvió a replegarse. “Cuando estuvieron los gendarmes mejoró, pero cuando se retiraron empeoró todo. No puede ser la solución definitiva”, advierte Figueroa Santamaría, en coincidencia con otros familiares de víctimas.

El ministro de Justicia de la provincia de Santa Fe, Ricardo Silberstein, dirigió la mirada hacia el origen de la violencia, la creciente presencia del crimen organizado. “Santa Fe limita con 7 provincias y tiene un problema con el narcotráfico muy grande, necesariamente, tiene que trabajar con la Nación”, declaró Silberstein a los medios. “El crimen organizado no tiene limitaciones, trabaja de forma interprovincial, tenemos que trabajar mancomunadamente más allá de las provincias”, insistió.

La Gendarmería cuenta con el respaldo del 60% de la población rosarina, según una encuesta de Nueva Comunicación publicada hace un par de semanas. En cambio, hasta un 70% ve con desconfianza a las fuerzas de seguridad provinciales, acusadas de corruptas y de mantener vínculos con el narcotráfico. La cúpula policial ha sido renovada tres veces en los últimos ocho meses debido al recrudecimiento de la violencia.

Crisis, soja y narcotráfico
La ciudad santafesina, de 1,3 millones de habitantes, vivió una gran prosperidad tras la crisis de 2001, gracias al boom de las materias primas y en especial de la soja, que se exporta desde las 29 terminales portuarias situadas en su periferia. La oleaginosa generó grandes fortunas y una fiebre constructora que cambió la fisonomía de la ciudad, con nuevas torres levantadas por doquier. Pero también se llenó de dinero negro y se convirtió en un lugar ideal para asentar el narcotráfico. Su desembarco trajo un aumento de la violencia desconocido hasta entonces en el lugar, con registros superiores a los 200 homicidios anuales. 

En los últimos años, la violencia se ha expandido del narcotráfico a otro tipo de delitos, como robos a mano armada en las calles y en domicilios. Una de los ejemplos más recientes es el de Nahuel Ciarroca, de 27 años, que fue asesinado a principios de mes en un barrio de clase media para robarle un teléfono móvil. El sospechoso del crimen es un hombre de 22 años que supuestamente presumió por WhatsApp de lo ocurrido ante sus amigos. “Me rescaté un (Samsung) J7”, escribió minutos después del asesinato. “¿No escuchaste los corchazos? (disparos) el jueves?”, agregó, según los mensajes que se han filtrado a la prensa. Varios de los últimos crímenes sido perpetrados por delincuentes en libertad condicional, lo que ha disparado la indignación ciudadana contra los jueces.

Además, las armas de fuego se han multiplicado en los últimos siete años en Rosario, no solo para cometer delitos sino también para peleas. Por ese motivo, cada vez hay más legisladores provinciales que piden medidas para ponerles coto. La alcaldesa rosarina, Mónica Fein, estudia también incrementar los controles sobre los motociclistas, protagonistas de gran parte de los robos denunciados en la ciudad.

Mientras los políticos buscan soluciones, la población rosarina advirtió anoche que se le ha acabado la paciencia. Más de 20.000 personas se concentraron frente a los tribunales para exigir justicia, con pancartas en las que podía leerse “Ni un muerto más”, “Basta de violencia” y “Queremos vivir”. Si no hay avances contra la delincuencia, en unas semanas volverán a las calles.