La aplicación del Nuevo Código Procesal agilizó, como se esperaba, el funcionamiento de la Justicia pero también tuvo un impacto colateral imprevisto que se mide hoy en las unidades penitenciarias que, sin infraestrucutra suficiente y sin inversiones en los últimos años, deben albergar más internos. Los recursos que debe enviar el gobierno nacional están atrasados desde la gestión anterior y la suma de deficiencias preocupa. En tanto, la Legislatura debate la reación de 100 nuevos cargos penitenciarios que permitan establecer cierta paridad entre la población carcelaria y los agentes, para lograr una ecuación en la que exista un penitenciario por interno. El texto, ya tiene media sanción de Diputados, donde el oficialismo, admitió las ausencias de los últimos años. De unos 1600 detenidos, hay un 20 por ciento que responde a causas federales.

En ese marco y para aceitar la sanción definitiva del proyecto del Ejecutivo, el secretario de Justicia provincial, Martín Uranga, expuso antes senadores detalles  sobre el sistema penitenciario entrerriano y analizó cómo se intenta trabajar con todos los actores del sistema para lograr un mejor aprovechamiento del recurso humano y físico con el que se cuenta.

“Hay un fuerte impacto de los internos que son derivados desde el sistema federal”, puntualizó Uranga en ese sentido, y reveló que el ministro de Gobierno Mauro Urribarri, se contactó con el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, para lograr el concurso de la Nación con aportes concretos para descomprimir la presión presupuestaria sobre el sistema provincial. Además, Uranga mencionó que hay un cambio en el sistema por el impacto que tiene la aplicación del nuevo Código Procesal.

En un encuentro anterior para abordar la iniciativa, la directora de la Asesoría Legislativa, Lucila Inés Haidar, había explicado que a nivel provincial “hay 1583 detenidos en las nueve Unidades Penales de la Provincia de ER, de los cuales un 20 por ciento corresponden a causas federales, y el 80 por ciento restante a causas provinciales”. Y ejemplificó que se pasó de 772 presos en 2010, a estos 1582 contabilizados a 2015, por lo cual en líneas generales, indicó, “hacen falta más guardiacárceles”. Además, el titular de la Comisión de presupuesto y Hacienda, Raymundo Kisser (Cambiemos-Paraná) señaló que “la Nación, desde hace 3 años, está adeudando el racionamiento alimentario” de los presos federales.

En Diputados, al momento de sancionar el texto, se advirtió que la población carcelaria ha crecido aritméticamente, aunque ese crecimiento no se vio reflejado en el personal que trabaja en las unidades penales. Como muestra, detalló que en 2010 había 772 internos, en 2011, 791; en 2012, 891; en 2013, 1044; en 2014 la cifra llegó a  1258 internos mientras que en 2015 fueron 1490  y finalmente en 2016 fueron 1583 los penitenciarios alojados en diferentes unidades en la provincia, “crecimiento que  no ha tenido su correlato en el personal”que los asiste, dijeron los diputados que no repraron, además, en que el dato también desnuda la inseguridad manifiesta y la necesidad de mejorar el sistema carcelario y construir más unidades peneales a lo que se suma, indefectiblemente, la prevención para evitar más casos de inseguridad.

Por su lado, el director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, afirmó que “el pedido tiene su fundamento en el marcado incremento de la población carcelaria, que en los últimos cinco años casi se duplicó, mientras que la planta del personal se mantuvo”.

“Al día de la fecha son 1.530 los internos distribuidos en nueve unidades penales, de los cuales 56 son mujeres”, sostuvo.

“Tenemos dos unidades nuevas -la de Federal y la Granja Penal de Gualeguaychú- y todo este sistema marcha con 1.300 funcionarios, entre agentes armados, profesionales, maestros de taller, cocineros, personal de sanidad y otros, cuando lo ideal sería que haya un agente por cada interno”, explicó.

El texto, sigue en debate en el Senado que podría darle sanción definitiva el 31 de mayo. (RecintoNet)