En efecto, la medida extrema y degradante adoptada por el juez Sergio Moro, un émulo mediático e inconsistente de Giovanni Falcone, el magistrado asesinado por la Mafia, carece de pruebas materiales. Cuenta tan solo con la “confesión” de Léo Pinheiro, ex presidente de la constructora OAS, vinculada como tantas a los sobornos en la obra pública, a quien le bajaron la condena de ocho a cinco años para que testimoniara en contra de Lula.

Según analiza Fernández, el hombre que en 2003 “hizo” presidente a Kirchner merced a un acuerdo con el influyente gobernador Eduardo Duhalde: “Tanto Moro, juez de primera instancia, como el Tribunal Supremo que confirmó su decisión aumentando la pena a Lula, admitieron en sus consideraciones que no ha quedado suficientemente acreditado que la empresa OAS haya actuado en contrapartida de un beneficio dado por el ex presidente, pero lo dieron por probado porque la constructora era una de las empresas que participaba en el pago de comisiones ilegales a políticos a cambio de prebendas“.

En otras palabras: como la empresa sobornaba, les resultó lógico pensar que en este caso sobornaron. ¿Y la prueba?

Se puede con un argumento tan endeble, ensuciar a un indudable líder popular -para colmo, moderado- meterlo 12 años preso y vedarle el camino a la presidencia, prácticamente, de por vida. ¿No es esta una proscripción encubierta bajo la forma de fallo judicial?

La acusación que condenó a Lula le atribuyó haber aceptado y reformado una vivienda de tres plantas, en una zona costera de San Pablo, “por un valor superior a un millón doscientos cincuenta mil dólares“, pagados por OAS a cambio de contratos para obras públicas.

¿Cómo fueron realmente las cosas? El departamento en cuestión fue parte de un conjunto residencial que empezó a construir una cooperativa. En aquel momento la familia del ex presidente llegó a pagar una cuota de ingreso para adquirir un apartamento de 80 metros cuadrados. Repito: de 80 metros cuadrados. ¿Cuántos metros tiene la Casa Blanca de Peña Nieto?

La cooperativa quebró y sus dirigentes consiguieron que la constructora OAS se hiciese cargo de la continuidad del proyecto. En ese reformado esquema contractual, la nueva constructora ofreció a los inversores la opción de recuperar el dinero invertido o pagar el saldo restante para quedarse con la propiedad, pero la familia de Lula no hizo ni una cosa ni la otra.

Y ahora viene el disparate total, demostrativo de lo que una justicia cómplice del poder económico y estratégico pone en escena para justificar sus decisiones arbitrarias y persecutorias: aunque no hay ningún documento que pruebe que ese departamento haya ingresado al patrimonio de Lula o de alguien cercano a él, la Justicia brasileña dio por acreditado que así ocurrió a través de un contrato sobre el departamento encontrado durante un registro en casa de Lula. Ese borrador no tenía ninguna firma. Y un último y decisivo detalle: la justicia brasileña remató ese departamento para que su propietario, que obviamente no era Lula, saldara su deuda.

Si uno compara la endeblez lógica de esta acusación, con la gigantesca deuda por el Correo Argentino contraída y nunca pagada por Mauricio Macri y su padre, a lo que se suma la evidencia de que la inmensa mayoría del gabinete argentino tenga sus capitales en el exterior en paraísos fiscales y se vincule al primo del presidente, don Angelo Calcaterra con la corrupta Odebrecht, la reclusión del ex presidente del Brasil en una celda de 15 metros cuadrados parece una broma de mal gusto y un insulto sin precedentes a una gran mayoría del pueblo brasileño que tiene al metalúrgico como su líder indiscutido.

Pero lo más grave, sin embargo, es lo que está por detrás y la gran prensa ni une ni interpreta: pocas horas antes de que el juez Moro ratificara la orden de detención del ex presidente, uno de los más altos mandos del ejército brasileño, el general Luiz Gonzaga Schroeder Lessa, dijo que habría golpe de Estado si Lula no iba preso.

Una amenaza a tomar bien en serio si se recuerda que Brasil inauguró en 1964 la serie de golpes militares que asolaron América del Sur. Basados todos en la doctrina pentagonista de Seguridad Nacional y en la geopolítica nazi del también general brasileño Golbery Da Couto e Silva.

Una amenaza que llega anegada en la sangre de la concejal carioca Marielle Franco, una valiente activista por los derechos de las mujeres y los más pobres, que ofrendó su vida al denunciar las matanzas de la policía en las favelas.