Se trata de los pliegos de los defensores Eduardo Javier Garay, propuesto como defensor multifuero auxiliar N°1 de Chajarí; Juan Pablo Jorge Garrera Allende, para defensor auxiliar Penal de Niños, Niñas y Adolescentes N° 2 de Concordia;  Juan José María Giorgio; para defensor auxiliar penal de Niños, Niñas y Adolescentes Nº 1 de Concordia; Alejandro María Giorgio, para defensor auxiliar Nº 3 de Concordia; y MARIA DEL CARMEN MOLARES, propuesta como defensora multifuero auxiliar Nº 1 de Federal.

En todos los casos, los senadores de Cambiemos sostienen en su dictamen en minoría que “aparece como un escollo insalvable” el hecho de que los propuestos para cubrir cargos de defensores auxiliares no pasaron por el sistema de concurso y oposición en el Consejo de la Magistratura. “Es cierto que su propuesta viene de la mano de una excepción que prevé el art. 50 de la ley mencionada, pero esta norma, es de dudosa constitucionalidad. Incluso más, para quienes suscriben este dictamen, esta norma es inconstitucional”.

A comienzos de diciembre último, la Justicia hizo lugar a un recurso de inconstitucionalidad presentado por el exconvencional constituyente Juan Carlos Arralde respecto del trámite de designación de 15 fiscales, cuyos pliegos están siendo analizados por la Comisión de Acuerdos del Senado de la Provincia.

La resolución fue adoptada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) en la causa “Geist Delfina Valeria c/Estado Provincial s/Medica cautelar. Prohibición de innovar”, y hace lugar al planteo de Arralde. De ese modo, ordenó “la suspensión en el ámbito del Honorable Senado de la Provincia y del Poder Ejecutivo Provincial, hasta la existencia de sentencia definitiva firme en los autos principales, del procedimiento tendiente a la eventual designación de los fiscales auxilares tramitado bajo expediente Nº 12.206”.

Con esa resolución judicial, los fiscales cuyo trámite de designación está en cuestión seguirán en sus funciones hasta que el STJ resuelva la cuestión de fondo, aunque hasta entonces el acuerdo del Senado seguirá pendiente.

La resolución la adoptó un tribunal especialmente conformado por cuanto ocho de los vocales del STJ se excusaron. Sólo firmó el fallo el vocal Miguel Ángel Giorgio. Junto a Giorgio, el tribunal estuvo integrado por los camaristas Andrés Marfil, Alejandro Galanti, Valentina Ramírez Amable, Santiago Morande, Emilio Matorras, Fernando Bonabotta, Hugo Perotti y Guillermo Leopoldo Federik.

Arralde había presentado en la Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 50° de la Ley N° 10.407 Orgánica del Ministerio Público Fiscal, y pidió que se deje sin efecto el trámite de designación de 15 fiscales auxiliares en distintos puntos de la provincia, por cuanto entiende que debe respetarse el sistema de concursos a través del Consejo de la Magistratura.

Arralde acudió a la Justicia en representación de la abogada Delfina Valeria Geist , una letrada de Federación que de ese modo reclamó participar de los concursos. Así,  pidió que se “invaliden las propuestas de designación y/o designaciones” de 15 funcionarios judiciales a los que el Senado está a punto de prestarles acuerdo.

La suspensión incluye los pliegos de los siguientes fiscales: María Josefina Penón Busaniche para el cargo de fiscal auxiliar de Federación; Fernando René Martínez, fiscal auxiliar de Gualeguay; Eduardo Horacio Guaita, de Victoria; Boris Nicolás Telenta, de Gualeguay; José Emiliano Arias, de Concordia; Juan Pablo Mariano Gile, de Concepción del Uruguay; Agustín Andrés Gianini, de Gualeguay; Nadia Paola Benedetti, de Villaguay; Fabio Javier Zabaleta, de Concordia; Juan Francisco Malvasio, de Colón; María José Fonseca, de Concordia; Eugenia Ester Molina, de Federal; Priscila Ramos Muzio, de Paraná-; Juan Sebastián Blanc, de Colón; y María Gabriela Seró, para fiscal auxiliar de Concepción del Uruguay.

Distinta es la situación de los pliegos de los defensores, que serán tratados en la sesión de este miércoles de la Cámara de Senadores. El Frente para la Victoria (FPV) tiene mayoría en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, que preside Lucas Larrarte, como para imponer su dictamen.

Los senadores corren contrarreloj. El Reglamento del Senado fija que en caso de que no hubiera dictamen en el plazo de seis meses, “las actuaciones se archivarán”. Ese plazo se cumple el 24 de febrero, y si para entonces no hay dictamen, los pliegos de los candidatos a defensores se devolverán al Poder Ejecutivo.  De la Redacción de Entre Ríos Ahora.