a jueza federal María Servini de Cubría dejó constancia por escrito de que el 29 de junio de 2016 mandó a “destruir y borrar los soportes de grabación y escuchas” que había autorizado aplicar durante cuatro meses sobre los teléfonos del ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, en una investigación reservada dispuesta por su sucesor macrista, Gustavo Arribas. El documento fue presentado en el juzgado de su colega Rodolfo Canicoba Corral, quien investiga la filtración de algunos de los diálogos del ex funcionario que llegaron a medios afines al Gobierno en lo que va de este año, es decir, mucho después de aquella orden de destrucción que cerraba el caso. El expediente era lo que en la jerga judicial y de espionaje se denomina “pre-causa”: un artilugio que utiliza la central de los espías para salir a la pesca de indicios de algún delito sin que exista una causa penal propiamente dicha pero, paradójicamente, con aval de un juez/a. La excusa en esta oportunidad era saber si Parrilli y su equipo se habían llevado documentación del organismo, pero era evidente que por esa vía escucharían sus diálogos con Cristina Fernández de Kirchner.  

La utilización política de las escuchas marca la agenda de este año electoral. Circulan charlas telefónicas privadas de Parrilli con la ex Presidenta y con su número dos en la AFI, Juan Martín Mena. Y cada vez que algún medio las difunde, atrás viene un fiscal que hace una denuncia para que se investigue si de lo que hablan se infiere un delito. Es parte del juego de una alianza político-judicial-mediática que se vale de la materia prima que le ofrece el aparato de inteligencia, que ejerce históricamente gran influencia y presión en los tribunales de Comodoro Py.

Salir de pesca

Algunas de las escuchas que se dieron a conocer, eran parte de una intervención telefónica ordenada por el juez federal Ariel Lijo, en una causa en la que investigaba si Parrilli había protegido al narco Ibar Pérez Corradi cuando tenía pedido de captura por el Triple Crimen de General Rodríguez y por tráfico de efedrina. A esa tanda pertenece, por ejemplo, la conversación en la que aparece CFK diciéndole “pelotudo” al ex titular del la AFI cuando no la reconoce y le pide que haga una lista de las causas abiertas contra el ex espía Antonio Jaime Stiuso (dice, “las causas que le armamos”, y luego se autocorrige). Lo más insólito es que cuando comenzó la intervención sobre la línea del ex titular de la AFI, Pérez Corradi ya había sido detenido, unos días antes. Fue una escucha “on-line”, hecha por un agente sentado en un box que seguía las conversaciones todo el día, algo que sólo se utiliza en casos donde se debe actuar en forma urgente, como un secuestro. Pese a todo, un fiscal, Guillermo Marijuán, pidió que se investigue el contenido.  

Cierto día, Parrilli advirtió que uno de los diálogos ventilados era de otra fecha. En esta ocasión hablaba con Mena y, a cuento de una causa que tramitaba contra el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, mencionaba al juez Sebastián Casanello como alguien que se dejaba presionar por los medios. No hablaban de que ellos tenían alguna capacidad de presionarla. Pero acá también un fiscal, Ramiro González, pidió investigar si hubo tráfico de influencias o maniobras de algún tipo.

Parrilli hizo una denuncia porque estaba convencido de que esa escucha venía de otro expediente. Tal como anticipó PáginaI12, la jueza Servini de Cubría reconoció en un oficio judicial que ella autorizó interceptar los números del ex funcionario en una “pre-causa” que fue abierta  cuando desembarcó Arribas en el organismo de inteligencia con el gobierno de Mauricio Macri. Un legajo secreto de este tipo no es una causa judicial. Sólo se convierte en causa si se detecta algún delito concreto. Pero mientras tanto, es una actuación reservada que requiere autorización del juez para medidas como pinchar teléfonos, pero que domina la AFI.

En los tribunales federales nadie se escandaliza por la existencia de este tipo de pesquisas que no son de todos los días, pero que las hay las hay. El único momento en que, al parecer, el organismo de inteligencia las dejó de hacer fue cuando el gobierno de CFK empujó la modificación de la ley y creó la AFI, con lo que Stiuso terminó eyectado. Stiuso, inclusive, fue denunciado por la gestión Parrilli-Mena, por uno de estos expedientes: era contra los integrantes de una empresa, Dark Security, pero es utilizó para escuchar unos 700 teléfonos de políticos, sindicalistas y periodistas.

Todos miran a la AFI

El oficio de Servini al que accedió este diario describe que ella autorizó escuchas el 29 de enero de 2016. Con el “pedido fundado de la autoridad pública habilitada, se dispuso la intervención por su plazo legal de, entre otras, una línea telefónica atribuida al doctor Oscar Isidro José Parrilli, renovándose su intercepción el 29 de marzo siguiente”. Luego dice que “el 29 de junio no se hizo lugar a la intervención de otras líneas telefónicas y correos electrónicos solicitadas por la AFI, disponiéndose el archivo del legajo por no observar elementos suficientes que justifiquen el inicio de una causa judicial, ordenando consecuentemente la destrucción y borrado los soportes de grabación y copia de las escuchas dispuestas”, de acuerdo a la Ley de Inteligencia Nacional.

Eludir una orden de destruir material de inteligencia es un delito grave. Viola la ley de inteligencia. También lo es revelarlo para su difusión. Hasta ahora, la principal hipótesis de los investigadores judiciales apunta a la responsabilidad de la AFI, que puede intervenir en el proceso de las escuchas, aunque se realizan en dependencias de la Dirección de Captación de Comunicaciones de la Corte Suprema (Dicom), que está a cargo del camarista federal Martín Irurzun, quien integra la Sala II, generosa en fallos contra el gobierno de CFK.  El juzgado apuntará a reconstruir, según allegados al caso, por cuántas manos y las de quiénes pasó ese material en la AFI, en la Dicom y también en tribunales. Cómo fue la cadena de custodia. No está claro que dilucidarlo vaya a ser realmente posible. Según el texto de la jueza, la orden de destrucción del material está dirigida a agencia de inteligencia, en el momento que pedía renovar las pinchaduras y más medidas.

Lo que resulta evidente es que el Poder Ejecutivo, a través del organismo de inteligencia, y con intervención de la Dirección especializada de la Corte, espió a Parrilli y a la ex Presidenta, de quien él fue secretario y mano derecha. Lo hizo por dos caminos distintos pero sucesivos: entre abril y junio en la “pre-causa” dispuesta por la AFI a cargo de Servini y después de mediados de junio y hasta septiembre.

Canicoba Corral investiga las filtraciones y la posible violación de secretos en ambos casos. En relación la causa de Pérez Corradi, pidió informes a la Dicom y la AFI, que aún no le respondieron. A Servini le envió un escrito preguntándole si no conservó algo del material en transcripciones, lo que sería un contrasentido dado que ella asegura que lo mandó a destruir como es de rigor cuando no se detecta ninguna conducta que viole la ley. También Canicoba Corral tuvo una de las causas abiertas por el contenido de una de las conversaciones difundidas, y la cerró recientemente, por inexistencia de delito.

Parrilli se había presentado también en la Corte Suprema pidiendo explicaciones. En respuesta, la Dirección de interceptaciones respondió con un informe en menos de 24 horas donde aseguraba no tener ninguna responsabilidad y trasladaba las dudas hacia la AFI. Pero en el escrito no explicaba, por ejemplo, qué mecanismos de seguridad tienen para evitar el acceso al material secreto. En términos similares deslindó su responsabilidad ante la Corte el juez Lijo quien, al momento de procesar a Parrilli por encubrimiento de Pérez Corradi, denunció la filtración de las escuchas de su investigación como para atajarse. En esa instancia también quedó a la vista que ningún tramo de las escuchas que ordenó fue utilizado para fundamentar el procesamiento. Canicoba Corral investigue todas las filtraciones juntas.   

Nadie descarta que sigan apareciendo tramos de conversaciones de la vida privada de la ex presidenta y sus funcionarios, y que con ellos se sigan reproduciendo las causas, no importa donde lleguen, mientras la alianza entre el sistema político, mediático y judicial, mantenga en lo alto de la agenda pública escándalos que sirvan para desacreditar, por estos días, a la oposición política.