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17 de febrero de 2017
Causa escuela de Vialidad: Ruhl rechazó un planteo de nulidad, se declaró incompetente para resolver pedidos de sobreseimiento y los tres imputados irán a juicio oral
Jorge Rodríguez, Néstor Kemerer y Mario Heyde irán a juicio oral. La audiencia de remisión para tal instancia se realizó este viernes, en el juzgado de Garantías N° 2 a cargo de Eduardo Ruhl. Allí se pudo escuchar a los defensores del ex titular de Vialidad provincial y actual subinterventor del Entre Provincial Regulador de Energía (EPRE), Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli; y a Javier Martínez, representante legal de los otros funcionarios públicos. Los abogados de Rodríguez hicieron un planteo de nulidad que fue rechazado; y para los tres imputados se pidió el sobreseimiento. “Este magistrado carece de facultades para resolver un sobreseimiento”, marcó el juez y acotó: “A menos que haya una extinción penal”. Luego de los planteos preliminares, las defensas y el Ministerio Público Fiscal (MPF) en representación de Patricia Yedro y Carolina Castagno, acordaron las pruebas para la remisión de la causa a juicio. Hay cerca de 50 testigos ofrecidos por las dos partes, entre los que resaltan los nombres del ex ministro de Educación, José Lauritto; el ex titular de Vialidad, Juan Carlos Lallana; y el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.
| N.B. de ANÁLISIS DIGITAL Jorge Rodríguez; Néstor Kemerer, ex director de Mantenimiento y Suministros y actual director subadministrador de Vialidad; y Mario Heyde, que al momento de la denuncia ocupaba el cargo que ahora ostenta Kemerer irán a juicio oral por peculado. Se les imputa la sustracción de fondos públicos de Vialidad para la construcción de la Escuela Primaria Heraclia Ruíz Díaz, la primera para formación vial; la cesión por 20 años de un predio de Vialidad para el funcionamiento de la misma y la conformación de la Asociación Civil y Cultural “Los Viales” para administrarla. La denuncia penal que se hizo a fines de septiembre de 2015, señalaba también una serie de hechos vinculados a una campaña de colecta para la comunidad aborigen Wichi de Chaco; y la construcción de un sitio web que habría tenido como objetivo la exaltación de la figura de Rodríguez, en medio de la campaña proselitista, todo con recursos públicos. Pero ninguno de esos puntos llegó a ser investigado por el MPF, por lo cual sólo llegará a juicio la pesquisa vinculada a la puesta en funcionamiento de la escuela con fondos de Vialidad. Planteo de nulidad y pedidos de sobreseimiento En la audiencia de remisión a juicio que se hizo este viernes, los defensores Cullen y Vartorelli -en nombre de Rodríguez- y Martínez -en nombre de Heyde y Kemerer-, cuestionaron con dureza la Investigación Penal Preparatoria (IPP). Los defensores técnicos de Rodríguez centraron su alegato en dos puntos: primero plantearon la nulidad de una declaración de Rodríguez porque sostuvieron que posteriormente fue considerada “como prueba” por parte de la fiscal Yedro. “La declaración es un medio de defensa y no una prueba. Nadie puede declarar en contra de sí mismo”, reclamó Cullen. En segundo lugar, pidieron el sobreseimiento de Rodríguez porque “los hechos que se le imputan no constituyen ningún delito”. “A Rodríguez se le endilga haber hecho una escuela y soportar los gastos con presupuesto de Vialidad, haber pagado sueldos a docentes y no docentes y ceder por 20 años un predio para que funcionara. Todo esto creando una asociación civil, en respuesta al pedido del Consejo General de Educación (CGE). No puede ser que crear una escuela sea un delito, porque es una manda constitucional. Además, de esto surge el supuesto peculado que le imputan, para lo cual debería haber una sustracción de caudales públicos. Pero no se sustrajo, se creó una asociación, y el predio de cedió en comodato”, consideró Cullen. Vartorelli, a su turno, hizo la reserva para recurrir a Casación y del caso federal ante la resolución adversa por el planteo de nulidad; y entendió que con la imputación se afectó “la división de poderes por inmiscuirse la justicia en la política” por lo cual pidió el sobreseimiento. Javier Martínez, en representación de Kemerer y Heyde, adhirió a la exposición de los otros defensores y reiteró el pedido de sobreseimiento para el caso de sus clientes. Sostuvo que “Vialidad tiene la legitimidad para promover instituciones públicas”; calificó como “duro” al dictamen de la doctora Nancy Vinagre del Tribunal de Cuentas (TdC) sobre la utilización de fondos para la construcción de la escuela; y dijo que allí se cometió un error que posteriormente no fue enmendado en la Justicia provincial: “Se puso que la escuela era privada cuando es pública”. “Esto fue un abuso, un exceso fuera de la ley. Heyde está con la amenaza de 4 años de prisión por firmar el comodato para ceder el espacio físico”, criticó. Afirmó también que “las autoridades del CGE deberían estar acá porque a esto lo promovieron ellos”; y sostuvo que “no se puede pedir un juicio con amenazas de 4 a 7 años de prisión que tiene errores jurídicos”. Para el MPF, la “evidencia es abundante” La fiscal Carolina Castagno respondió que la declaración de Rodríguez nunca fue considerada como prueba y de ese modo rechazó el planteo de nulidad. “Ese planteo parte de una premisa falsa porque para pedir la elevación a juicio se valoró un cúmulo de prueba colectada. Para que se solicite una nulidad hay que precisar de qué modo los vicios afectaron el derecho de defensa y esa afectación debe ser sustancial”, contestó Castagno. Señaló luego que las críticas de la defensa fueron “prematuras” y que la instancia para plantearlas será la de juicio oral. “Se adelantó lo que sería una suerte de alegato final”, asentó. La fiscal rechazó los pedidos de sobreseimiento para los tres imputados por considerar que existe “evidencia abundante”. Argumentó que los “hechos encuadran en la figura de peculado porque la sustracción de fondos no implica apoderamiento. Esa figura penal apunta al correcto funcionamiento de la administración pública”, añadió. “Acá lo que se protege es la sujeción del funcionario a la ley, ese es el reaseguro de los ciudadanos. Se trata de que el funcionario no decida por sí sobre la utilización de los fondos públicos”, expresó. Para Castagno se está “en una etapa intermedia donde consideramos que los elementos colectados sí son suficientes para sospechar la existencia de delito. Es evidente que los imputados crearon, con cierto grado de probabilidad, el riesgo para que se configure el delito. Nosotros no imputamos el hecho de crear una escuela y pagar sueldos, sino señalamos una conducta en los funcionarios que no puede ser arbitraria. Pusieron en riesgo el funcionamiento del Estado al destinar fondos para una actividad que no es propia del organismo”, agregó. La representante del MPF dijo además que “se creó una asociación civil y al día siguiente Heyde cedió un inmueble del Estado en comodato por 20 años. Esto pone en evidencia la connivencia de los funcionarios, porque Rodríguez no podía entregarse y recibir al mismo tiempo”, arremetió, en referencia al cargo que ocupaba en Vialidad y a la vez máxima autoridad de la Asociación Civil creada. “El acondicionamiento edilicio se enmascaró como un beneficio para Vialidad pero en realidad era para niños. No se cuestiona que paguen sueldos a los docentes, pero ¿por qué esa erogación en lugar de figurar como sueldos docentes se plasmó como pago a empleados? Crear una escuela primaria no puede ser exculpatorio, porque lo que importa al derecho penal es si se quebró o no una norma”, asentó. Castagno aseguró que el accionar “no fue atípico” y que en el caso de no probarse el peculado sí habría “malversación de caudales”. “El accionar de los imputados es ilícito, más allá del peculado o malversación”, acotó rápidamente. A juicio Antes de que el juez decida sobre los planteos, Cullen criticó a la fiscal porque la imputación es por peculado y no malversación. “Acá se imputó una acción que es la sustracción y eso es peculado, por eso se señaló la atipicidad”, cruzó. Luego de esa intervención, el juez Ruhl rechazó el planteo de nulidad y se declaró incompetente para resolver los pedidos de sobreseimiento. “No advierto un quebrantamiento del derecho constitucional”, dijo en cuanto a la nulidad y aseguró: “Respecto del sobreseimiento no lo puedo dictar, excepto en un caso de extinción de la acción penal”. En la instancia de acuerdo sobre la prueba para la remisión a juicio, se indicó que habrá más de 50 testigos citados, entre los que resaltan los nombres del ex ministro de Educación Eduardo Lauritto; el ex titular de Vialidad, Juan Carlos Lallana; y el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes. En tanto, la defensa propuso como prueba una inspección ocular a las instalaciones dela escuela para verificar las refacciones y las condiciones actuales del edificio. Y la Fiscalía ofreció un CD con pruebas fotográficas de un informe planimétrico hecho a la escuela; un CD con entrevistas en video realizadas a los testigos para complementar los testimonios que se produzcan durante el juicio y no para ser considerado como prueba. |
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