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10 de febrero de 2017

El Grupo Macri, insaciable, presentó otra demanda contra el Estado

Para la fiscal Gabriela Boquín, la empresa de la familia del presidente Mauricio Macri actuó de “mala fe” por no informar que había demandado al Estado quince días antes de la firma del "abusivo" acuerdo por el Correo. Mediante este pacto, el Gobierno aceptó una quita de más de 4 mil millones de pesos --en el primer año-- de la deuda que mantenía la empresa con las arcas nacionales.

a fiscal general Gabriela Boquín emitió un nuevo dictamen contra el acuerdo alcanzado entre el Grupo Macri y el Estado nacional, en relación a una deuda que el holding arrastraba por incumplimientos contractuales desde 2001. En este caso, Boquín advirtió que 15 días antes de que el Ministerio de Comunicaciones aceptara una propuesta “abusiva” de pago –que implica una quita de hecho de más del 98 por ciento de la deuda--, la empresa de la familia del Presidente presentó una demanda contra el mismo Estado por 2.300 millones de pesos. 

Para la fiscal, la conducta de la empresa es “contraria a la buena fe”, ya que queda en evidencia que “posee activos, créditos con expectativa de cobro contra el Estado Nacional, es decir al mismo acreedor al que se le ofrece una forma de pago abusiva”. 

El Grupo Macri reclama un resarcimiento por daños y perjuicios que se habrían originado por la falta de pago de distintas inversiones realizadas por el entonces privatizado Correo Argentino. La demanda fue presentada el 13 de junio de 2016, 15 días antes de que el Gobierno le aceptara una propuesta de pago que, según cálculos de la propia fiscalía, implicaría una quita de 70 mil millones de pesos.

Para Boquín la empresa "adoptó una conducta contraria a la buena fe procesal al no comunicar ni al tribunal ni a los funcionarios intervinientes el inicio de esta acción que importa un crédito en expectativa mientras se encontraba negociando con el acreedor demandado en ella".

Además, la empresa de Franco Macri pretende cobrar esa demanda con una tasa de interés muy superior a la propuesta como forma de pago para resarcir al Estado. Esto, para la fiscal, “convierte aún en más abusiva la propuesta formulada al Estado porque mientras se ofrece pagar a partir de 2018 un interés del 7 por ciento anual reclama al mismo acreedor un interés del 11 por ciento por lo menos hasta el 2009 más los intereses correspondientes hasta el efectivo pago".

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