La presentación fue realizada este miércoles ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, donde ya se encaró una recolección de datos sobre tres grandes obras a cargo de la compañía de Marcelo Odebrecht en el país: una planta potabilizadora de agua en el Paraná de las Palmas, la ampliación de gasoductos y el soterramiento del Sarmiento, adjudicado a Calcaterra, primo de Mauricio Macri.

Semanas atrás, se conoció en los Estados Unidos un acuerdo judicial por el que las firmas brasileñas Odebrecht y Braskem se declararon culpables -en marco de la causa 'Lava Jato'-, de violar normas contra sobornos fuera del país. Según un documento aportado por el Departamento de Justicia estadounidense, donde se lleva adelante el juicio por los casos de presunta corrupción en Brasil, Odebrecht pagó sobornos por más de u$s 35 millones en Argentina entre 2007 y 2014.
El fiscal Rodríguez busca desde aquí las pruebas del delito confesado que llevan a Brasil, como licitaciones, presupuestos, cotizaciones, posibles sobreprecios y hasta mails de exfuncionarios.

La reciente denuncia no solo alcanza al primo del Presidente. También incluye a Juan José Aranguren y otros funcionarios anónimos del Ministro de Energía y Minería, que mantuvieron en los últimos meses al menos tres encuentros cara a cara con enviados de la firma brasileña. El trámite fue recibido por la prosecretaria administrativa de la Procuraduría anticorrupción, Silvia Alizandro.

"Entre la adjudicación obtenida en la administración kirchnerista y la macrista, existe una diferencia fundamental que agrava la responsabilidad gubernamental, porque es el Estado argentino quien le provee los fondos a Calcaterra, pues en la primigenia, era el adjudicatario el que debía proveerlos, y al hacer efectiva la adjudicación, cuyo origen espurio se encontraría evidenciado, el actual Gobierno podría resultar partícipe del delito", sostuvo en el abogado denunciante, Daniel Igolnikov.

Igolnikov pide seguir la doctrina del iter criminis, que significa "recorrido del delito", y que supone un antes y después del ilícito, con una sucesión de aconteceres, donde los que participan son cómplices o encubridores, como sería Calcaterra en el pago de coimas a los argentinos.

"Hay evidencia suficiente para investigar esta corrupción sin excluir ni al empresario ni a los funcionarios argentinos de este Gobierno, que ha intervenido" en las 25 reuniones que menciona el diario La Nación, sea con funcionarios actuales o de la anterior gestión, expresó el letrado.

"Como ciudadano detesto que un hecho de presunta corrupción se investigue solo como propaganda partidaria, se viole el principio de inocencia y se vulnere el derecho a estar libre de prisión por la mera presunción y se continúen violando la Constitución Nacional y los tratadfos internacionales, como en el caso de Milagro Sala", afirmó Igolnikov.