En el capitalismo la producción es la esencia del sistema y los cuerpos “improductivos” son castigados y encerrados. Lo “distinto”, lo “anormal”, lo que no puede vender su fuerza de producción debe ser controlado y vuelto productivo y ahí el encierro y la industria farmacéutica ejercen el poder y le dan valor a esos “otros” que son considerados “marginales”, “improductivos” y el gobierno nacional de Mauricio Macri entiende de bien negocios y no de derechos humanos.

El paradigma había comenzado a cambiar en Argentina con la Ley Nacional de Salud Mental (26.657) pero se retornó de facto a las viejas prácticas con la Resolución 1.003 del ministerio de Salud de la Nación que “anuló una de las resoluciones que regulaban las pautas y normas mínimas de habilitación de las instituciones de salud mental públicas y privadas y, además, planteaba la adecuación de las instituciones de salud mental  al nuevo paradigma, que tiene que ver con una perspectiva de derecho, que es la que propicia la Ley vigente, que promueve la reducción de  internaciones y la atención ambulatoria y comunitaria de las personas con sufrimientos mentales”, contó a esta Agencia Escoubué.

De esta manera, “el gobierno vuelve a la lógica de encierro y aislamiento, con normas casi nulas y métodos anticuados de pensar las estrategias e intervenciones clínicas que tuvieron efectos iatrogénicos en quienes hicieron esos tratamientos  en vez de generar un alivio”, lamentó la comunicadora social, quien evaluó que la medida “responde a cuestiones ideológicas desde dónde entender al sujeto, a la persona, y desde dónde entender la salud pública, en la que se cruzan intereses de la industria farmacológica y el poder de la medicina, donde lo saludable queda en un segundo plano”.

Ante ese duro escenario, Escoubué contó que desde agosto representantes de organizaciones de usuarios, familiares y amigos de la salud mental, facultades, centros de estudiantes, instituciones hospitalarias, organizaciones sociales y de derechos humanos, se reunieron y constituyeron como colectivo con el objetivo de renovar la apuesta y la defensa de la Ley Nacional de Salud Mental, su reglamentación y plena implementación, ya que la ley, sancionada por unanimidad en el Congreso Nacional el 10 de diciembre de 2010 y reglamentada el 18 de marzo de 2013, representa “la conquista y el resultado de un proceso de construcción colectiva, interdisciplinaria e intersectorial y de una sostenida participación de organizaciones de la sociedad civil, usuarios, familiares y trabajadores de la salud mental”.

En ese sentido, la comunicadora remarcó que es importante reivindicar la Ley nacional porque establece un tratamiento “que tiene en cuenta los derechos humanos y la posibilidad de que quienes hacen los tratamientos sean incluidos en la comunidad con una atención interdisciplinaria, es decir, con más recursos humanos y materiales”.

Por otro lado, reclaman a la Cámara de Senadores de la provincia la media sanción para la adhesión de Entre Ríos a la Ley Nacional de Salud Mental y la inmediata creación del Órgano de Revisión Provincial, que permitirá la plena aplicación en el territorio provincial, garantizando una prestación de servicios actualizada, respetuosa de los derechos de los ciudadanos,  promoviendo el monitoreo permanente de las prácticas en Salud Mental públicas o privadas.